El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas así lo determinó desde el año 2010. Desde entonces, las víctimas han reivindicado la fecha y han hecho escuchar su voz. Sin embargo, el 30 de agosto último fue distinto en México; para bien. En la capital, y en al menos otros 18 lugares del país se escucharon las exigencias de las familias de las personas desaparecidas: los gritos de dolor, los llamados a que la política del Estado finalmente les ofrezca resultados... A la par, se hicieron palpables las expresiones de solidaridad, encabezadas por el actor Diego Luna y representadas por las más de 100 mil firmas ciudadanas que muestran el creciente respaldo social a las víctimas.
Lo anterior en sí mismo ya es valioso y lo hizo diferente. Pero no fue lo único. Gracias a la lucha de las familias, por primera vez, el Poder Ejecutivo observó —desde Palacio Nacional— el Día Internacional. Y no solamente lo hizo mediante un acto formal, protocolario, distante y excluyente, sino a través de la definición de una agenda pública para atender la desaparición de personas. En México, a nivel federal los espacios de interlocución habían tenido tradicionalmente al Poder Legislativo. La adopción de la ley general en la materia, tuvo como morada al Congreso de la Unión. Hoy, la residencia de la interlocución migró a la sede del Poder Ejecutivo. En ese sentido, fue estimulante atestiguar cómo la protesta afuera de Palacio Nacional devino en un espacio de diálogo y escucha adentro y afuera del lugar más emblemático del poder en México. En un primer momento, fue una representante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y una madre de un estudiante de Ayotzinapa, quienes entraron a Palacio Nacional y, en otro, fueron dos altos funcionarios del Ejecutivo quienes salieron a la banqueta donde se desarrollaba la manifestación a hablar con las familias.
Pero volvamos a las medidas anunciadas. Las siete acciones son de extrema relevancia y ofrecen, finalmente, la posibilidad de obtener resultados tangibles desde una óptica más integral. Lo anterior, no sólo por el anuncio de medidas orientadas a atender la dimensión de la búsqueda sin vida —como había ocurrido en otros anuncios— sino colocando —en primer orden— el compromiso de priorizar la búsqueda en vida (en línea con los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada).
Entre las medidas anunciadas, para la Oficina es particularmente transcendente la instrucción relacionada con la creación de un Mecanismo Extraordinario Forense, para atender una de las necesidades más inmediatas, la cual consiste en identificar y entregar de manera digna las decenas de miles de cuerpos y restos humanos que aún permanecen a la espera de ser identificados en todo el país.
Desde la perspectiva internacional, resultan muy esperanzadoras tanto el compromiso de cumplir con las sentencias de instancias internacionales en la materia, como las dos medidas directamente relacionadas con el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. Por una parte, se anunció la decisión presidencial de reconocer la competencia de dicho Comité para examinar comunicaciones individuales —lo cual fue objeto de una intensa campaña en 2017 por parte de la Oficina que represento— y, por otra, que México permitirá al Comité realizar una visita al país, respondiendo así a una solicitud formulada reiteradamente desde 2013.
El hecho que México reconozca la competencia del Comité, abre las puertas para que aquellas personas que no han podido acceder a la verdad y a la justicia a través de los mecanismos de protección nacionales, puedan acudir a una instancia internacional especializada en la materia.
Además, dicho órgano actúa sobre la base de un régimen de protección más amplio respecto a lo que ofrecen otros órganos internacionales. Por lo tanto, desde la Oficina reconocemos esta decisión como una acción coherente con la intención del presente gobierno de avanzar en la materia, que lo distingue radicalmente de la posición asumida anteriormente.
Finalmente, la invitación al mencionado Comité para visitar México el próximo año es una muy buena noticia, no sólo por ser muestra de apertura al escrutinio internacional en relación a la situación de desapariciones, sino también porque permitirá al Comité cumplir con su mandato de vigilancia en favor de las víctimas y asesorar al Estado en el que probablemente sea el mayor reto que enfrenta en materia de derechos humanos. A través de una visita a México, el Comité podrá conocer directamente tanto los avances en la materia, como los aspectos que aún deberán ser fortalecidos, todo lo cual redundará en el fortalecimiento de las capacidades del Estado.
Por estas y otras razones, saludamos estos anuncios y alentamos a las autoridades involucradas a implementar todas las medidas que sean necesarias para lograr su concreción. Lo cierto, es que las familias de las personas desaparecidas necesitan respuestas de manera urgente. Aunque existen aún enormes desafíos, todo obstáculo para acceder a la verdad y a la justicia debe finalmente ser removido. Las instrucciones giradas por Presidencia, en particular, deben quedar libres de obstrucciones y ser implementadas sin dilación. Como siempre, la Oficina que represento, reafirma su apertura a colaborar con ellas en este proceso. Nos queda claro que el Día Internacional en 2019, fue una efeméride distinta a las anteriores y con signos alentadores, más el empeño por combatir este flagelo, será una faena que seguirá demandando los 364 días restantes de cada año. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarles.
