El pasado 10 de febrero, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, acudió a la conferencia del presidente de la República, la llamada mañanera, para hacer entrega al gobierno de un cheque por 2 mil millones de pesos. Este dinero fue a parar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
El dinero vendría de una serie de operaciones, presuntamente irregulares, que la empresa Telra Realty SAPI de CV, representada por Rafael Zaga, habría firmado con el Infonavit en 2014, 2015 y 2016, bajo el mandato de su entonces director general, Alejandro Murat, para: a) reparar viviendas abandonadas, y b) implementar un programa de movilidad hipotecaria (recuperación de vivienda).
Deja Murat el Infonavit y en marzo de 2016 llega David Penchyna. Desde su arribo, el equipo de Penchyna empezó a cuestionar la legalidad de los términos de los contratos entre el Infonavit y Telra, en particular porque “no se había iniciado implementación (alguna), por lo que existía un aparente incumplimiento por parte de Telra”, según señalan documentos oficiales.
Y aquí es donde la historia se pone interesante, pues si no había implementación alguna, la administración a cargo de Penchyna debió cancelar los contratos. Pero en lugar de ello, luego de cuestionar su legalidad, se inventaron una mediación para, año y medio después, el Infonavit cancelarlos y pagar a Telra más de 5 mil millones de pesos, de la siguiente manera, también según documentos oficiales de las autoridades que ahora investigan el caso:
a. “Un pago por daños de $3,000 mdp (que no causaron IVA según el contrato).
b. Una indemnización por perjuicios de $1,800 mdp (que causaron $288,000,000.00 de IVA), es decir, fue por un total de $2,088 mdp.
c. Además, fue pactado un pago de $100 mdp más IVA, esto es, un total de $116 mdp por un contrato de cesión de derechos de las marcas y la plataforma.
Así que, a las autoridades que investigan el caso, les parece que éste tuvo un giro, pues de ponerles la lupa el Infonavit por incumplimientos, pasaron a un esquema de negociación para pagar irregularmente miles de millones de pesos por trabajos no realizados.
Además, dos cuestiones adicionales se les han hecho sospechosas a las autoridades. Primero, que Telra recibiera del Infonavit varios SPEIs “entre octubre de 2017 y marzo de 2018 que ascendían a $5,088, mismos que coinciden con los pagos pactados en el acta de mediación”, pero que “no (hicieron) del conocimiento de la autoridad fiscal”. Esto es, no habrían pagado impuestos.
Segundo, que en los expedientes del Infonavit hubo, al parecer, un intento por desaparecer la información de Telra, pues a preguntas expresas, la Contraloría General de ese instituto contestó varios requerimientos de transparencia, apenas el año pasado, en los cuales aseguró no se encontraba información de Telra en el Infonavit y que tampoco se habían encontrado incumplimientos, ni sanciones, como las que reportaba la administración de Penchyna en 2016.
Por si eso fuera poco, al ser David Penchyna una persona políticamente expuesta por sus cargos públicos, fuentes gubernamentales han venido rastreando con las autoridades estadounidenses varios importantes depósitos en dólares hacia cuentas en EU.
En las investigaciones que derivan de este tema, además de David Penchyna, están la empresa Powergreen Technologies —la cual habría triangulado recursos—, Grupo Zarte, E-Group y Grupo Novaro, así como la empresa de servicios financieros Morgan Stanley.
Es probable que los dueños de las empresas que recibieron los 5 mil millones de pesos del Infonavit hayan firmado algún convenio con la Fiscalía General de la República (FGR) a cambio de no ser procesados, pudiendo ya ser incluso testigos colaboradores. Ello habla bien del trabajo de la FGR, que pudo recuperar importantes cantidades de recursos públicos.
Pero hay dudas que aún se deben aclarar: si se regresaron 2 mil millones de pesos al gobierno y la operación bajo escrutinio fue de más de 5 mil millones, ¿dónde está el resto del dinero? ¿Cuándo se va a devolver lo que aún se adeuda? Si el Infonavit es una institución tripartita —gobierno, trabajadores y patronos—, ¿el dinero no debió haberse entregado al Infonavit en lugar de sólo al gobierno federal, vía el Indep? ¿Tienen alguna responsabilidad los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Infonavit?
Es un logro indiscutible lo realizado por la FGR, pero ojalá hubiera más transparencia en el destino de los recursos recuperados y, sobre todo, esperemos que haya consecuencias para los que ilegalmente hayan maquinado y signado operaciones que ocasionaron un quebranto a la hacienda pública y no poder avanzar con la entrega de decenas de miles de viviendas a igual número de trabajadores.
El tema también deja ver que, conforme se acercan las elecciones de 2021 y ante la baja en las encuestas del actual gobierno, parece que la visita a expedientes de corrupción del sexenio pasado será una herramienta recurrente.
Cambiando de tema:
*Walmart de México se encuentra en el ojo de las autoridades federales. Estaría operando un complejo esquema en el que ofrece a sus clientes productos que no tienen lo que dicen tener, por lo que han estado siendo requeridos y multados por la Profeco. Pero ahora que el gobierno federal alega que la empresa está acaparando productos que necesitarían los consumidores mexicanos, ante un eventual crecimiento de contagios de coronavirus, crecerían las acciones legales contra ella. En particular, hay una decisión tomada que no le van a permitir subir injustificadamente precios ante una contingencia sanitaria.
Twitter: @JTejado
