Los equilibrios y contrapesos entre los Poderes son esenciales para el funcionamiento democrático del Estado Mexicano. Garantizan que cada uno de ellos actuará siempre supeditado al orden jurídico y sobre todo con absoluto respeto a las garantías individuales.
En particular, el control constitucional que ejerce el Poder Judicial es básico porque establece con claridad los alcances de cada acción de gobierno en el marco de nuestra Carta Magna. Delimita esa frontera que las autoridades no pueden traspasar y protege los derechos de la ciudadanía.
Por eso considero sumamente grave la decisión de la mayoría oficialista de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, que aprobaron reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para que los tribunales no puedan revisar actos legislativos que vulneren derechos políticos.
Esto es, legitimar el autoritarismo y la impunidad.
Se trata de una reacción del grupo mayoritario a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le dio la razón a Movimiento Ciudadano y obligó a la dirigencia legislativa a incluir a representantes de esta fuerza política en la integración de la Comisión Permanente.
Previamente, la mayoría oficialista había excluido a Movimiento Ciudadano de la Comisión Permanente, que se supone es un reflejo de la integración del Congreso de la Unión, y por lo tanto debe considerar la proporcionalidad de las fuerzas políticas.
Es una lógica sencilla: la ciudadanía representada en diputaciones y senadurías debe estar representada en la misma proporción en la Comisión Permanente, que es un órgano que ejerce importantes funciones del Poder Legislativo durante los recesos de las Cámaras.
Morena y sus aliados no lo hicieron así. Todo para acaparar espacios que pudieran blindar sus decisiones autoritarias.
Después del descalabro que les pusieron Movimiento Ciudadano y los tribunales, ahora votaron para excluir al Poder Judicial y que no pueda éste ejercer su función de control constitucional. De mal en peor.
Como si el Poder Legislativo, al igual que la Presidencia de la República, fueran un club sectario en el que la ciudadanía solo puede estar representada siempre que sea para obedecer a los mandatos de la mayoría. No hay lugar al disenso, ni a la crítica. Pensar distinto está prohibido.
Todavía falta la aduana del Senado, y veremos si Morena y sus aliados insisten en su desatino antidemocrático. De ser así, ya se prevé un recurso para declarar inconstitucional la mentada reforma.
Curiosamente, me entero que el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, ha recurrido al Poder Judicial, específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para controvertir las sanciones y restricciones impuestas por el INE al presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la comunicación de políticas públicas y expresiones de autopromoción, debido al proceso de revocación de mandato.
Al margen de que este asunto ya fue calificado por el TEPJF (que es también el Poder Judicial), y le dio la razón al INE, vemos dos pesas y dos medidas en la conducta de los funcionarios oficialistas: acuden al Poder Judicial para revisar las actuaciones de instituciones que no les agradan pero prohiben que el propio Poder Judicial les revise. Es un club muy solitario el del sectarismo. Y esa soledad será mayor si insisten en su política de exclusión.