Los casos criminales de escándalo se multiplican. En pocos días, la falaz doctrina de prohijar impunidad ante la violencia criminal demostró que la seguridad pública ha llegado a un punto de quiebre, con la presidencia omnímoda como parte del problema, no de la solución.  

En menos de una semana y a raíz del brutal asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, la Conferencia del Episcopado Mexicano exige al presidente hacer justicia y cumplir con sus obligaciones constitucionales: Y le recuerda: “Es tiempo de revisar las estrategias de seguridad que están fracasando. Creemos que no es útil negar la realidad y tampoco culpar a tiempos pasados de lo que tenemos que resolver ahora”, precisan los obispos de México.

Hace pocos días, un jefe de la policía local de la CDMX enfrenta y detiene a una célula fuertemente armada del crimen organizado que —confiada de hecho en la inacción federal de abrazos no balazos—   decide extender a sangre y fuego su dominio sobre la capital del país.  

Luego, en condiciones confusas, cae el helicóptero que transportaba al grupo de marinos que participó en la captura de un capo histórico con acusaciones pendientes en  Estados Unidos. Mueren 14 de ellos. En público la directora de esa agencia Anne Milgram felicita “al increíble equipo de la DEA en México (que) trabajó con las autoridades mexicanas para arrestar a Caro Quintero”. El embajador de EU, Ken Salazar, juega las contras al señalar que “ningún personal de EU participó en la operación táctica que resultó en el arresto”. No cabe duda, el descuidado manejo de la seguridad pública escribe casi a diario sus propias páginas vergonzosas o  grotescas.  

En cualquier escenario, para tratar de frenar la caída libre de la seguridad pública, el punto indispensable será querer hacerlo, algo que no parece posible antes de 2024.  

Sólo una auténtica política nacional en esa materia, con la creación inmediata de un Organismo Descentralizado y constitucionalmente autónomo, que tenga a su cargo la implementación de políticas transexenales para un correcto despliegue y desempeño de las tareas de seguridad pública, la integración puntual, correcta y esmerada de las carpetas de investigación que permita una correcta procuración de justicia y que además diseñe las tareas y áreas de oportunidad para lograr la readaptación social. Un organismo de esta  naturaleza podrá acometer una tarea tan compleja como necesaria y que día a día se vuelve más urgente.  

La célula básica de la República no puede seguir abandonada a su suerte ante la insolencia y el avasallamiento que hoy corroe, atemoriza y copta autoridades. La Secretaría de Gobernación está llamada a coordinar la enorme tarea de rescatar al municipio de su infame degradación.  

Parte de ese proceso profundo de reordenación estratégica ya es materia de seguridad nacional y será, necesariamente prolongado y costoso, pues supone la depuración y reorganización del conjunto comenzando por recuperar para las policías municipales y estatales, la autonomía operativa de investigación que les permita actuar localmente contra la criminalidad, en coordinación con las policías estatales y con el apoyo de la Federación y renovadas capacidades de inteligencia y de encausamiento penal y reclusión de los criminales impunes.  

La falta de resultados de la Federación en las tareas de investigación, esclarecimiento y detención de criminales y bandas que escalan su actividad hacia la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas —cuando su obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes— seguirá empujando hacia un Estado paralelo al Estado de derecho.

La Guardia Nacional convertida de hecho y de derecho en una extensión formal y administrativa de las fuerzas armadas, como algunos pretenden, puede agregarle aún más tareas ajenas a la autoridad militar, sin satisfacer las demandas sociales de paz y seguridad. La combinación de miedo y hartazgo ciudadano ante la violencia, son de tal magnitud que quizá actúen como un motor importante para mover la voluntad ciudadana hacia las urnas en 2021 y 2024. Es evidente que hemos llegado a un punto de quiebre que nos da lo mismo cómo se resuelva.  

Notario, exprocurador general de la República