México inició el 9 de enero el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles. La intención es más que legítima: reducir delitos como la extorsión que se apoyan en la facilidad con la que durante años se activaron chips sin identificar. El problema, como suele ocurrir, no está en el objetivo, sino en la implementación.
El arranque del registro ha evidenciado lineamientos poco claros, tiempos extremadamente ajustados y una presión operativa difícil de sostener. Registrar casi un millón de líneas diarias para cumplir con los plazos es poco realista al ritmo actual. A ello se suma que no es del todo evidente qué validaciones deben hacer los operadores y cómo, ni qué ocurre cuando hay inconsistencias. Esa indefinición genera incertidumbre técnica, jurídica y operativa.
También hay un debate de fondo que no debe ignorarse. La efectividad del registro para combatir la extorsión no está probada. La evidencia internacional es, cuando menos, ambigua. La GSMA ha señalado que no existe prueba concluyente de que los registros obligatorios de SIM, por sí solos, reduzcan este delito. En muchos países, los criminales simplemente migran a VoIP -números sin SIM-, números extranjeros o esquemas más sofisticados. Eso no significa que el registro no tenga valor; sí puede ayudar a ordenar el mercado, facilitar investigaciones, reducir fraudes básicos y proteger a los usuarios frente a prácticas como el SIM swap. En México, además, el registro ya existe desde hace años en el pospago, sin mayor polémica.
El riesgo es otro porque, sin controles claros, sin procesos homogéneos y sin una estrategia sólida de ciberseguridad y comunicación, el registro puede desbordarse y terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. Por eso, una pausa técnica para recalibrar tiempos y procesos sería una decisión responsable. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) está comenzando y enfrenta una enorme presión política y mediática. Pedir una pausa no significa ir “contra” ella, sino acompañarla para que la política funcione. Aislar este tema de la lógica política y partidista es difícil, pero indispensable.
El segundo caso confirma el costo de no corregir a tiempo: el de los extrabajadores del IFT. Los responsables son diversos: Javier Corral y otros legisladores, el IFT, la ATDT, la CRT, en ese orden. Ayer, el periodista Claudio Ochoa publicó en EL UNIVERSAL la existencia de audios donde autoridades de la hoy CRT prometen ayudar a los trabajadores. Pero me parece que ese no es el punto, porque la CRT y la ATDT nunca han negado que hubo promesas, argumentan más bien un tema legal de “último minuto”, que explico en mi columna del 22 de diciembre.
Este es un tema de voluntades. Bien haría la presidenta Claudia Sheinbaum en intervenir, pero no por audios ni por escándalos, sino por justicia. No perdamos el foco: 1) es injusto que se haya aprobado el inequitativo precepto legal que propuso Corral; 2) es inadmisible que no se les haya advertido que firmar su baja sería interpretado como renuncia a derechos laborales, y 3) es indefendible que se hayan perdido casi dos meses “negociando” para, al final, mandarlos a tribunales.
Sean 100 o 70 trabajadores, da igual. Lo importante es que se corrija la injusticia. Podrían demandar y probablemente ganar, pero ¿por qué obligarlos a hacerlo? El problema ahora es que las relaciones ya están muy tensas y esto se está convirtiendo en una guerra mediática y de egos que a nadie ayuda.
En ambos casos el mensaje es el mismo: gobernar no es insistir, es rectificar y aquí hay dos claros ejemplos de cuando el caso lo amerita.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación
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