En el ADN presidencial no está reconocer errores y menos corregir desaciertos. Ante una 4T que cosecha rendimientos decrecientes y el cúmulo de fracasos cada vez más visibles en la gestión del gobierno, todo indica que la retórica oficial no cederá e intensificará aún más la polarización de la sociedad mexicana.
Tras los resultados dominicales crece, sin embargo, un amplio y aún no muy explícito consenso para que el presidente no “se vaya”, sino simplemente termine el periodo para el cual fue elegido. La manipulada consulta revocatoria no le interesó a 82% de los electores mexicanos y apenas votó 56% de los beneficiarios de apoyos enlistados en programas sociales. El 44% de ese voto cautivo no fue a las urnas.
Crear una agenda ciudadana comprometida con la justicia social, sin ocurrencias, con cambios necesarios y urgentes hacia la recuperación del crecimiento y el desarrollo, el empleo, la salud y la educación puede ensanchar las rutas hacia una oposición más estructurada de aquí a 2024. Una ruta que resulte incluso inspiradora para los partidos no aliados a Morena, y los fortalezca para resistir las presiones del poder, sin dejar pasar —como podría ocurrir con la reforma eléctrica— propuestas legislativas regresivas o que conllevan la demolición de instituciones constitucionales.
¿Qué más se ve venir?
Una encarnizada lucha legislativa del gobierno para apoderarse de los organismos electorales, como lo ha hecho hasta hoy, paso a paso con los poderes legislativo y judicial. Si las reglas del árbitro electoral se quiebran, la dictadura en México será un hecho.
Seguramente, el incontenible afloramiento mañanero de rencores y ajustes de cuentas seguirá dirigido no sólo contra opositores a este régimen. Se extenderá también contra quienes no han llenado las expectativas presidenciales en la aportación de votantes y sean, por ello, considerados desleales o traidores y acusados de dejarse cooptar por “los conservadores”.
En la contraparte, un renovado ánimo ciudadano quizá alcance para que los partidos no afines al oficial encuentren un buen candidato que se comprometa con la democracia y el respeto a los derechos humanos y con un programa de acción que ofrezca también —en lo económico— reglas claras y respeto a la inversión.
Un tema de análisis y preocupaciones aparte, no sólo en México, es la elevada votación emitida en estados como Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, afectados por la presencia de organizaciones de la delincuencia organizada, que ejercen control territorial incluso y al parecer están dispuestas a jugar su carta electoral.
Conforme se conozcan mejor estos y otros pormenores del 10 de abril iremos sabiendo más sobre el acumulado cansancio social ante la inseguridad y la violencia; la postración de las instituciones de salud; el malestar ante el alza incontenible de los precios, la economía que no crece y los escándalos de personas en el gobierno que incumplen consigo las fórmulas de austeridad que recetan con soberbia a las clases medias.
Todo triunfalismo gubernamental por la consulta suena a hueco y ha tenido que ser cocinado por sus propagandistas con menos del 16 por ciento de los votos posibles. Hay novedades tan significativas como las cifras decrecientes de votos en 10 de las 18 entidades con gobernadores surgidos de Morena, entre ellas la CDMX.
Quede en el registro nacional de las incongruencias y las paradojas que años atrás y por iniciativa del actual presidente se incorporó al código penal la prisión preventiva oficiosa para castigar delitos electorales, de esos que —como lo vimos en la consulta revocatoria— hoy se cometen desde el desprecio a las reglas y la soberbia de quienes ya se manejan así desde el gobierno.
Tras la consulta se amplía el horizonte de la participación ciudadana para el 2024. La fórmula es sencilla: votar seguirá siendo la gran arma de la democracia.
