La 4T tras las universidades públicas… ¿y ahora tras las empresas?

Javier Tejado Dondé

El nuevo artículo 35 de la Constitución obligaría a una igualdad de género en empresas

Son varios los choques que se han dado desde la 4T con las universidades y los centros de investigación públicos. El primero fue la reducción salarial que se aprobó para el ejercicio 2019. Desde ese año se imposibilitó que cualquier académico en una institución pública ganara más que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después, el gobierno extinguió la mayoría de fideicomisos públicos para transferir esos recursos a sus proyectos prioritarios y la academia se quedó sin una fuente para poder hacer investigaciones de alto nivel de manera multianual. Con ello, están en proceso de desaparecer fondos que administraba el Conacyt, que representaban 19 mil millones de pesos. Sin estos recursos, la investigación volvió a sufrir otro golpe.

Para centros de enseñanza como el CIDE, tener una vía extra presupuestal para hacerse de recursos era indispensable para avanzar en la investigación y contar con un esquema de remuneración que asegurara tener profesores e investigadores de talla internacional. Con esa finalidad se idearon “reglas de operación” en donde el CIDE podría hacer investigación para terceros, quedándose con 25% (overhead) de lo que contrataran a sus académicos.

Pero el Conacyt y el director interino del CIDE, José Romero, no han autorizado estas reglas de operación, con lo que se está gestando una nueva diáspora de académicos, sobre todo de los extranjeros, al ver mermados sus ingresos.

El conflicto de la 4T con las universidades se veía venir desde enero pasado, cuando el Conacyt empezó a circular su proyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Ahí quedó claro que la intención era tomar el control de las universidades públicas y de toda investigación científica que tuviera recursos federales.

Se dijo que la iniciativa sería enviada por el Presidente, pero después de los conflictos del Conacyt y de la FGR con académicos, el gobierno no la ha presentado para no atizar más el fuego. Sin embargo, de facto, ya están operando así en la parte administrativa al restringir cualquier recurso económico que no venga del presupuesto.
Además del CIDE, hay conflictos que se han desatado desde la mañanera contra la UNAM y la UDG. Con ambas hay tensiones por problemas económicos y políticos, aunque los rectores han preferido guardar mesura.

Para la 4T, los recursos extra que recibía la academia la hacían ver como una consultoría privada, lo que le es inaceptable. A los académicos les parece que se está empezando a implementar un modelo populista para atacar la libertad de pensamiento y los salarios competitivos, tal como ha sucedido en otros regímenes similares como Venezuela, Polonia, Hungría y Brasil.

La 4T trae un modelo intervencionista en decisiones que antes no competían al Estado, pero planea más medidas injerencistas: hoy se empezarán a discutir en la Cámara de Diputados cambios a la Constitución en materia de género. Muchos de estos son acertados, como el respeto a la diversidad y perspectiva de género, pero hay otros que son una intervención en decisiones de la iniciativa privada.

Por ejemplo, el nuevo artículo 35 de la Constitución obligaría a una igualdad sustantiva y paridad de género en la organización de las empresas privadas (sin importar si son públicas o no), tanto a nivel de órganos directivos (consejos de administración), como en su plantilla laboral. Es algo que no existe en ninguna otra jurisdicción del mundo.

Estaremos viviendo días cruciales en donde las libertades de cátedra, de investigación, de trabajo y hasta de libre empresa, como las conocemos, podrían ser cosa del pasado. ¿Estaremos siendo vanguardistas, o intervencionistas? Hoy inician discusiones muy relevantes en el Congreso.
 

Twitter: @JTejado
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