Como si fuera nado sincronizado, utilizando la palabrería del régimen, los diputados que dirigen la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, así como sus aliados, anunciaron el inicio de discusión de la propuesta de Reforma Eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, justo después de realizada la consulta de revocación de mandato.
De inmediato se escuchó la instrucción presidencial a sus partidarios y la recomendación “respetuosa” a la oposición: no moverle ni una coma.
Pero la propuesta eléctrica del mandatario no aguanta un análisis objetivo. Es tóxica de origen.
Se dicen muchas cosas de ella, de uno y otro lado, pero intentaré mencionar puntos que a mi parecer son medulares y evidencian el riesgo de dar por buenas las intenciones monopólicas y engañosas del gobierno federal.
La verdad es que su toxicidad (la de la propuesta) no solo está en el hecho de que propiciaría la generación de energía sucia a partir de recursos altamente contaminantes, sino que, además, al cancelar de plano la competencia, encamina a las personas usuarias (todas y todos en México) hacia tarifas altas, sin opción alguna y sin organismos imparciales para regular.
Vamos por partes. Derivado de la reforma de 2013, la Ley de Transición Energética establece metas en cuanto a energías limpias para 2024 y metas intermedias anuales. También especifica que los integrantes y participantes de la industria eléctrica, están obligados a cumplir dichas metas. Esto pasa a segundo plano con la propuesta actual del gobierno, porque la transición eléctrica queda a cargo totalmente de la CFE, sin más vigilancia ni revisiones.
Se eliminan los Certificados de Energía Limpia (CEL), lo que necesariamente elimina los incentivos para el cuidado del medio ambiente.
Fomenta el uso de combustóleo (subproducto de Pemex cada vez más difícil de vender en el mercado internacional, según expertos), carbón (¿a quién se lo irán a comprar?) y otras fuentes energéticas altamente contaminantes. Cero intención ecológica.
Desaparece la competencia. En la práctica, todo queda al arbitrio de la CFE. Y aquí hay una interesante cuestión acerca de los contratos vigentes, porque quienes defienden esta propuesta del Ejecutivo Federal aseguran que “solo se cancelarán los contratos ilegales”, pero el artículo segundo transitorio es muy claro en su inciso a): “los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución”.
Desaparecen los órganos reguladores. La Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Centro Nacional de Control de Energía son borrados del mapa y sus funciones absorbidas por el gobierno central, específicamente por la Secretaría de Energía y en el caso del último, a la CFE, con lo que esta paraestatal sería todopoderosa, sin que ente alguno revise sus funciones.
Otros rebotes: se daña totalmente la competencia económica y volvemos a un monopolio estatal en el que la CFE será autónoma en sus decisiones, escogerá a quién, cómo y a qué precio vende la electricidad, y los usuarios finales no podremos ni opinar.
¿Derechos de terceros? Veremos qué dicen John Kerry, el Senado de Estados Unidos y otros países cuyos empresarios decidieron invertir en el sector eléctrico mexicano. Y no tomo partido por ningún interés extranjero: sencillamente apunto que los efectos económicos y en pérdida de confianza impactarán al Estado Mexicano, más allá de la actual administración.
Estos son solo unos cuantos puntos destacados por personas que conocen a fondo el tema de la electricidad en México, y que me han ayudado a analizar la iniciativa presidencial. Hay muchos otros rubros que pretende modificar el gobierno con su propuesta, pero todos llevan a la misma conclusión: se trata de una reforma tóxica.