En abril de 2021, a propuesta del hoy presidente de Morena, Mario Delgado, ese partido propuso reformar la ley de telecomunicaciones para obligar a todos los usuarios de telefonía móvil a registrar su línea ante el regulador de las telecomunicaciones y a dar, a este registro, información que incluye sus datos biométricos (huellas digitales e iris de los ojos).
La iniciativa de Morena fue respaldada sobre todo por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en particular por el subsecretario Mejía Berdeja. Y él, en varias mañaneras señaló que este registro (llamado técnicamente: Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil) sería de gran utilidad para combatir la delincuencia y, en particular, la extorsión telefónica.
Las acciones jurídicas contra la medida propuesta por Morena fueron presentadas por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), por varios senadores de la República y por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La Corte,
en una votación unánime 11 a cero, resolvió en contra de que los usuarios den al Estado sus datos biométricos. Se argumentó que las violaciones a la privacidad y a los Derechos Humanos no justifican que los millones de usuarios dieran sus datos. Incluso, quien tendría bajo su resguardo el padrón, el IFT, no lo quería hacer por la sencilla razón de que el gobierno federal no le dio recursos económicos ni humanos para asegurar que este se pudiera construir con seguridad y que no fuera robado por hackers o filtrado por malos funcionarios, tal como en su momento pasó con el padrón electoral. Sencillamente Morena y la SSPC querían que se hiciera con base en “ahorros”.
Pero, a pesar de las quejas sobre quién guardaría el Padrón (IFT) por parte de todos los operadores de telefonía móvil y de varias organizaciones que velan por los derechos de los usuarios de telecomunicaciones (como el IDET, la Canieti y la R3D), la SSPC siguió adelante e incluso buscó acabar con la discusión del tema en los medios. En esta columna, esto se publicó el 22 de junio del año pasado, al subsecretario Mejía pedir de manera económica a la Unidad de Inteligencia Financiera información sobre periodistas que criticaran la medida. Incluso, mandó un listado. Seguramente trató de vincular a los periodistas que escribían en contra del Padrón con empresas de telefonía móvil. Nunca se le ocurrió que la medida regulatoria era criticada por ser desproporcionada y que los registros no existen en países desarrollados y sí, en cambio, en países autoritarios como Bahrein, Bangladesh, Arabia Saudita, Pakistán, Uganda y los Emiratos Árabes.
Tampoco Morena ni la SSPC se dieron cuenta de que los criminales ya no requieren de chips vendidos en México para cometer actos delictivos. Pueden usar desde el Whatsapp que ni celular necesita, hasta teléfonos móviles con chips de otro país o chips clonados. Total que la medida afectaba a millones de personas decentes cuyos datos más vitales habrían quedado en riesgo y, en cambio, no afectaba a los delincuentes.
Así, la derrota ayer del Padrón en la Corte pone a salvo a las personas físicas y morales que tienen los 132 millones de teléfonos móviles en México y ya no quedan en riesgo sus datos biométricos o que les corten la línea móvil por no proporcionar sus datos.
Sí se requiere usar la tecnología para combatir los delitos, pero la medida impulsada por Morena-SSPC era absurda y no iba a servir de nada. La Suprema Corte, en particular la Ministra ponente Norma Piña, y el Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, nos dejaron ver, con la fuerza de sus argumentos, que sí hay instancias que frenan abusos que desde el Estado se quieren cometer. A ver qué nos dice en la mañanera el subsecretario Mejía. Ojalá que no nos acuse a los periodistas y a los Ministros de “traición a la patria”. Le deseamos mucho éxito en su difícil trabajo. Esperamos que, en lugar de buscar enemigos en quienes conocen las telecomunicaciones, busquen ideas para combatir a la delincuencia.
