Como lo ha hecho en más de 90% de sus discursos, el presidente mexicano dijo que hablará en la ONU de la corrupción y de su combate. No hay sorpresa. Esa ha sido la principal bandera y eje discursivo de su gobierno, que sigue acreditando en los hechos, ser el más tenaz opositor de la rendición de cuentas.
En el ranking mundial de la limpieza administrativa y las buenas prácticas que realiza la ONG Transparencia Internacional, con sede en Alemania, solo Dinamarca , Finlandia , Nueva Zelanda , Suecia y Singapur pueden ostentarse libres de corrupción, gracias a sistemas de rendición de cuentas apoyados por los gobiernos y los partidos y exigidos por la sociedad.
En América Latina sólo Costa Rica ocupa en 2021 el lugar 42. México figura entre los peores y más corruptos del mundo en el lugar 124, es decir 14 lugares más abajo que en 2018, sólo superado por Uganda, Camerún, Camboya y el Congo.
En otros indicadores internacionales como el del “World Justice Project” que reflejan la evolución (fortaleza o debilidad) de diferentes factores del Estado de derecho, México registra otro retroceso severo al descender en 19 entidades la seguridad de las personas y de sus propiedades.
Sin auténticos sistemas anticorrupción, vivimos a diario la ideologización del fenómeno, que lo adjudica al neoliberalismo y la derecha política, aunque los escándalos estallen en el gobierno, en su partido oficial y entre el círculo de los colaboradores y familiares. Sobran ejemplos de personal de ayudantía carente de preparación que hoy ocupa cargos en áreas especializadas de la administración pública. Sin ejercicio de la rendición de cuentas —única kriptonita que debilita a la corrupción—, no hay superhéroe creíble.
En la 4T , la corrupción se perfila tan extendida como en los gobiernos “neoliberales”. Sólo los medios informan cómo se asignan contratos, se desvía la justicia o se omite cumplir con las leyes y la Constitución sin consecuencia alguna.
Como sucede con el homicidio y el feminicidio, el instrumental anticorrupción le sigue haciendo a los delincuentes lo que el viento a Juárez, porque modificar una ley o calificar un delito no basta para cambiar una conducta social.
El control de la corrupción administrativa impone seguir prácticas de transparencia y acceso a la información que saquen a la luz esa práctica clandestina, como sucedió con los Panamá Papers, ese desfile planetario de capitales en busca de paraísos fiscales, del que ya poco se habla.
La historia enseña que entre más grande es el Estado, más se amplía la corrupción en las burocracias políticas y sus favorecidos, que convierten la corrupción incidental (siempre difícil de erradicar por tratarse de hechos aislados) en corrupción endémica que todo lo arrastra. La aplicación del servicio profesional de carrera en la administración pública sería más útil que los discursos mañaneros contra un molino de viento.
Las reglas de acceso o selección aplicables en el ejército, la marina y el servicio exterior, así como el ascenso por concurso, han sido claves para limitar o aislar la corrupción manteniendo en ellos el arraigo institucional hasta la jubilación o retiro.
El ciclo neoliberal elevó en la mayor parte del planeta la esperanza y calidad de vida, acortó las distancias y expandió las tecnologías de la información, pero profundizó la brecha y los extremos entre ricos y pobres. Revisar y ajustar el modelo hacia un capitalismo social capaz de crear riqueza y repartirla mejor, aún está por verse, pues son contadas las sociedades donde el bienestar no es una utopía.
Con todo, en un foro internacional no pocos quedarán sorprendidos ante un relato doméstico basado en datos increíbles o ven ondear un pañuelo blanco que declara a México libre de “corrupción neoliberal”, por ello, que no se olvide el Presidente que su triunfo electoral se debió a su “honestidad” y compromiso de combate a la corrupción, sin embargo esto ha sido un fracaso más de su administración.