En las últimas semanas han comenzado a acumularse señales que apuntan a una agenda compleja en telecomunicaciones. Fraude digital, espectro, ciberseguridad y decisiones regulatorias aparecen cada vez más entrelazadas.
La reunión impulsada por la Global Anti-Scam Alliance (GASA) a finales del año pasado tuvo una convocatoria realmente amplia —aunque llamó la atención la ausencia de América Móvil, operador con la mayor base de usuarios móviles del país— en ella participaron banca, telecomunicaciones, plataformas digitales, procesadores de pago, organizaciones de consumidores y autoridades, todos en la misma mesa para hablar del fraude digital. El diagnóstico fue compartido, el fraude es un problema de ecosistema y no de un solo sector.
Ahí revivió el tema de la identificación de usuarios móviles. Tras la decisión de no exigir biométricos en vinculaciones presenciales, comenzaron a materializarse efectos que ya se habían advertido: SIMs vendidas en redes sociales, trazabilidad débil y una percepción de desorden que erosiona la confianza. Como consecuencia, se comenta que ahora sí se consideraría reformar los lineamientos de registro, ampliar plazos y evitar cortes masivos que coincidan con el Mundial de futbol.
Otro tema que se escucha con insistencia ahora es el del espectro radioeléctrico. La CRT ha reconocido públicamente su intención de impulsar tres procesos de licitación este año, para distintos usos y bandas. No se trata formalmente de una sola licitación múltiple, pero la planeación simultánea de tres procesos es muy ambiciosa. Para quienes vivimos las licitaciones de Cofetel o del IFT, sabemos que una sola implica una carga técnica, jurídica y administrativa considerable, pero tres al mismo tiempo no es trivial.
Aquí se cruza un dato relevante en el que hemos insistido unánimemente, y es que el costo del espectro es una de las barreras no arancelarias que México y EU no han logrado destrabar dentro del paquete de 54 temas identificados. En la Secretaría de Economía el tema se ha vuelto un dolor de cabeza, porque no se entiende la persistencia en un modelo tan cuestionado. A diferencia de otros frentes, como lo he reiterado en textos anteriores, este no es un juego de suma cero porque no hay una industria nacional protegida; tanto el fisco como los operadores podrían beneficiarse de un ajuste racional.
La otra conversación que se cruza con la anterior es todavía más delicada. Circulan versiones de que CFE Telecom podría lanzarse en breve como concesionario comercial. Esto implica tener una misma entidad, expresamente identificada en la ley como concesionario público, operando como comercial al mismo tiempo. La tensión con la Constitución, el T-MEC y otros tratados sería difícil de evitar y le sumaría una carga adicional a Ebrard en un momento altamente sensible de la relación bilateral.
Todo esto ocurre mientras la ciberseguridad del Estado muestra grietas cada vez más visibles. Apenas la semana pasada trascendió en la prensa un ataque cibernético a la Sociedad Hipotecaria Federal que paralizó parte de su operación, un episodio que volvió a poner sobre la mesa la fragilidad de la ciberseguridad en instituciones públicas.
Tensionada agenda para un sector ya de por sí complejo que vive una coyuntura especialmente inestable: estreno de marco regulatorio; flamante ecosistema institucional; nuevos comisionados y nuevo órgano regulador con poco presupuesto; renegociación del T-MEC, y todo esto aderezado con una geopolítica regional difícil de predecir.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación. X y Threads: @soyirenelevy