¿Ratificación no pedida o reelección manifiesta?

Ignacio Morales Lechuga

Los informes de gobierno son ventanas de oportunidad que oficialmente hacen del conocimiento de la ciudadanía avances, logros de gobierno e igualmente retos y oportunidades sobre el estado que guardan la administración pública y el estado general de la nación.  

En la era 4T, sin sincronía con los datos que miden la realidad desde entidades del estado mexicano como el Inegi y el Coneval, los informes presidenciales regresan a la triste tradición de otros tiempos. Son la “fiesta presidencial” sostenida y potenciada en datos que sólo maneja su protagonista principal, desde la más oscura opacidad de la administración pública federal de los últimos 25 años.  

Trepados todos en el sube y baja pandémico y con el sector salud fracturado por cambios que han agravado sus históricas insuficiencias, México se afirma como el cuarto lugar mundial con la mayor mortandad  por el Covid.  Con ese telón de fondo desfilan cada mañana (sin ser tomadas en cuenta) las evaluaciones que registran al alza los asesinatos del crimen organizado, o el mapa de regiones completas cooptadas por la violencia del  narcotráfico.  ¿Por qué esta vez tendría que ser diferente?

Saben más de nuestro diario presente en Washington y en las oficinas de la OEA  que en las conferencias mañaneras y en el monólogo de los informes presidenciales de quien ya no se pertenece y desprecia cualquier crítica. Hoy en día, la ganancia electoral es el único elemento que hilvana y amarra objetivamente los actos e intenciones políticas de las principales propuestas presidenciales.

Eso explica el nuevo ejercicio de consulta ciudadana sobre la revocación de mandato, una ocurrencia más de la cosmetología, de no ser porque retoma intentos anteriores de medir el ambiente y darle un cale al sentir social sobre una eventual  prolongación del mandato presidencial.    

El líder de Morena, Mario Delgado, abiertamente caracteriza esa consulta como “un ejercicio ciudadano de ratificación” para el mandato presidencial, como si estuviera en duda que el periodo presidencial constitucional en nuestro país es de seis años, dato que ojalá siga impreso en el ADN de la mayoría de los mexicanos.    

Aún no se disipa el fantasma del “bonillazo” en BC y el más reciente del  13  transitorio para ampliar la duración de la presidencia de la SCJN, cuando  dicho ectoplasma vuelve de nuevo a flotar en el ambiente político nacional.

El texto que Morena buscará aprobar en las dos cámaras no conlleva la posibilidad de revocar un cargo, sino de refrendarlo, haciéndolo aparecer como resultado del  deseo  popular de mantener tal cargo presidencial. La consulta de la “revocación” costará alrededor de 3 mil millones de pesos, todo un contraste cuando se escatima el gasto en medicamentos, camas de hospital, albergues de migrantes, apoyos alimenticios para personas en pobreza o afectados por inundaciones y otros desastres.  

Revocación sí, ratificación no, es lo que ordena la Constitución. Todo indica que amparado por la aprobación del 62% sigue los pasos del comandante Chávez para lograr su permanencia en el poder más allá del sexenio, sin embargo, debe tomar en cuenta que más del 70% de los mexicanos estamos en desacuerdo con la reelección. Hasta ahora dos intentos reeleccionistas del pasado han fracasado y uno de ellos con resultados funestos, por eso se antoja preguntar:

¿Cuándo será el día en que el presidente —en permanente estado de protesta contra el pasado— deje de estar en campaña y se dedique a gobernar el presente, a  impulsar la desvencijada unidad nacional, el crecimiento y el desarrollo sobre datos fehacientes, el Estado de derecho y la aplicación de la ley? ¿Cuándo?

 

Notario y exprocurador de la República.
TEMAS RELACIONADOS
Guardando favorito...

Comentarios