Contrario al discurso presidencial, cada vez hay más muestras de censura de la 4T contra el periodismo y la libertad de expresión. Hay muestras de sobra en entidades como Campeche, Veracruz, Tamaulipas y Puebla, todas ellas gobernadas por Morena.
Pero lo que pasó el fin de semana en los canales 11 y 14 de la televisión pública del Estado mexicano es algo verdaderamente penoso. La periodista Sabina Berman, compañera de estas páginas, realizó una entrevista al influencer de ultraderecha, excandidato presidencial y exactor Eduardo Verástegui. La señora Berman hace los mejorcitos programas de la TV pública y trata de meterse a la coyuntura informativa. Hace un par de semanas, por ejemplo, le hizo una entrevista a la cantante Gloria Trevi, quien habló de sus litigios contra Paty Chapoy y TV Azteca, información poco conocida.
Ahora, para ser transmitida el jueves 8 de enero, la señora Berman entrevistó a Verástegui, una persona que enarbola ideología de extrema derecha. A la directiva de los canales 11 y 14, léase a Jenaro Villamil, no le gustó la entrevista y la censuró. Desde luego, la periodista y el director de cualquier medio deben tener la potestad de no transmitir un reportaje o entrevista que no sale bien. Es su prerrogativa. Pero, en este caso, los medios públicos, para “lavarse las manos”, maquinaron que los defensores de la audiencia de estos dos canales de TV censuraran la entrevista.
Así, se ordenó a los “defensores”, Gerardo Estrada y Lenin Martell, publicar un comunicado en el que señalan que la entrevista “no se ajusta a los principios rectores, objetivos y mandatos que legalmente rigen” la actuación de la TV, al “promover una noción política contraría a los derechos de la mujer y de otros grupos de vulnerabilidad”.
Es penoso, pues: 1) les hacen decir que “coinciden” con el análisis hecho por los medios de gobierno, la fuente original de la censura; 2) olvidan el pequeño detalle de que la labor de los defensores de audiencia, prevista en la Constitución y en la Ley de Telecomunicaciones, aplica ex post, es decir, después de que un programa de TV se haya transmitido y haya quejas de la audiencia. Aquí, sencillamente hicieron censura previa, lo que está prohibido.
Sigamos: 3) contrario a la intención de no fomentar la ideología de derecha, la censura ejecutada le da pretexto y visibilidad a Verástegui, cuyo discurso, de no haber sido por los funcionarios públicos, habría pasado desapercibido; y, 4) le abre un innecesario frente jurídico a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), a cargo de Norma Solano, a quien ahora podrán llegar quejas por lo acontecido, mismas que tendrá que resolver jurídicamente, e incluso enfrentar juicios complejos.
Lo más grave es que esto ocurre en momentos en que la CRT está por iniciar la consulta pública nacional para definir cómo elaborar la reglamentación de los derechos de las audiencias. Queda en evidencia que, desde el oficialismo, hay quienes quieren usar a los defensores de las audiencias para censurar programas en la radio y TV mexicanas. Todos los comunicadores, sus entrevistados y cualquier reportaje elaborado, parecen estar en riesgo ahora. Incluso, hay indicios de que quieren ampliar el ámbito de la supervisión de contenidos a los medios impresos, lo que no tendría base legal, pero en la 4T muchas normas se incumplen.
Así, lo sucedido deja ver cómo el ala dura del oficialismo quiere silenciar a los medios de comunicación. Lo curioso es que empezaron antes de que el programa fuera transmitido y antes de que la CRT haya expedido los lineamientos para tal efecto. Actuaron sin ninguna base legal. Se ve que a algunos les urge empezar a censurar, y empezaron con “los de casa”. Es un llamado de atención para la CRT, para el gabinete legal del gobierno federal y, desde luego, para la propia Presidenta de la República.
Cambiando de tema:
Muchas dudas sobre cómo se está implementando la vinculación (registro) de líneas móviles con sus respectivos titulares. Al parecer, quien lleva la base de datos para Telcel habría tenido algunas alertas de vulnerabilidad en la información que tiene de millones de clientes. Telcel habría implementado “medidas de seguridad adicionales”, pero hay dudas sobre lo que están haciendo los operadores móviles.
Después de que las bases de datos móviles oficiales se filtraran en 2010, ahora el gobierno traspasó toda la obligación a los operadores. Las cosas no parecen ir bien, ya que se activó la Secretaría de Buen Gobierno, al ponerse en riesgo datos personales. Es importante revisar lo que ocurre, pues entre miles de mensajes de hackers y riesgos de filtración de datos, el registro de celulares puede fracasar.
X: @JTejado