Gustavo Sosa Núñez
Quién pelea, dónde pelea y cómo pelea son tres aspectos que deciden el impacto de un conflicto. Considerando esto, todo conflicto bélico tiene implicaciones ambientales de diversa índole y alcance, con efectos adversos para los ecosistemas antes, durante y después de que suceden, lo que se expone en los siguientes párrafos. La importancia es tal, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 6 de noviembre como el Día Internacional para la prevención de la explotación del Medio Ambiente en la guerra y los conflictos armados.
Previo a los conflictos, el desarrollo y el mantenimiento de fuerzas militares requiere de mucho consumo de recursos naturales, como agua y minerales críticos. Además, el entrenamiento y la preparación estratégica consumen energía fósil en grandes cantidades, lo que incide en una importante contribución de emisiones de gases de efecto invernadero, además de que se destruyen hábitats terrestres y marinos por las prácticas. Esto se acompaña de contaminación auditiva y química ocasionada por el uso de armas y transporte militar, incluida la aviación.
La duración de los conflictos depende de su historia y el contexto. Pueden ser cortos y devastadores, o pueden durar mucho tiempo y ser de baja intensidad. Esto también incide en afectaciones ambientales, pues si la intensidad es alta, hay mayor demanda y consumo de combustible fósil, si es baja, la degradación gradual del territorio es constante.
Mientras que en zonas urbanas resultan grandes cantidades de escombros y el amontonamiento, disposición y quema de residuos que causan contaminación del aire, agua y suelo; en zonas rurales aumenta la deforestación, pues comunidades pueden requerir madera como combustible o cambiar el uso de suelo para agricultura, u organizaciones criminales pueden tomar ventaja del colapso de la gestión de recursos. Cabe destacar que, si instalaciones industriales, petroleras o energéticas son blancos de ataques, la contaminación es de mayor escala, con implicaciones preocupantes si es infraestructura nuclear. Por su parte, en el mar, buques y submarinos dañados y destrozados, así como minas, contribuyen a la contaminación marina con metales y materiales tóxicos.
La etapa posterior al conflicto también ocasiona daño ambiental, aunque con un matiz diferente. Si existe un gobierno débil, la atención de necesidades básicas puede no ser la adecuada, como las sanitarias. Además, el desplazamiento y reubicación de la población afectada puede tener huellas ambientales importantes. Aunado a esto, la limpieza de minas y residuos explosivos puede resultar en la degradación del suelo y el subsecuente impacto negativo en el uso de la tierra.
Así, el costo ambiental de la guerra es inmediato y acumulativo, destruyendo ecosistemas hoy y debilitando la capacidad de las sociedades para afrontar afectaciones como el calor, la sequía, las inundaciones y la pérdida de cosechas en el futuro. Reconocer y documentar esta destrucción es fundamental, no solo para exigir responsabilidades, sino también para planificar en conjunto la reconstrucción de infraestructura civil y la restauración a largo plazo del medio ambiente de las zonas afectadas.
Con información de:
- Conflict and Environment Observatory. (2025). How does war damage the environment? 5 de mayo de 2025. Disponible en: https://ceobs.org/how-does-war-damage-the-environment/
- Green Peace. (2026). Cómo la guerra destruye el medio ambiente (además de vidas). 20 de marzo de 2026. Disponible en: https://es.greenpeace.org/es/noticias/como-la-guerra-destruye-el-medio-ambiente-ademas-de-vidas/
- Haavisto, P. (2005). Impactos ambientales de la guerra. En Renner, M., French, H., & Assadourian, E. (eds.). La Situación del Mundo 2005: Redefiniendo la seguridad mundial. Barcelona: Icaria; Centro de Investigación para la Paz, pp. 275-278.
Gustavo Sosa Núñez es Profesor-Investigador en el Instituto Mora. Doctor en Ciencia Política y Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de East Anglia. Realizó una estancia posdoctoral en la FCPyS de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel II. Sus intereses de investigación refieren al enfoque ambiental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y la política ambiental y climática en México, a escala regional e internacional.
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