En su primer trienio, este gobierno ha dejado en claro que no admite centros alternos de poder, ni públicos ni privados. Bajo la acusación de que son corruptos y de elevado costo, la demolición avanza y abarca a organismos descentralizados, colegios profesionales, sindicatos obreros y patronales, organismos internacionales, hospitales, institutos de salud y fideicomisos.
Casi cualquier entidad cuyas funciones hagan contrapeso al control del Ejecutivo (como el seguro popular) ha desaparecido o está en riesgo de quedar anulada, como el Inai y el INE. Más de mil millones de pesos han desaparecido bajo la promesa de atender directamente las funciones de institutos y fideicomisos eliminados (Fonden), aun si se cuentan por decenas de miles las personas desatendidas, como en Veracruz con damnificados de inundaciones.
Alimentada desde una restaurada y omnipresente presidencia imperial, la parte más radical de la 4T muestra decisión y capacidad para atacar y perseguir a toda organización que revele independencia de opinión o ejerza su autonomía constitucional. En un extremo, se abusa de la prisión preventiva oficiosa al equipararse con delincuencia organizada la conducta de quienes no cuenten con la simpatía oficial.
Los empresarios resintieron primero los efectos del sometimiento al poder político. Humillados por litigar impuestos con base en las propias leyes fiscales, conocen bien los efectos de las tundas mediáticas. Compraron millones de pesos en boletos para la rifa de un avión, a sabiendas de que participaban en una tomadura de pelo o escarnio público por sus aparentes o reales pecados. Hoy conservan la interlocución y el poder que el Presidente les permite.
Al planteamiento inicial de que Ejército y Marina ni siquiera deberían existir, siguió la paranoia de un golpe de Estado, hasta confluir en la cooptación de las fuerzas armadas, recompensadas con prestaciones y encomiendas propias de la vida civil, para construir y administrar un tren o un aeropuerto y otras que favorecen la incondicionalidad de mandos ante responsabilidades distintas a las legalmente asignadas a una fuerza armada.
En la progresiva pérdida o debilitamiento de las instituciones, el deterioro social, económico y político, la inseguridad, la violencia, la pobreza y la marginalidad siguen creciendo exponencialmente.
A todo esto parecemos estarnos acostumbrando en una nueva normalidad de la que forma parte el récord histórico de 100 mil homicidios impunes, con más feminicidios, más secuestros y fuerzas criminales que ejercen control territorial a pesar del poder de fuego exhibido en reciente desfile.
Con partidos políticos debilitados, se acumulan sin consecuencia legal ni reacción federal las acusaciones de lavado de dinero y de presencia activa de la delincuencia organizada para apoyar candidatos del partido oficial, hoy recompensado con 11 gubernaturas más.
Es triste que la crítica y la libertad de prensa encuentren sanción inmediata desde el podio matutino donde se dictan reglas no escritas de “buen periodismo”. Sólo un medio impreso, —al parecer a gusto como portavoz del oficialismo— recibe más de 200 millones de pesos de inversión anual federal en publicidad, ante una drástica reducción para casi todos los demás.
Los medios críticos y las redes sociales parecen los únicos espacios que frenan el avance del atropello. Si todo centro alternativo de poder sigue siendo tratado como enemigo y el ciudadano lo permite, la huella del absolutista modelo venezolano podría estar marcando buena parte de la vida nacional, más allá de los próximos tres años.
