Las y los ministros de la Nueva Suprema Corte se han empecinado en repetir, una y otra vez, uno de los mantras del obradorismo: la austeridad a toda costa. Pero la retórica terminó chocando de frente con la realidad. Primero vino el periodicazo: los ministros de la austeridad estrenarían camionetas de lujo, blindadas. Luego vino el escarnio público. Y finalmente, una conferencia de prensa en la que se dijo de todo: desde aclaraciones pertinentes hasta insinuaciones —ambiguas y no probadas— de que antiguos ministros se robaron obras de arte. Más allá de eso, el presidente Hugo Aguilar insistió en que ahora gastan menos y, además, presumió que trabajan más: de siete de la mañana a doce de la noche.
Sucede, sin embargo, que esos esfuerzos no se han traducido en una justicia más rápida ni menos costosa. Al contrario. Los últimos meses han dejado al descubierto una paradoja judicial: esta Corte gasta menos y trabaja más, pero resuelve menos asuntos y lo hace con mayor lentitud. La austeridad se presume, pero la eficiencia no aparece. La explicación radica en una combinación de factores.
Comencemos con lo estructural. Buena parte de la ineficiencia de la Nueva Corte es consecuencia directa de la reforma judicial. Antes, la Corte tenía once integrantes y operaba en dos formatos: el Pleno, con todas y todos los ministros, y las Salas, integradas por cinco ministros cada una. El Pleno resolvía pocos asuntos y lo hacía con lentitud. Las Salas, en cambio, eran los verdaderos motores: ahí se resolvía cerca del 90% de los casos, con mayor rapidez, porque es mucho más sencillo deliberar y acordar entre cinco que entre once.
Sucede, sin embargo, que la reforma judicial de Sheinbaum y López Obrador exterminó las salas y, de paso, redujo el número de integrantes de once a nueve. Nadie sabe con exactitud de qué genio procedió la idea original ni cuál fue la racionalidad. Pero la ocurrencia se hizo reforma constitucional —y el impacto ha sido brutal—.
Para dimensionar el impacto de la eliminación de las salas, permítanme usar un ejemplo sencillo. Supongamos que a la Corte llegan 100 asuntos. En el modelo anterior, si esos asuntos se resolvían en Salas, se dividían en 50 para la Primera Sala y en 50 para la Segunda. Luego, al interior de cada sala, los asuntos se repartían: a cada uno de los cinco ministros se le asignaban 10 asuntos propios, que debía analizar y convertir en proyectos de sentencia. Además, cada ministro debía revisar otras 40 propuestas de sus pares (es decir, elaborar 40 “dictámenes”). Y al momento de resolver, solo cinco personas participaban en la discusión.
En el nuevo modelo, en cambio, las cosas son muy distintas. Si esos 100 asuntos se van al Pleno, entonces las cuentas cambian radicalmente: a cada uno de los ministros le tocan poco más de 11 asuntos, en los que debe elaborar una propuesta de sentencia y, adicionalmente, revisar al menos otras 88 propuestas de sus colegas. Dicho de otra manera: aunque el número de proyectos propios solo se incrementa ligeramente (de 10 a 11), el número de dictámenes se va a más del doble (de 40 a 88). Por si fuera poco, la discusión se vuelve mucho más lenta, porque ya no intervienen cinco personas, sino nueve.
Por eso tienen razón ministros como Hugo Aguilar o Lenia Batres cuando presumen que están trabajando más: “el doble”, dice Batres, o que ahora producen muchos más dictámenes, como insiste Aguilar. El problema es otro: trabajar más no significa resolver más. Y aquí está la paradoja central. Aunque se desgastan más, la Corte avanza menos. El esfuerzo crece, pero los resultados se encogen. La razón es tan clara como preocupante: hoy tenemos una Corte estructuralmente más ineficiente.
Pero, por supuesto, no todo es culpa de la reforma judicial. La ineficiencia también tiene nombres y apellidos. Se explica por la falta de experiencia judicial de varios de los nuevos integrantes, que ha producido curvas de aprendizaje largas —algunas, francamente, bochornosas—; por la decisión de algunos de despedir equipos técnicos valiosos y empezar casi de cero; y por sesiones que a veces rozan el caos: el presidente no ordena la discusión, cada quien habla de lo que quiere y, al final, ni siquiera queda claro qué se está votando.
La sabiduría popular nos recuerda que lo barato sale caro. Y en el caso de la Corte, la austeridad malentendida está resultando carísima. No solo porque hoy tenemos una Corte más lenta e ineficiente, sino porque tenemos algo peor: una Corte que, con frecuencia, no cumple ninguna de sus funciones esenciales. No es contrapeso, no defiende derechos, no ofrece certeza sobre las reglas del juego. En lugar de ordenar la vida constitucional, la Nueva Corte está sembrando una inseguridad jurídica brutal. Y ese costo —el más alto de todos— no lo pagarán los ministros. Lo pagaremos todos.
Javier Martín Reyes. Investigador en el II-UNAM y en el Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
