La corrupción afecta la vida de las personas de menores recursos. Yo lo sé de primera mano. Uno de los primeros recuerdos que tengo de mi infancia es esperar horas por una cita en el IMSS para recibir atención médica. Otro es el largo trayecto en transporte público para llegar a la escuela donde trabajaba mi padre y las horas tan tempranas a las que teníamos que despertarnos para llegar. A esto se sumaba el miedo que fue creciendo en mi mente al escuchar cómo un medio local narraba por megáfono los asesinatos y robos en mi colonia. Y el recuerdo de mi madre llorando desconsolada porque una prima suya había sido asesinada junto a su marido para robarles un poco de dinero en efectivo.
No quiero dejar de lado los privilegios que tuve: acceder a una gran educación gracias a las becas que obtuve fue una excepción, no la regla. Y esa excepción me enseñó algo que tardé años en nombrar: que la desigualdad en el acceso a servicios de educación, salud y seguridad de calidad no es un accidente, sino el resultado directo de la corrupción. Cada peso desviado de los impuestos es un servicio de menor calidad. Cada institución infiltrada por el crimen organizado es una colonia más insegura. La corrupción no es un problema abstracto: es lo que determina en qué condiciones nace y se desarrolla una persona.
Por eso, cuando hace 10 años los Panama Papers dejaron al descubierto cómo las personas más ricas y poderosas del mundo evaden impuestos, desvían recursos y lavan dinero, no lo leí como una noticia lejana. Lo leí como la explicación de algo que había vivido en primera persona, sin poder explicarlo.
Pero es importante recordar que todo comenzó con una persona que decidió alzar la voz. A partir de la filtración de 11.5 millones de documentos, correos e información sobre la operación de la firma Mossack Fonseca, un grupo de más de 500 periodistas trabajó simultáneamente y en silencio, respetando fechas de publicación para maximizar el impacto, para desentrañar los esquemas transnacionales y sus consecuencias locales. Lo que encontraron fue contundente: empresas anidadas unas dentro de otras para ocultar a los verdaderos dueños; productos financieros diseñados específicamente para dificultar el rastreo de recursos; y, quizás lo más revelador: políticos que habían llegado al poder prometiendo combatir la corrupción y exigiendo el pago de impuestos, pero beneficiándose de los mismos esquemas que denunciaban.
El impacto fue real y medible: varios funcionarios renunciaron o fueron destituidos, y en gran parte del mundo los registros de beneficiarios finales y la identificación pública de quién realmente es dueño de empresas se volvieron obligatorios. Sin embargo, no en todos lados. Muchos países siguen resistiendo estas políticas bajo el argumento de la privacidad de las personas que son dueñas y beneficiarias de una empresa. Pero este es un argumento que merece tomarse en serio y que puede resolverse técnicamente: es posible proteger datos sensibles con identificadores y mantener al mismo tiempo un nivel de transparencia que impida el abuso. Lo que no es aceptable es que el anonimato de los beneficiarios de empresas siga siendo una opción cuando sabemos el daño que producen. Decidir lo contrario es decidir que la privacidad de los más ricos vale más que la seguridad del resto. Y es que ahora somos los investigadores y periodistas los que tenemos que revelar nuestra información para acceder a estos datos.
A 10 años de los Panama Papers, pienso en la niña que esperaba en el IMSS, que se despertaba para llegar a la escuela de madrugada, que escuchaba el megáfono. Y agradezco que haya personas que, sin conocerme, decidieron estudiar y exponer el sistema que determinó las condiciones en que crecí. La investigadora que soy hoy espera que más personas entiendan que una persona puede hacer toda la diferencia; que hacen falta redes para combatir fenómenos tan complejos; y que, aunque parezca una batalla sin fin, estos actos tienen consecuencias directas en la vida de niñas y niños como yo en Iztapalapa.
@itelloarista
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