Es desmesurada pero muy reveladora la reacción del Ejecutivo contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro por haber otorgado la suspensión provisional contra los cambios aprobados por la 4T en la industria eléctrica y por actuar en favor de los principios y derechos que permiten la concurrencia de capital privado y público para la generación de electricidad en nuestro país.
El kilowatt de electricidad obtenido en plantas eólicas y solares o de gas natural es hasta 60 por ciento menos caro para el consumidor final. Es energía más amable con el medio ambiente y con la salud de las personas, a diferencia del daño y la amenaza ligados a la quema de combustóleo altamente contaminante, un producto sin mercado, del cual Pemex tiene altos inventarios.
La ley anterior beneficia a los consumidores, al no permitir que la CFE favorezca la producción de electricidad generada en muchas de sus plantas obsoletas y contaminantes a base de combustóleo y carbón.
Tan pronto fue promulgada la nueva ley propuesta por el presidente, las empresas afectadas —que tenían contratos de generación a partir de energías limpias— recurrieron a la protección que otorga el juicio de amparo. El Juez Gómez Fierro resolvió conceder la suspensión provisional. Ese hecho ha provocado el enojo presidencial, el linchamiento verbal matutino contra el juez, contra el ministro en retiro José Ramón Cossío, contra el pasado y quienes —dice— defienden intereses particulares o de camarilla.
El Presidente ignora que la reforma al poder judicial —a partir del control difuso de la constitucionalidad— permite a los jueces volver generales los efectos de un amparo, de tal manera que éste pueda beneficiar a quienes no lo hayan interpuesto, si con ello se evitan daños de difícil o imposible reparación.
La queja contra el juez interpuesta por el Presidente ante el Consejo de la Judicatura Federal equivale a culparlo por apegarse y cumplir con la Constitución.
Aunque de momento es incierto lo que hará el CJF, podría tratarse de un conflicto destinado a empantanarse en el tiempo, sobre todo si el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide actuar como el mal torero y con pulso tembloroso, capote en mano, deja pasar el oficio-queja presidencial y hace a un lado los aspectos de fondo y de forma en que incurre indebidamente la postura del presidente.
El asunto muestra el nuevo brío de la intolerancia presidencial contra quienquiera que no acceda a sus ocurrencias. Quienes no las aplaudan o las conviertan en “nueva ley” —como hicieron los legisladores que privilegian el costoso regreso al pasado- se arriesgan al linchamiento.
El uso político laxo y descuidado de “otros datos” como base para tomar decisiones como las aprobadas por la 4T para el sector energético, se acercan más a las de regimenes fascistas-populistas, impropios y ajenos a una republica democrática con división de tres poderes libres e independientes entre sí.
México vive tiempos oscuros: la moral, el respeto y el prestigio se han hecho a un lado todos los días en la arena política del 2021, Como hizo el romano emperador que designó cónsul a su caballo, se nombra a un toro para gobernar un estado sureño. .
La reforma eléctrica de AMLO, al igual que las formas políticas y éticas para designar candidatos llevan el tufo autárquico de quien ejerce poderes absolutos. ¿Será capaz el presidente de cambiar por si solo? De ninguna manera. La responsabilidad está en manos de los electores para no ahondar más la ruta decidida en el 2018.
Notario, exprocurador general de la República