¿Qué es corrupción? Durante años la corrupción se definió como el abuso de poder público para beneficio privado. Esta podría parecer una definición útil, pero cada vez es más insuficiente. No porque sea falsa, sino porque ya no alcanza para describir las formas actuales de extracción, acumulación y violencia que atraviesan actualmente nuestras economías y sistemas políticos.
El caso de México es ilustrativo en este tema por varias razones. Más allá de los escándalos individuales, de las preferencias ideológicas, o de las narrativas morales, nuestro país aparece de forma constante en mediciones internacionales como un espacio donde la corrupción y el crimen organizado no solo existe, sino que define mercados, territorios y estructuras de poder. Un ejemplo de esto lo da el “Índice Global del Crimen Organizado” elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC por sus siglas en inglés), que acaba de sacar su tercera edición. Este índice no se presenta como un ranking de culpables, sino como un mapa de vulnerabilidades, como una radiografía de riesgos, trayectorias y capacidades institucionales. En este índice en la última edición aparecemos en el tercer lugar de 193 países analizados, respecto al tema de la incidencia que el crimen organizado tiene en nuestro país.
Esta cifra es devastadora para todos los mexicanos, pero conviene desempacarla. Primero que nada, es importante señalar que para los que nos dedicamos al tema de la corrupción, el primer elemento que aparece al analizar este tema es saber cómo definirla y cómo medirla. El segundo elemento que aparece es el tema de cómo medir algo que intenta permanecer oculto con la información disponible. Este enfoque es clave porque reconoce una verdad incómoda: tanto la corrupción como el crimen organizado son fenómenos que intentan permanecer ocultos. No se observan directamente, pero dejan rastros. En los flujos financieros, en la información de empresas pantalla en la violencia colectiva. Medir estos fenómenos exige recurrir a datos imperfectos, fragmentados y, muchas veces, transnacionales.
La urgencia de este enfoque mixto se vuelve aún más evidente en el contexto geopolítico actual. En un mundo donde la concentración extrema de riqueza se celebra en foros globales, como Davos, y donde líderes políticos normalizan discursos de impunidad y excepcionalismo, es más difícil sostener públicamente que la corrupción es un problema localizado en ciertos países o regiones. Y es que los datos sugieren lo contrario: que muchas de las economías criminales más violentas operan en estrecha relación con centros financieros, mercados legales y estructuras globales de poder.
Quizá una mejor forma de interpretar estos índices sea a través de una analogía con la salud. Un desorden metabólico, como lo es tener un nivel de glucosa elevado, no es únicamente el resultado de decisiones individuales, sino de entornos, exposiciones y sistemas que lo producen. Los sistemas económicos que nos alimentan y estresan al mismo tiempo. Reconocer esto no elimina la responsabilidad, pero la sitúa donde corresponde. Del mismo modo, entender la corrupción y el crimen organizado como productos de sistemas globales no absuelve a los actores identificables, pero impide reducir el análisis a la culpa individual.
Redefinir la corrupción no es un ejercicio semántico. Es una condición necesaria para medir mejor, intervenir con mayor precisión y, sobre todo, para asumir responsabilidades más allá de las fronteras nacionales.