La narrativa de la austeridad que acompañó el ascenso de Morena en 2018 no fue un plan de gobierno, sino un mito fundacional. Se nos prometió el saneamiento de las arcas públicas y una redención moral del Estado; el tiempo ha demostrado que la tan proclamada austeridad era una mentira.
La promesa de purificación administrativa mutó en instrumento de sometimiento político. La austeridad no busca ordenar el presupuesto, sino sistematizar un relato donde el ahorro no es el fin, sino el pretexto para decidir qué gasto se exhibe como pecado ajeno y cuál se oculta como virtud propia.
El episodio de las camionetas blindadas de la Suprema Corte es un síntoma evidente de esta patología; la narrativa oficial intenta implantar la idea de que la compra de estos activos es un triunfo de la racionalidad y permite un ahorro de mil millones de pesos. Sin embargo, la aritmética no tiene ideología: el contrato de arrendamiento previo (SCJN/DGRM/DPC-002/02/2022) tenía un techo máximo de 95.6 millones para una flotilla.
La maquinaria del régimen muestra su cara más ácida y selectiva cuando revisa con lupa el presupuesto de la “antigua Corte”, para justificar su destrucción institucional bajo el estandarte del combate al privilegio. No obstante, esa furia fiscalizadora se vuelve ciega ante los desfalcos de los que el propio gobierno se beneficia. Se satanizaron los gastos y privilegios de los contrapesos, mientras el “huachicol fiscal” drenó más de 27 mil millones de pesos tan solo en 2025. Ahí, lo que se pierde en un solo día, lo gastaría la Corte en cuatro años. No hay congruencia en una manipulación que se ufana de ahorros ficticios mientras esconde verdaderas hemorragias millonarias.
Se exige “pobreza franciscana” a los contrapesos al poder, mientras se normaliza el desfalco de 15 mil millones de pesos en Segalmex, el equivalente a cinco mil camionetas blindadas. Lo mismo ocurrió con la Megafarmacia del Bienestar: un elefante blanco logístico de 15 mil millones que, en su clímax, surtía tres recetas diarias y de la cual hoy no queda rastro. El presupuesto es un arma: se usa para destruir al adversario por “dispendioso” y para justificar el gasto propio por “necesario”.
Resulta inexplicable que la “Nueva Corte” recurra al emplacamiento en el estado de Morelos para sus nuevas unidades blindadas. Según el Artículo 161 bis 3 del Código Fiscal de la CDMX, los vehículos oficiales de la Federación están exentos del pago de tenencia.
Si el beneficio fiscal es un derecho para la institución, ¿por qué eludir la normativa local? ¿Será que estos activos no están registrados a nombre de la Federación, sino al de los propios ministros para asegurar un privilegio personal fuera del alcance del escrutinio público?
Esta es la instalación de la moral del “ciudadano abusivo” en la cúpula del máximo tribunal, que fustiga al adversario con el rigor de la ley mientras utiliza atajos legales para obtener ventajas que, bajo su propia narrativa, deberían ser catalogadas como corrupción.
La austeridad nunca existió como principio de eficiencia; el Tsuru y el Jetta blancos solo fueron símbolos vacíos de una serenidad ficticia diseñada para distraer mientras se consolidaba el saqueo. La contradicción de la “Nueva Corte”, que critica el pasado, pero justifica la compra de lujosas camionetas por “itinerancia” revela que el problema nunca fue el gasto, sino quién cobra el cheque.
Renunciar a los vehículos tras el escándalo no es un acto de virtud, sino una retirada táctica ante el peso de la evidencia; la verdadera violación a la ética pública no es la compra de un vehículo, sino la manipulación de la verdad para encubrir el auténtico hurto. Exigir cuentas cuando conviene es propaganda; exigirlas donde duele es democracia.