De Alaska a la Tierra del Fuego, el continente americano registra dramáticos deterioros ambientales. Del derretimiento acelerado del polo ártico a los incendios forestales, de los ciclones intensos y más frecuentes en los trópicos, a las inundaciones y sequías prolongadas, de la deforestación de sus pulmones naturales como la Amazonia a la contaminación del aire por elevados niveles de emisiones atmosféricas en las ciudades, el continente se encuentra sumergido en una profunda crisis ambiental y climática. La pandemia de la COVID19, cualquier sea su origen, constituye también una clara transgresión de los límites biofísico del planeta y la sobreexplotación de los ecosistemas asociados y no es un caso que el continente registre el mayor número de víctimas mundiales.
En la riqueza del pensamiento ecológico y ambiental del continente, sobre todo en las corrientes críticas de estudios ambientales latinoamericanos, se inicia a hablar de una condición de necro-ecología, un concepto para definir la situación negativa, venenosa, macabra y mortífera de las actuales políticas medio-ambientales en la región. Se refiere a la idea de que un gobierno puede tener el poder de dar muerte (necro) a su entorno medioambiental, con decisiones equivocadas que avalan proyectos y tecnologías de explotación y destrucción de recursos naturales, que debiliten los dispositivos legales y administrativos que ordenan, regulan y sistematizan la relación entre hombre y la naturaleza y violen los derechos humanos a un medio ambiente sano. Sin contar con la idea que tal necro-política ecológica compromete los esfuerzos de un desarrollo sostenible y frena la lucha para detener la crisis climática.
En el actual desempeño de los países del continente en materia ambiental, podemos reconocer algunos rasgos comunes de necro-ecología. En primer lugar estamos asistiendo a un desmantelamiento de instituciones ambientales como en el caso de Estados Unidos bajo la presidencia Trump o en Brasil con Bolsonaro, junto con políticas de austeridad, como en México, que quitan recursos a las instituciones ambientales y a los operadores especializados para hacer frente a las emergencias ambientales. En segundo lugar, la violación de derechos humanos de periodistas y de los activistas y protectores del medio ambiente que luchan contra del constante envenenamiento de las tierras con el desecho incontrolado de sustancias tóxicas en Colombia, Perú, México es alarmante.
En tercer lugar, el despojo constante de las tierras indígenas para el lanzamiento de mega-proyectos de desarrollo turístico, industrial y minero de la región. Según datos del Atlas de Justicia Ambiental, en los últimos tres años, los conflictos ambientales por explotación de recursos naturales en la región han aumentado de un 30%, sobre todo en relación a la industria minera. En Brasil, en particular, una ola catastrófica de daños ambientales se ha manifestado con el cambio de políticas nacionales del medio ambiente, para acelerar el crecimiento de la producción agrícola y de alimentos, la tala de árboles y una saturación de pesticidas altamente peligrosos no regulados.
Otra importante dimensión de la necro-ecología es la actuación política de los gobiernos de la región en materia de neo-extractivismo, es decir la explotación de recursos naturales de forma voraz en la región en el nombre del crecimiento económico. Sin distinción alguna entre gobiernos progresistas y de derecha, las actuales políticas ambientales desde Canadá a Chile, promueven y favorecen la intensificación de la extracción de recursos como el petróleo, el agua, la ya citada minería entre otros, con un “novedoso” aumento del papel del Estado en la extracción y/o en la apropiación de las rentas de la exportación de los commodities.
Esta fase, reconoce la existencia y la particularidad de unos estados rentista que se financian mediante una porción considerable de ingresos provenientes de las ventas, rentas y extracción-exportación de bienes naturales. Si bien todo ello no representa “nada nuevo” en la historia de la región, la intensidad, junto con la permisividad de los gobiernos actuales, han acelerado estas prácticas llevado a un escenario catastróficos de destrucción ambiental brutal, sin contar la cantidad de emisiones de gases a efecto invernadero que derivan de este rumbo extractivista y el consecuente impacto sobre el cambio climático.
La necro-ecología nos recuerda nuevamente la necesidad de actuar con urgencia para realizar programas ambientales y de políticas públicas ecológicas de largo aliento, con visión de sustentabilidad. En un momento internacional dominado por el coronavirus y en el cual el discurso ambientalista “oficial” basado en la narrativa de la sustentabilidad y del cambio climático se han convertido en parte fundamental de los procesos de desarrollo de la región (Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible), las nuevas políticas públicas que legitiman la muerte ambiental de la región, representan una peligrosa paradoja para el continente. La presión sobre los recursos naturales provoca despojo territorial, conflicto social, pobreza económica, intervención y control gubernamental, contaminación ambiental, destrucción patrimonial, violencia militar y paramilitar y violación de derechos humanos. Un panorama sumamente negativo y macabro que los gobiernos de la región tienen la obligación de revertir.
Dr. Simone Lucatello
Profesor investigador de tiempo completo del Instituto Mora, Centro público Conacyt. Miembro del grupo de expertos de la ONU (Ipcc) sobre cambio climático, se interesa de temas de sustentabilidad, desarrollo, gestión de riesgos de desastres y asuntos humanitarios.
