El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está cansado de las constantes violaciones de funcionarios de Morena a la norma electoral por parte de secretarios de Estado, Gobernadores, el vocero presidencial y hasta directivos de medios públicos federales.
Desde hace dos años, el TEPJF ordena sanciones a estos funcionarios por violar el modelo de comunicación político electoral y/o por el uso de recursos públicos de manera indebida en elecciones. En este tiempo, el tribunal ha dado vista a superiores jerárquicos, a los órganos internos de control y a los congresos estatales, pero la constante es la misma: todas las sanciones se archivan y nadie queda sancionado. Con ello, los jueces electorales veían al principal jugador “volarse” las reglas y, el viernes de la semana pasada, decidieron un método interesante, pero cuestionable, para poner orden en el juego electoral rumbo a 2024.
Ampliaron las categorías de personas que se registran en un catálogo de incumplidos al “modo honesto de vivir”. Este catálogo, que se creó en 2019, tenía como finalidad llevar un registro de quienes ejercen violencia de género. Al estar en él, se pierde el “modo honesto de vivir” y una de las consecuencias de ello es que las personas no se pueden registrar a ningún cargo de elección popular. Por ello, los políticos, todos, se cuidan de no incurrir en violencia de género para evitar estar en el “catálogo de sujetos sancionados” y perder en automático su inscripción a cualquier cargo popular.
El TEPJF copió y amplió la idea para hacer ahora un catálogo de violadores sistemáticos de la norma electoral, a través de la resolución REP-362/2022. Quienes estén en ese listado no podrán contender en 2024 para ser diputados, senadores, alcaldes, gobernadores o Presidente de la República. La diferencia es que el registro de violencia de género viene en la Constitución y que el catálogo de registro de violaciones electorales lo “legisló” el TEPJF, lo que es cuestionable, aunque inimpugnable. Es una medida para no perder el control del arbitraje electoral.
El catálogo de violadores a la norma electoral inicia esta semana con cero inscritos. Todos los aspirantes —de todos los partidos políticos— a cualquier cargo de elección deben empezar a actuar con rigor para no ser sancionados. En particular, los gobernadores de Morena y los secretarios de Estado del gobierno federal tienen que ser cuidadosos, pues son los que más sanciones registran. Entre ellos, destaca la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien, por sí sola, cuenta con 15 sanciones y es la que más ha acumulado. Ella, sin duda, requiere de una mejor asesoría jurídica para entender y procesar las sanciones electorales.
Esta nueva herramienta que se ha autoasignado el TEPJF debe ser usada con cuidado y transparencia, o de lo contrario, los magistrados federales tendrán presiones para inhabilitar, al quitar el “modo honesto de vida”, a alguno de los aspirantes a la Presidencia. Por ejemplo, si el secretario de Gobernación, vía un tercero, denuncia y luego cabildea sanciones contra Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, ya ni las encuestas de Morena serán relevantes. Sólo quedaría uno de los tres aspirantes. Pero los ataques pueden ser lanzados contra cualquier político que aspire a un cargo de elección popular.
El TEPJF se ha asignado una bazuca para desaparecer candidatos. Parece algo necesario, luego de los incumplimientos que se han presentado, pero también, dada su nueva “arma”, va a tener presiones para usarla y anular a rivales de otros políticos. Quizá, en lugar de estar creando nuevas “armas de grueso calibre”, con los riesgos que eso conlleva, sería más fácil cambiar la norma electoral, permitir a los políticos y ciudadanos opinar libremente sobre temas electorales, y dejar el régimen censor que tenemos operando desde 2007. Un régimen de más libertades, pues.
Twitter: @JTejado
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