Karla del Carmen Pontigo Lucciotto, de 22 años, trabajaba en un bar en San Luis Potosí. Karla, como muchas mujeres en el país, sufría hostigamiento laboral y sexual por parte de su jefe. A diferencia de sus compañeras de trabajo, el dueño del bar en el que trabajaba la obligaba a cobrar su salario fuera de las instalaciones de trabajo y en horarios no laborales. También la buscaba en otro establecimiento en el que laboraba y exigía que ella lo atendiera. Karla fue a trabajar el 28 de octubre de 2012 como otros días, sin embargo, salió de ahí en una ambulancia por las múltiples heridas que sufrió dentro del bar. Heridas que le ocasionaron la muerte un día después. Las pruebas que le realizaron en el hospital en el que falleció, determinaron que Karla había sufrido múltiples lesiones, tanto externas como internas, en distintas partes de su cuerpo, incluyendo sus genitales.
Se inició una averiguación previa para determinar qué había ocurrido y quién era el responsable, sin embargo, el lugar donde ocurrieron los hechos no fue analizado por los agentes del ministerio público hasta 40 horas después del incidente y cuando llegaron ya se había limpiado el lugar. Las cámaras del lugar donde asesinaron a Karla no fueron revisadas y la ropa que llevaba el día en que fue atacada no fue resguardada ni analizada como se debía. Desde su primera declaración, la madre de Karla pidió que se tratara el caso como un feminicidio y que se investigara con perspectiva de género, informando a las autoridades del hostigamiento que sufría su hija por parte de su jefe. A pesar de esta información, las autoridades no recabaron los testimonios de todas las personas que trabajaban en el bar el día del suceso.
Ante todas estas irregularidades los familiares de Karla intentaron apelar las decisiones de las autoridades, sin embargo muchas veces no pudieron hacerlo porque no se les informaba del estado de la investigación ni eran notificados respecto al caso, tampoco eran recibidas las pruebas que aportaban. Por todo lo anterior, la entonces Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí, determinó que la muerte de Karla había sido producto de un accidente al chocar contra una puerta de cristal y que el responsable sí era el jefe, pero tan sólo de no tomar las precauciones necesarias para evitar un accidente de tan fatídicas consecuencias.
Vivimos en un país no solo con altos niveles de violencia de género sino con una altísima impunidad en los mismos. Impunidad muchas veces ocasionada por la actuación negligente e ineficiente de las autoridades encargadas de investigar y procurar justicia para estas violencias: policías, peritos, ministerios públicos, fiscales y jueces. Por ello es tan importante el proyecto de sentencia que emitió este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al amparo en revisión interpuesto por los familiares de Karla Póntigo. La sentencia es el resultado de la inalcanzable lucha de la madre de Karla, María Esperanza Lucciotto López, su hermano, Fernando Zahid Lucciotto López y de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, por llegar a la verdad de lo que pasó.
La sentencia que emitió la Suprema Corte es un recuento de la negligencia e ineficiencia de las autoridades involucradas en la investigación del feminicidio de Karla. El proyecto ordena a las autoridades volver a empezar con la investigación, a que se realice con perspectiva de género, tomando en cuenta la evidencia aportada por las víctimas y notificándolas de todas las determinaciones. Pero además, contiene un elemento crucial que solicita se asignen las sanciones correspondientes a todas las autoridades, de todos los rangos, que con su actuar irregular permitieron la violación de tantos derechos. Esta sentencia es un paso significativo para obtener justicia para el caso de Karla y muchos otros porque reconoce la responsabilidad que toda autoridad involucrada en una investigación tiene y de cómo su negligente actuación puede terminar en una revictimización e impunidad para las víctimas.
Directora Ejecutiva de Impunidad Cero
