Un testamento impugnable

Ignacio Morales Lechuga

La única garantía de gobernabilidad de México, en caso de que el presidente dejara de existir, debería estar en la fuerza y estabilidad de nuestras instituciones. Esto, porque el Poder Ejecutivo y su continuidad no son  parte  del patrimonio heredable de nadie, ni pueden ser párrafos agregados a un testamento personal. No al menos en la arquitectura de una república democrática.     

Por el bien de México, y de él mismo, deseo que el presidente conserve la salud y que termine en 2024 su mandato. Como sus antecesores, habrá hecho lo que pudo y será la historia quien lo juzgue, lo condene o lo absuelva como corresponda a su obra.

La noticia del testamento pinta la psicología del testador, a quien ningún abogado le dijo que preside una república democrática, no una monarquía hereditaria en la que corresponde al rey nombrar a su sucesor. Quien quiera cortar –de entrada– cualquier espejismo testamentario, tiene a su alcance la relectura del artículo 84 constitucional que previene institucionalmente las crisis de gobernabilidad, en caso  de llegar a faltar el jefe del Poder Ejecutivo federal. En el rumbo institucional de una nación no puede haber indispensables.   

El agregado testamentario –dirigido quizá al círculo rojo presidencial seguramente como un instructivo a seguir– subraya de fondo una característica que los gobernados sabemos de la 4T: el desprecio general a las instituciones, incluidas las  electorales, largamente construidas con la visión y esfuerzo de muchas generaciones de mexicanos hasta lograr comicios creíbles y profesionalmente organizados.

Si los comicios mexicanos son “caros”, ello refleja indirectamente la gravedad del mal de origen de nuestra evolución política: venimos de la manipulación del voto, con todos los subterfugios que dieron lugar al “ratón loco”, la “urna embarazada”, las “casillas zapato” y otras tretas para consumar el fraude electoral en favor del sucesor ungido por la voluntad de cada presidente en turno.

Desde 1993, cuando México tuvo por fin las primeras elecciones completamente ciudadanizadas, el árbitro electoral ha logrado mantener reconocimiento a su alta confiabilidad y transparencia. Hoy, cada ciudadano mexicano puede tener una credencial de elector única en el mundo, con 16 candados de seguridad. Tener un IFE robusto (hoy INE) fue necesario para disipar al fantasma del fraude. Desde luego esa estructura jurídica y organizativa cuesta dinero.

La “puntada” del testamento es preocupante si quienes cuestionan al árbitro electoral son el propio jefe del gobierno en el poder  y sus huestes de anticipados, dispuestos a recrear un proceso de “tapadismo” que nos retrotrae al México sesentero de la presidencia imperial y nos coloca ante un nuevo cesarismo mexicano, con un hombre providencial y carismático dotado de autoridad suprema y legitimidad electoral ilimitada, que hereda el poder y hace recomendaciones a sus seguidores y las plasma en su testamento como un agregado más de su voluntad patrimonial.

La Constitución y las leyes electorales proveen (al menos todavía) los instrumentos para impugnar e invalidar cualquier disposición  testamentaria sobre la continuidad de un gobierno más allá del plazo para el que fue elegido. La historia provee también lo que suele suceder con los testamentos políticos de quienes han querido ejercer todos los poderes con base en su persona. Es lo primero que tuercen o desechan los sucesores.

En la picaresca política mexicana –a veces dolorosa y sin gracia–, hay sin duda más tela de dónde cortar. ¿Quiénes son los albaceas?  Que levanten la mano y nos diga, cada uno, cómo piensan ejecutar los deberes testamentarios, digo. 
   
Notario, exprocurador general de la República

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