Salud pública en quiebra

Ignacio Morales Lechuga

¿Quién certifica en México que los recién llegados cuenten con la cédula profesional exigible a todo médico? ¿Van a pagar impuestos?

A los médicos mexicanos, por su entrega y compromiso.

El convenio con el gobierno de Cuba para que vengan a México 500 médicos especialistas que compensen la supuesta falta de médicos en algunas zonas marginadas del país, es la más reciente, pero no la única ni la peor evidencia de que la política pública en salud en este sexenio es la suma acumulada de ocurrencias, palos de ciego y de nuevas y malas decisiones.

Definitivamente la salud pública no es ni habrá sido lo fuerte de un gobierno que piensa sólo en las elecciones. Cito hechos cuyas consecuencias apenas ven quienes los gestaron: el brutal reemplazo del seguro popular por el Insabi, que demolió la estructura anterior sin tener una mejor, para regresarla ahora a un menguado IMSS como eje rector de la salud en nuestro país.
 
¿Y qué decir del peor desabasto de medicamentos de que se tenga registro en la historia de la medicina institucional mexicana? Una administración desinformada lleva a México, en plena pandemia del Covid, a la “pepena” mundial de vacunas y al extravío de lotes completos.  En el camino hay hechos sorprendentes: ¿se investigará la compra de medicamentos que se dejaron caducar, al no ser distribuidos oportunamente?
 
A la afectación general de instituciones de salud y de manera particular del seguro popular, el gobierno desató una batalla campal contra los laboratorios, sin medir consecuencias. Hoy se interponen juicios de amparo para obtener la aplicación de vacunas anticovid para niños o para recibir medicamentos contra el cáncer.

Desde la cúspide de un gobierno de brújula extraviada que incumple y manda al carajo las leyes promulgadas, se decreta que dar a conocer los contratos de compra de vacunas atenta contra la seguridad nacional. Es el colmo de la opacidad. La estadística registra más de 600 mil muertes por Covid y desatención constante de otras enfermedades.

Sin esperanza de correctivo por las pifias acumuladas, se advierten nuevas formas y más extremas de culpar al pasado de la postración actual, de la cual el caso de los médicos cubanos es una pieza más.  

Colegios y Academias profesionales expresan sus razones y argumentos: cerca de 50 mil médicos mexicanos están sin empleo y sólo había 7 mil vacantes concursables en todo el sector. Ayer se anunció la creación finalmente de 13,765 plazas federales y estatales. Vaya rezago. Los 20 mil médicos restantes tendrán que seguir estudiando y concursando para obtener una especialidad. Atender pacientes desde la modesta mesa exploratoria de una farmacia es la mejor oferta al alcance de los 17 mil egresados de las 158 universidades que ofrecen la carrera médica en nuestro país.  El año pasado fueron asesinados médicos en varias partes del país. En diciembre miles de médicos fueron dados de baja por el Insabi al terminar su contrato por 4 meses.

Dar preferencia a extranjeros sobre mexicanos para ocupar puestos públicos transgrede la Constitución (art.32), pero no es la única objeción razonable ante un convenio para traer especialistas con salarios —se ha dicho— equivalentes a $160 mil pesos al mes contra 18 mil de un médico mexicano en el sector salud. El resultado de la contratación estará por verse, pero no se ha dicho nada sobre la escasez de medicamentos y de equipo hospitalario.

¿Quién certifica en México que los recién llegados cuenten con la cédula profesional exigible a todo médico? ¿Van a pagar impuestos como lo hacemos los mexicanos por la cantidad que reciben? ¿El gobierno se ha cerciorado que Cuba no explote laboralmente a los médicos que envía? ¿En casos de mala práctica médica responderán ellos mismos? ¿Será responsable el gobierno mexicano, de acuerdo con la ley de responsabilidades del Estado? ¿Estarán sujetos como los médicos mexicanos al régimen legal? ¿Las recetas de los cubanos se podrán surtir en las farmacias? ¿Con qué cédula profesional? Esas y muchas preguntas más quedan en el aire.

El gobierno que prometió hacer del sector salud algo equivalente al de Dinamarca. Solo ha logrado su quiebra.  
 

Notario, exprocurador general de la República

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