Cuesta trabajo creer las acusaciones de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos contra el exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos. Esto por la credibilidad que tiene la institución armada entre la gran mayoría de los mexicanos –yo incluido- y por lo inverosímil que parecen algunas de las acusaciones (corrompido por un cártel regional de segundo nivel, su identificación como El Padrino con base en una entrevista en TV, y que el general usara de manera directa un equipo Blackberry para chatear con narcotraficantes). Pero en unas horas, desde la Corte Federal de Los Ángeles, tendremos mayores indicios sobre el tema.
Las preguntas son: ¿qué hacer si en el sexenio pasado el secretario de la Defensa fue cooptado por el narcotráfico? Y, ¿cómo iniciar una limpia en la institución castrense? Difíciles las respuestas, pues de comprobarse las acusaciones de la DEA y de fiscales estadounidenses en los pasados dos sexenios, dos exsecretarios encargados de la lucha contra el narco -Genaro García Luna y el general Cienfuegos- estaban en la payola de éstos, con lo que nuestro país calificaría como un narcoestado.
En México los militares han venido perdiendo cotos de poder dentro de una normalidad democrática. Primero, a partir de 1995 las fuerzas armadas perdieron el escaño que tenían en la SCJN para estar pendientes de los temas de su interés. Así, el último ministro de la Corte y coronel del ejército fue Carlos García.
Segundo, en el Congreso también eran ellos quienes presidían las comisiones de Defensa y Marina. Históricamente, el PRI metía por vía plurinominal a militares a quienes se les asignaban las presidencias de las comisiones afines. Hoy, de cuatro comisiones vinculadas con las fuerzas armadas, sólo una es presidida por un legislador con antecedentes castrenses, el diputado Benito Medina (PRI). En el Senado, la comisión de Defensa es presidida por Félix Salgado Macedonio, quien ha tenido serias diferencias con los militares que lo vincularon al crimen organizado, desde que fue alcalde de Acapulco. Más recientemente, el senador trató de impedir el ascenso del general Sánchez León por su presunto involucramiento en el caso Tlatlaya.
Tercero, luego de las resoluciones de la CIDH (2010) y, sobre todo, de que la SCJN declaró inconstitucionales artículos del Código de Justicia Militar (2012), el llamado “fuero militar” desapareció. Así que los delitos cometidos por militares, y que tengan a civiles como víctimas, ya no son juzgados por tribunales castrenses. Van a tribunales ordinarios.
Uno de los últimos cotos de poder de los militares es que son ellos quienes encabezan las secretarías de Estado relacionadas con las fuerzas armadas. Nunca en la historia del país ha habido civiles al frente de las Secretarías de Defensa y de Marina. Pero si las acusaciones contra el exsecretario de la Defensa empiezan a verse sólidas, es probable que el actual gobierno no tenga mucho margen más que iniciar una limpia a todos los niveles jerárquicos. En varias partes del mundo, incluido Estados Unidos y toda Europa, los responsables de los ministerios de defensa son civiles, pero los militares, con justa razón, encabezan la estructura militar dentro de estas dependencias, lo que se conoce como el Estado Mayor Conjunto.
En América Latina esta transición también ya ha iniciado, incluso en países con una gran tradición militar. De tal suerte que en Argentina, Chile, Nicaragua y Uruguay ya hay civiles al frente de los respectivos ministerios.
Será una lástima que la modernización de nuestras instituciones armadas sea impuesta desde el extranjero, en lugar de que sea pactada y en los tiempos que convenga a nuestra seguridad nacional. Pero, de prosperar las acusaciones contra un general de cuatro estrellas, me temo que el gobierno del presidente López Obrador va a tener pocos márgenes si no quiere arriesgarse a ser manipulado por las investigaciones que se realizarán en EU.
Twitter: @JTejado
