La semana pasada, la prestigiada editorial internacional Penguin Random House se enteró de que había sido demandada en los tribunales de la CDMX por la publicación del libro El roedor Andrés Roemer, retrato de un depredador, al igual que la imprenta y su autora, Heidi Putscher. El libro hace una recopilación de las agresiones sexuales por las que se acusa a Roemer. Serían más de 60, además de la autora, quien también narra haber sufrido una agresión sexual.
La demanda de Roemer, bien planteada y de 129 hojas, pretende que la editorial, la imprenta y la autora dejen de distribuir el libro, que lo indemnicen en lo económico de manera importante y que se pague a sus abogados. Y, desde luego, busca que las partes demandadas no puedan ni siquiera dar entrevistas para hablar de las agresiones sexuales.
Si Roemer gana esta batalla legal, en México se va a correr un manto de censura sobre todas las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia (sexual, económica o psicológica), pues sus historias no se van a poder contar y ni siquiera ellas mismas van a poder hablar de lo sucedido, por lo menos hasta que haya sentencia judicial en definitiva, lo que en este país puede llevar una década, y mientras, con ese silencio cómplice y esperando a la lenta justicia, también se puede forzar a las víctimas a retractarse, desistirse o rendirse.
En el caso de Roemer, la demanda inicia señalando que “… a la fecha no existe una sola sentencia, de ningún tribunal de México o del mundo, que lo haya declarado culpable o penalmente responsable de delito alguno, mucho menos de cualquiera de los que se le han imputado públicamente (ataques sexuales) y que han replicado los medios masivos de información, con los daños inherentes a su persona…”. “En consecuencia (Andrés Roemer) es y debe ser tenido y tratado como inocente.”
Así que, la estrategia de Roemer es que no se hable de él hasta que sea vencido en juicio, pero no piensa presentarse a ser juzgado. Sencillo, así nunca se podrá decir nada de él, ni de lo que hizo. Él buscó refugio en Israel, país que no lo ha extraditado a México, a pesar de varias peticiones de la fiscalía mexicana. Israel no lo devuelve a este país porque le tiene gratitud: cuando Roemer era embajador de México ante la Unesco, votó en contra de la posición del gobierno mexicano y a favor de Israel en un tema cultural respecto a la ciudad de Jerusalén. Esto ocasionó su cese, pero el elogio de quien representaba a Israel en la Unesco, Carmel Shama Hacohen, hoy alcalde de Ramat Gan, parte metropolitana de Tel Aviv. Incluso, le pusieron a una calle de esa ciudad el nombre de Roemer.
Ahora que la relación entre la 4T y el gobierno israelí está deteriorada por los injustificados ataques desde la mañanera a la comunidad judía y por la falta de resguardo a su embajada, que fue vandalizada en Las Lomas, Roemer se sabe intocable y por eso se anima a demandar el silencio de las víctimas en México.
Sin embargo, su estrategia legal pone en riesgo la libertad de expresión, el derecho a la información y, sobre todo, crea un manto censor para que, sin conocerse los casos de agresiones sexuales contra mujeres, sus perpetradores sigan actuando impunemente.
Afortunadamente, hay decisiones de la Suprema Corte que deberían descarrilar la estrategia: 1) el caso de H. Moreira contra S. Aguayo establece que no se puede exigir a periodistas únicamente difundir hechos y opiniones basados en sentencias inapelables, además de que los periodistas no conocen el futuro y lo que se informa corresponde a hechos de coyuntura, sin que eso vulnere la presunción de inocencia; y, 2) al haber sido Roemer figura pública –embajador, funcionario y analista en medios–, hay criterios de que su umbral de protección a la vida privada, respecto al escrutinio público, es menor al de otros ciudadanos e incluso debe soportar el más amplio escrutinio social.
Pero, dado que, en los tribunales de la CDMX, tristemente, todo se puede negociar, este caso debe ser del mayor interés público, a efecto de que ninguna víctima logre ser silenciada y obligada a rendirse. El caso está en el Juzgado 50 de lo Civil y lo tiene el juez Rodrigo Cortés D., quien ha dado sentencias cuestionadas en temas de libertad de expresión. Habrá que ver si les aplican censura previa a todas las víctimas de agresiones sexuales en la CDMX.
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