La convocatoria presidencial al sector privado para superar la ruta de la atonía, el bajo crecimiento y el estancamiento exhibe una buena intención, pero repite una misma contradicción sistémica de fondo: la autoridad federal demanda a los agentes económicos explicaciones sobre las barreras estructurales erigidas por ella misma y de manera transexenal desde 2019.
¿Por qué el PIB permanece pegado al cero? Los obstáculos no radican en una supuesta abulia empresarial, sino en la incapacidad oficial para generar confianza, ofrecer certeza jurídica y emprender proyectos con responsabilidad.
Los planes para reactivar las inversiones productivas suelen quedar enredados entre sus falsas premisas: creer que pueden avanzar sin transparencia, sin ley ni rendición de cuentas, con proyectos caprichosos, inviables o de mala calidad, es su característica en la disfuncional arquitectura institucional.
En el sector inmobiliario de la CDMX, la carga administrativa se ha cuadruplicado en 10 años. Variables que deberían gestionarse bajo principios de corresponsabilidad —densidad, impacto urbano o movilidad, entre otras— quedan paralizadas en un ecosistema de interminables dictámenes destinados a la perpetuidad burocrática.
El costo de una construcción llega a ser prohibitivo: procesos que se resolvían en meses, tardan hasta cuatro años. El capital no se desplaza por azar, sino por una racionalidad que identifica el tiempo administrativo como un pasivo fiscal que puede hacerse insostenible.
El discurso oficial apela a la inversión como imperativo moral, pero ignora que los mercados operan sobre certezas. En las estructuras de nuestra deshilvanada administración pública, una ventanilla ofrece atención expedita y la de junto le da dimensión institucional a la sospecha. La autoridad pide confianza, pero los proyectos quedan a expensas de la corrupción, el inmovilismo y la ineficiencia. La asimetría se hace insostenible si en el reloj del Estado las manecillas regulatorias corren en sentido contrario a la búsqueda de viabilidad financiera, el respeto a los contratos y a todo lo que representa el Estado de Derecho, incluidos los medios de defensa del ciudadano.
Además de cubrir obligaciones fiscales, quien inicia un negocio suele tener que pagar la corrupción como un segundo impuesto, o un tercero si es víctima de la extorsión. A grandes inversionistas se les exhibe como delincuentes desde el circo mediático mañanero.
El reciente colapso en las aduanas hizo evidente la opacidad e ineficiencia con que opera la mayoría. Mientras el flujo de mercancías sujetas a revisión aduanal sigue la ruta del tortuguismo, de los criterios discrecionales (con daños frecuentes a mercancías en recinto fiscal), el mercado ilegal del huachicol exhibe eficiencias logísticas muy superiores, estimuladas por la corrupción.
Diversas empresas globales han optado por el éxodo, no por falta de demanda interna, sino por inviabilidad del entorno regulatorio y normativo.
Los efectos de una caótica y fallida administración pública no se ven a la hora de tomarse las “selfies”, pero se reflejan en la triste evidencia de los activos biológicos y tecnológicos arrumbados en recintos fiscales, o en los insumos médicos caducados por falta de previsión logística. Estos costos erosionan la competitividad nacional y pegan en el bolsillo de productores y consumidores.
El problema de los planes es de voluntad y capacidad para reformar estructuras internas. Mientras el Estado confunda el control con la parálisis y la simulación con la legalidad, el crecimiento será una aspiración inalcanzable, pese a los grandes esfuerzos de la secretaría de Economía.
El PIB no despegará mientras los proyectos enfrenten ambientes de hiperregulación obstructiva que no agregan valor, sino que lo destruyen. Encontrar la llave del desarrollo también está en manos del poder, ojalá no ignoren más el lastre de sus propias ineficiencias y absurdos burocratismos.