Parte importante de la opinión mexicana se convirtió en espacio saturado de ruido moral impostado, un coro de voces alineadas a la izquierda que oscila entre el repudio a toda acción de Estados Unidos y la defensa abierta del chavismo. Se presumen críticos del poder, pero sólo cuando la justicia alcanza a sus compinches. Señalan de “intervencionismo” el cumplimiento de una orden de arresto largamente postergada, mientras ellos mismos operan bajo el doble rasero absoluto. Exigen respeto al derecho internacional para proteger dictaduras, pero concentran sus esfuerzos en destruir instituciones y pisotear el derecho interno.
La súbita pasión por el derecho no nace de la convicción, sino del oportunismo. Quienes invocan normas, tribunales y soberanía, son quienes desprecian la ley, la reinterpretan a capricho o la vacían desde dentro.
La izquierda celebró durante décadas la jurisdicción universal como conquista ética y ahí no había conflictos con el derecho internacional ni de soberanía o debido proceso, ahí tienen a España juzgando a Pinochet. Aquello era justicia sin fronteras, derechos humanos por encima del Estado, moral universal sin complejos. Hoy, cuando ese mismo principio amenaza a un régimen amigo, descubren de pronto los límites del derecho internacional.
Quienes califican de “injerencia” la detención de un dictador, se ofenden en nombre de una soberanía abstracta que jamás defendieron a los venezolanos cuando su gobierno encarcelaba o masacraba a la oposición. La injerencia humanitaria pertenece al núcleo del pensamiento jurídico moderno desde su origen. Fue Hugo Grocio quien formuló el derecho a emplear la fuerza cuando el soberano deja de cumplir su función y se convierte en agresor de sus propios súbditos. Immanuel Kant y John Stuart Mill también afrontaron el mismo dilema y concluyeron que cuando la ley deja de proteger al inocente y se transforma en refugio del verdugo, el orden jurídico se convierte en coartada del crimen, la fuerza deja de ser una anomalía y se vuelve un instrumento necesario para restituir la justicia.
A la izquierda le incomoda admitir que ningún antiimperialismo justifica el hambre, la represión y el exilio de millones. Defender a un régimen criminal en nombre de la coherencia geopolítica es crueldad doctrinaria. El derecho no existe para blindar criminales ni para preservar un sistema que produce víctimas. Cuando la legalidad se convierte en un mecanismo de impunidad, invocarla sin contexto deja de ser prudencia jurídica y se vuelve complicidad moral. Ningún orden jurídico merece sobrevivir si exige sacrificar vidas humanas para conservar intacta su apariencia de corrección.
La historia ofrece ejemplos que desarman el fingido moralismo. Adolf Eichmann no fue detenido en un manual de derecho internacional, fue capturado en Argentina por el Mossad y llevado a Israel para ser juzgado. El gobierno israelí de entonces era de izquierda. No pidió permiso a la legalidad internacional de la época. Actuó bajo la convicción de un bien mayor. Hacer justicia frente a un crimen que desbordaba cualquier frontera. Hoy nadie serio sostiene que aquello fue un acto ilegítimo, sino una afirmación de responsabilidad moral.
La escena alcanza el absurdo cuando se utiliza la figura de Juárez como el santo patrono de la soberanía, ignorando que fue uno de los mayores promotores de la Doctrina Monroe. Juárez no rechazaba el intervencionismo estadounidense, lo alentaba tácticamente para preservar su propia causa; jamás habría sacrificado el pragmatismo político por una solidaridad ideológica con un régimen criminal.
La condena de Sheinbaum y la postura de López Obrador, más allá de su narrativa ideológica, coloca a México en una posición de vulnerabilidad en la coyuntura de una negociación comercial clave. En un clima bilateral enrarecido por la seguridad, la migración y el narcotráfico, el gobierno parece preferir la solidaridad con una dictadura que la construcción de una relación pragmática con nuestro principal socio geopolítico determinante del siglo XXI. Al final, el costo de la “consecuencia ideológica” lo pagará, como siempre, el interés nacional.