El Poder Judicial Federal es el más nuevo campo de batalla entre actores que apuestan a conservar privilegios y ganarle la partida a la 4T. Varios actores coordinados —incluidos un ministro de la Suprema Corte, unos cuantos legisladores y prestigiados despachos de abogados— están intentando “bloquear” la reforma a este poder.
En concreto, buscan que la Judicatura no pueda mover a ciertos jueces de adscripción ni que se les pueda sancionar por actos irregulares, tal y como se establece en la reforma publicada apenas en marzo pasado. Esto para mantener cotos de poder o para usar a estos funcionarios como arietes contra algunas decisiones oficiales.
El primer intento fue en el Senado para que interpusieran una acción de inconstitucionalidad y así detener los cambios de ubicación de jueces y magistrados, muchos de ellos por rotación rutinaria. En la Cámara Alta no compraron el argumento, a pesar de las insistencias de algunos litigantes.
Después, los mismos actores trataron de implementar la misma acción, pero ahora desde la Cámara de Diputados. Pero quienes en realidad empujaban el litigio estratégico pidieron por adelantado las firmas a los diputados de oposición sin decirles bien a bien qué impugnarían. Y obvio, buscaban de nueva cuenta frenar la rotación de jueces y magistrados federales.
El tema quedó zanjado cuando la bancada del PRI en la Cámara Baja y su dirigencia nacional se dieron cuenta de que había intereses ajenos al equilibrio de poderes. Se dijo entonces que sólo impugnarían el artículo transitorio que extendió el periodo del actual presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, por dos años. El PRI no aceptó la maniobra para dejar inamovibles a jueces y magistrados. Y así, sin pedir la suspensión en rotación de jueces, se presentó la acción de los diputados.
Pero los intentos de los grupos de interés no acabaron ahí. Buscaron alguna otra entidad que se prestara a impedir mover a juzgadores. El “tonto útil” acabó siendo, tristemente, la Escuela Libre de Derecho (ELD), la institución de mayor abolengo y quizá la de mayor prestigio en México. Su rector, Ricardo Silva, presentó un amparo a nombre de la escuela para intentar frenar la reforma judicial.
Lo hizo violando los estatutos de la escuela que obligaba a convocar, previamente, a una asamblea de profesores y tener mayoría entre ellos. Fue así, pues no tenía mayoría ni el tiempo para intentar convencerlos. Se requería presentar algo e intentar suspender la reforma en la parte que afectaba los intereses de despachos. Y así lo hizo, no a título personal, sino institucional.
Para defender sus actos, el rector señaló que promovió el amparo “en cumplimiento de una función social”. Pero se le olvida que su primera función era respetar los estatutos de la universidad y, al no hacerlo, ha metido a la ELD en una crisis de proporciones desconocidas.
Con ello, el desprestigio de la abogacía en México sigue creciendo a pasos agigantados. Primero, el presidente del Colegio de Abogados de México, Ángel Junquera, desde la institución encargada de velar por los estándares éticos de la abogacía mexicana, quedó exhibido al poner en marcha estrategias fraudulentas para sus clientes, tales como la Cooperativa Cruz Azul y la familia Alemán. Hoy es prófugo de la justicia.
Ahora, la ELD está involucrada en un proceso que parece abonar más al interés de mafias litigiosas que al desarrollo académico. Esto se da en un contexto en el que hay desprecio a diario por el Estado de derecho desde Palacio Nacional, hasta en las bancadas del Congreso de la Unión, pasando por las barras y colegios de abogados, y se deja de lado el cumplimiento puntual de la ley. Ahora, la ELD está litigando lo que ningún partido político se atrevió a hacer.
