¡Reglas claras!

Ignacio Morales Lechuga

Este gobierno podría empeñarse en reactivar la confianza y la certeza jurídica quedan las reglas claras, y que hacen posible la inversión

A las mamás por el día de ayer
y por siempre.

 

Como una acción necesaria, aunque de alcance limitado para contener los precios ante una inflación reconocida oficialmente como la más alta en 21 años, el paquete de medidas concertado entre gobierno y grandes empresas tiene, de entrada, una virtud: proyecta la posibilidad de un mejor ambiente en la relación presidencial con quienes piensan distinto y, en lugar de epítetos y descalificaciones son convocados a ponerse de acuerdo para atender problemas reales.

¿Está próximo el fin del discurso despectivo y de polarización tan característico en el podio mañanero? ¿Es posible una relación distinta con empresarios e inversionistas? ¿Veremos surgir una figura presidencial de concordia que ayude a resistir de manera menos brutal los efectos de las inestabilidades nacionales e internacionales que afectan los mercados de la energía y los alimentos?

Contener y estabilizar temporalmente precios de 24 productos agrícolas de la canasta básica y buscar incluso una mayor oferta puede asegurar que este año no falten frijol, maíz, arroz y leche en la mesa de los mexicanos. No es poca cosa. Las grandes cadenas comerciales tendrán en esto una parte decisiva, ya que el paquete no incluye sino de manera indirecta al pequeño comercio, que lleva el abasto familiar del 52 por ciento de la población.

Aplicar aranceles cero en la importación de alimentos los próximos seis meses, es también un acierto, pero si estos siguen subiendo de precio en los mercados internacionales, el costo financiero del paquete —estimado en 1.4 del PIB— puede adelantar su insuficiencia cuando los precios internos no alcancen a cubrir los costos de importación.

Interesante que el gobierno no haya soslayado y reconozca la inseguridad imperante en carreteras y puertos, afectados gravemente por acciones de la delincuencia organizada, como el cobro de paso y de piso que ha hecho subir hasta en 40 por ciento los precios al consumidor del limón y el aguacate. ¿Puede contenerse la impunidad de ese violento e inflacionario “negocio criminal” con abrazos, o veremos a un gobierno decidido a imponer la ley con inteligencia, capacidad y decisión y a no evadir su alta responsabilidad constitucional ante la seguridad pública?

Los precios oficiales congelados por decreto tienen en nuestro país una historia negra. La década de los años 70 exacerbaron el problema, al registrarse tasas de hasta 165 puntos de inflación al año.

Los pactos económicos entre gobierno, empresarios y trabajadores impulsados durante el gobierno de Miguel de la Madrid fueron un novedoso mecanismo temporal en las crisis heredadas de los dos sexenios anteriores (Echeverría y López Portillo). La fiebre inflacionaria se redujo a un menos inmanejable 20 por ciento cuando México se atrevió a mirar hacia la apertura de mercados de la que hoy dudan los más trasnochados teóricos de la 4T.

Pocos recuerdan cuando los precios de las subsistencias eran remarcados varias veces a la semana. El precio del trabajo (el salario) era el único que se mantenía atrás, con el explicable descontento social ante esa fórmula del populismo económico que no han conocido las jóvenes generaciones.

El mundo del comercio globalizado y del intercambio de mercancías registra hoy nuevos y graves retos, todos distintos a la lógica de precios decretados desde un escritorio de gobierno, que tardan más en anunciarse que en reciclar la inflación, el desabasto y la carestía.

Si algunas cartas de nuestro entorno económico están echadas de aquí al fin de 2022 y son las de una economía en estanflación (alta inflación, con crecimiento negativo o casi cero crecimiento) este gobierno podría empeñarse mejor en reactivar la confianza y la certeza jurídica que dan las reglas claras, únicas que hacen posible la inversión productiva. Se necesita una política económica que atraiga capitales que miran con interés las ventajas de un país vecino del mercado de EU.

Notario, exprocurador general de la República

 

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