Vivimos en un país en el que la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de tan solo 1.3%. Traduciendo esto a palabras llanas vivimos en un país con una terrible epidemia de impunidad. Sin embargo, es importante aclarar que esta cifra se compone de dos factores: por un lado de una alta cantidad de delitos que no se denuncian (93.2% de cifra negra a nivel nacional) y por otro lado de una baja efectividad en procuración de justicia a nivel estatal (19.4%, de acuerdo al Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías de Impunidad Cero). Es importante señalar estos dos elementos porque nos recuerdan la importancia de denunciar los delitos de los que somos víctimas y la necesidad de mejorar los procesos de denuncia en el país, así como de la trascendencia de mejorar las capacidades de gestión e investigación en las procuradurías y fiscalías estatales.

Desgraciadamente otro tema a considerar es la cantidad y el tipo de delitos que ocurren en el país. Considerando la cantidad de homicidios dolosos que ocurren cada día (110 en promedio) y que no parecen disminuir incluso en plena pandemia y la impunidad tan atroz para este delito (89% de los homicidios dolosos que acontecen en el país no se esclarecen), podemos concluir que estamos ante un sistema de justicia penal que no funciona. Si a eso le añadimos los casos de personas que están en la cárcel sin haber recibido una sentencia (37%) y los casos de violencia policial que hemos escuchado en los últimos días parecemos estar ante el escenario más desalentador posible.

Sin embargo, me parece importante hablar en estos términos de la problemática de violencia y de impunidad en México dadas las respuestas que se presentan ante las mismas. Por un lado tenemos un problema de incidencia delictiva a la alza para una gran cantidad de delitos y por otra parte tenemos la problemática de dar justicia a los delitos que ya acontecieron. Respecto al problema de la impunidad de los delitos que se cometen en el país me parece importante hablar de un tema poco mencionado: la cadena de impunidad que persiste en el país y qué hacer para disminuirla.

En los últimos días, he leído algunos comentarios al respecto de la necesaria reforma policial que se requiere en el país. Sin embargo, sigo sin ver una visión sistémica que considere la importancia de evaluar el sistema de justicia penal como un todo. Seré más específica, cuando se habla del sistema penal cada institución parece tener su propio diagnóstico sobre lo que falla en el el sistema, sin tomar en cuenta la importancia de los problemas detectados por otras instituciones y la forma de solucionarlos y lograr una articulación entre sí. Si uno le pregunta a la policía sobre el problema de impunidad en el país, muy probablemente le echará la culpa a la actuación de los ministerios públicos y de los jueces. Si se pregunta al ministerio público sobre esta problemática, le echarán la culpa a los policías y a los jueces. Si se pregunta a los jueces, le echarán la culpa a los policías y a los ministerios públicos. Al final estas diversas instituciones se echan la bolita del problema y los más afectados somos todos los mexicanos.

Mientras no entendamos que el sistema de justicia penal está conformado por diversas instituciones y procesos que deben articularse entre sí y que dicha articulación es un proceso que contribuye a los niveles de impunidad, no lograremos salir de este círculo vicioso. Malas prácticas y corrupción hay tanto en la policía, como en la procuración de justicia como en los jueces. Pero de la misma manera existen buenas prácticas en cada institución de justicia y en su manera de articularse con otras instituciones.

De nada sirve santificar a unos y demonizar a otros actores del sistema de justicia penal. Mientras no pensemos en políticas públicas que ayuden a articular de mejor manera el sistema de justicia penal que tenemos, la impunidad rampante del país seguirá siendo la gran epidemia nacional y nunca lograremos aplanar esta curva.



Directora Ejecutiva Impunidad Cero

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