Por Fernando Bonilla Alguera
El pasado 23 de enero, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU, 2025). Como cada trimestre en que se da a conocer esta información, el dato más mediático fue el de la percepción de inseguridad. De ahí que en todas las notas periodísticas se resaltara que el 63.8% de la población mayor de edad consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Buena parte de los análisis se centró en identificar ascensos y descensos en las 91 áreas urbanas contempladas en la encuesta.
Sin embargo, un dato que suele pasar desapercibido es la percepción del desempeño de la Policía Municipal Preventiva. Esto es así porque el dato más reciente, a primera vista, no es tan positivo ni tan mediático. Que el 46.8% de la población residente en nueve decenas de ciudades considere algo o muy efectiva a su Policía Municipal Preventiva oscila entre lo mediocre y lo negativo. En el agregado, son policías que no cuentan con un apoyo mayoritario y se ubican en el último lugar en confianza y en la percepción positiva del desempeño entre las agencias de seguridad del país. Están muy lejos de las Fuerzas Armadas (siempre por encima del 80%) y apenas detrás de las policías estatales (apenas rebasando el 50%).
Si revisamos la serie histórica del dato, veremos que puede ocultar algún aprendizaje en materia de políticas públicas de desarrollo policial. Una década atrás, apenas el 32.9% de la población tenía una opinión positiva sobre el desempeño de sus policías municipales y en 2024 alcanzó su máximo con 48.6%. Un incremento de 15 puntos porcentuales no es para nada desdeñable, incluso considerando que el dato más reciente es claramente insuficiente para las necesidades de la ciudadanía de esas 91 ciudades. Dicho de otra manera, las policías municipales no están bien, pero hace una década estaban muy mal.
Con toda razón, habrá quien considere que la mejoría es precaria si se toma en cuenta la enorme cantidad de recursos destinados a esta labor. Mediante el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), se destinaron aproximadamente 2 mil 600 millones de pesos anuales entre 2016 y 2020 para equipamiento e infraestructura en 286 municipios. Mientras que para este año fiscal se han destinado casi 7 mil millones de pesos a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).
Ciertamente, el análisis costo-beneficio no es tan positivo. Sin embargo, no se puede negar algún tipo de progreso, aunque la mejoría no sea atribuible directamente a los recursos de la federación. Al menos una revisión más detallada y desagregada de los datos de la ENSU permite observar casos interesantes que valdría la pena investigar con mayor profundidad. Por ejemplo, hay ciudades en las que la valoración positiva del desempeño de sus policías municipales preventivas es claramente mayoritaria, en algunos casos superior al de la policía estatal. En Saltillo y Piedras Negras, Coahuila, las policías locales registran respaldo ciudadano del 70.8% y 77.9%, respectivamente; mientras que la policía estatal ronda el 70%.
Ligeramente mejor se encuentran tres municipios de Nuevo León: General Escobedo (74.5%), Apodaca (77.7%) y San Nicolás de los Garza (78.8%). Un nivel más abajo se ubican Tampico (62.9%) y Ciudad Victoria (67.8%), en Tamaulipas. Así como Chihuahua (62.2%) y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco (62.7%). Un caso atípico que sobresale de inmediato es San Pedro Garza, Nuevo León. Ahí su población valora mejor el desempeño de la Policía Municipal (93.1%) por arriba de las Fuerzas Armadas: Ejército (85.8) y Marina (84.2), así como de la Policía Estatal (83.2%)
Estos datos permiten mitigar el pesimismo, pero no dan para echar las campanas al vuelo. En términos generales, las policías municipales operan en condiciones de precariedad y se encuentran distanciadas de la ciudadanía. Para muchos analistas, son el eslabón más débil de las políticas de seguridad pública; para otros, se encuentran desprotegidas. Desde la federación se han formulado varias políticas públicas orientadas al fortalecimiento de sus capacidades institucionales. Desde la academia y la sociedad civil organizada se han planteado diversas propuestas para dignificar y profesionalizar la labor policial.
¿Qué de eso ha funcionado? Aunque sea en menor escala o de manera focalizada, en este selecto grupo de policías municipales podríamos encontrar evidencia de políticas públicas orientadas a mejorar la confianza ciudadana, condición indispensable para la implementación de modelos de proximidad policial. No se trata de llevar el “modelo San Pedro Garza” a más de dos mil municipios, sino simplemente de recuperar lecciones de gestión policial susceptibles de adaptarse a otras realidades subnacionales.
Profesor-Investigador del Instituto Mora
https://www.institutomora.edu.mx/Investigacion/Lists/InvestigadoresIM/Perfil.aspx?ID=11