Canadá tiene abundantes reservas de hidrocarburos, principalmente en sus provincias mediterráneas, Alberta y Saskatchewan; con el fin de poder exportar esos recursos, fue necesario construir el oleoducto “Trans Mountain” que desemboca en la costa del Pacífico, atravesando el territorio de la provincia de Columbia Británica. El oleoducto comenzó a funcionar en 1953 y en 2012 se echó a andar un proyecto para ampliar su capacidad.
El proyecto de ampliación ha estado sujeto a controversia y fuerte oposición desde que el gobierno federal dio luz verde a la ampliación. La oposición al proyecto se origina por diversas razones: el gobierno provincial de Columbia Británica (BC) y grupos ambientalistas se oponen al proyecto por sus posibles efectos sobre los ecosistemas; las naciones indígenas, conocidas como primeras naciones argumentan que se violó su derecho a decidir sobre sus territorios.
Por otro lado, también existen grupos que apoyan fuertemente el proyecto: una gran mayoría de la población de Alberta y a nivel nacional, aproximadamente la mitad de la población y entre los miembros de las primeras naciones, varias autoridades tradicionales se han pronunciado a favor del proyecto.
La controversia llegó a las cortes cuando el gobierno provincial de BC decidió aprobar legislación para regular la construcción de infraestructura de transporte hidrocarburos en su provincia, lo que en la práctica implicaba detener las obras. El gobierno federal argumentó que la construcción del oleoducto es de competencia federal dado que atraviesa dos provincias por lo que continuó con las obras, lo cual fue impugnado por el gobierno de CB en los tribunales. Paralelamente, varias naciones indígenas acudieron a las cortes para impugnar el proyecto. De acuerdo con los demandantes, las consultas llevadas a cabo por el gobierno federal no fueron suficientes y no respetaron su derecho a decidir sobre su territorio.
En enero de 2020, la Suprema Corte decidió que el gobierno federal tiene capacidad para decidir sobre un proyecto de infraestructura que atraviesa varias provincias por lo que desestimó los argumentos del gobierno provincial y en febrero de este mismo año, el máximo tribunal decidió no modificar la resolución de una corte federal de apelaciones que consideró suficientes las consultas y, por lo tanto, continuar con la construcción del oleoducto.
El conflicto originado por la expansión del Trans Mountain se ha combinado con la oposición a la construcción de otro ducto en CB, llamado Gas Link y se ha endurecido. Varias naciones indígenas en diversas partes de Canadá bloquearon las vías de tren durante varios días colapsando el transporte de pasajeros y mercancías, con alto costo económico. Alberta, la provincia con PIB per cápita más alto de Canadá, depende de la exportación petrolera, por lo que su gobierno y el de Saskatchewan insisten con fervor en la ampliación del oleoducto; algunos políticos intrépidos han sugerido incluso, la independencia de ambas provincias.
La política energética canadiense encierra varias contradicciones que pueden brindar lecciones valiosas para México: ¿Explotar los recursos naturales con que cuenta el país debe tener prioridad sobre la preservación de los ecosistemas? ¿Dónde establecer el límite entre el derecho de las primeras naciones a decidir sobre su territorio versus la necesidad del gobierno federal de ejecutar proyectos que promuevan el crecimiento económico?
Con la reciente caída del precio del petróleo hasta cifras negativas y en medio de la crisis provocada por el coronavirus, es crucial que Canadá discuta su política energética hacia el futuro. La democracia canadiense tiene un vigor que debe permitir llegar a un acuerdo benéfico para todo el país.
