Caso de Robles y Lozoya: son medidas cautelares, no justicia

Irene Tello Arista

Esta semana dos de los grandes casos de corrupción que lleva la FGR se tambalearon ante la opinión pública: el de Rosario Robles y el de Emilio Lozoya. El caso de Rosario Robles por el amparo que le otorgó un tribunal federal sobre la medida cautelar de prisión preventiva que se le había impuesto desde hace dos años. Esto significa que el resto de su proceso podrá llevarlo en libertad en lo que se determina si hay pruebas suficientes para declararla culpable. Por otro lado, la aparición de Lozoya en un lujoso restaurante de la Ciudad de México indignó a gran parte de la sociedad por la forma tan cínica en la que esta persona, involucrada en un desfalco al erario y recibir sobornos millonarios, sigue dándose una gran vida. El reclamo social fue por la impunidad en los actos de corrupción, sin embargo, en los dos casos la discusión debería estar en las medidas cautelares y en la mala aplicación e interpretación social que se hace de las mismas. El tema de impunidad también está presente, pero está muy lejos de poder determinarse, dada la baja capacidad de investigación de nuestras instituciones de procuración de justicia. El problema es que, al identificar las medidas cautelares de privación de la libertad con la justicia de un caso, el único beneficiado es el mal desempeño de la FGR.

Desgraciadamente, la baja efectividad de nuestras instituciones de procuración de justicia encuentra un aliado ideal en la casi nula comprensión que tenemos del sistema penal y su funcionamiento. Para muchas personas el hecho de que una persona esté en la cárcel debido a la prisión preventiva, aunque no se le haya sentenciado ni realmente comprobado que es culpable, implica que ya se terminó la impunidad en el caso. Por otro lado, el que una persona lleve su proceso en libertad, aunque se le asignen otras medidas cautelares, suele ser interpretado como una injusticia. Esto incentiva a que los ministerios públicos opten por solicitar la medida cautelar de prisión preventiva o que acusen a alguien de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa con tal de poner a una persona en la cárcel y dar la falsa imagen de justicia. En lo que se investiga el caso, y dadas las bajas probabilidades de lograr una sentencia condenatoria, prefieren refugiarse en esta figura.

El problema al final es la aplicación arbitraria de estas medidas. En el caso de Emilio Lozoya no se entiende por qué la FGR no solicitó la prisión preventiva ya que se había fugado inicialmente y dado que, de acuerdo a la propia acusación de la fiscalía, el nivel de un nuevo intento de fuga era elevado. Por otro lado, en el caso de Rosario Robles, no se comprendía el por qué solicitar esta medida cuando ella misma fue de manera voluntaria a la audiencia en la que se le vinculó a proceso. Sin embargo, para las personas parece que en un caso se hizo justicia al otorgar prisión preventiva, cuando en los dos casos sigue sin dictarse una sentencia para asignarse las responsabilidades y reparar el daño causado, es decir, estos casos de corrupción siguen impunes.

El tema de la investigación, la asignación de responsabilidades y la reparación del daño de estos y otros graves casos de corrupción no son todavía motivo de discusión pública y urge que lo sean. Mientras nos sigamos concentrando en las medidas cautelares como definición de justicia, veremos cada vez más casos como el de los académicos del Conacyt, acusados de delincuencia organizada, dado que es un delito que amerita prisión preventiva de manera automática. Y, por otro lado, veremos una FGR que no realiza investigaciones adecuadas porque se refugia en la mala interpretación que hacemos como sociedad de las medidas cautelares que impone a discrecionalidad.

 

Directora Ejecutiva de Impunidad Cero.
@itelloarista
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