Hay respuestas del poder que revelan mucho más que un desacuerdo técnico; la expresada por la Presidenta ante el pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no refleja la de un Estado herido por una verdad insoportable que decide corregirse; es la voz de un gobierno irritado porque alguien, desde fuera, se atreve a nombrar lo que se intenta administrar con lenguaje burocrático.
El Comité sostiene que hay indicios fundados de que en México se han cometido y se cometen desapariciones forzadas de forma sistemática, y por eso activa el procedimiento del artículo 34 para llevar la situación a la Asamblea General de la ONU.
La Presidenta responde rechazando el documento, negando su validez y sugiriendo que el problema está mal descrito o mal interpretado. Ahí empieza el verdadero escándalo; no en la existencia del informe, sino en la incapacidad del poder para dejarse interpelar por el dolor y discutir una categoría jurídica, una metodología, un universo de casos o el alcance técnico de una expresión tan grave como el crimen de lesa humanidad.
Resulta poco ético creer que una disputa terminológica altera la experiencia de las madres que escarban con sus propias manos y aprenden a reconocer fragmentos de ropa, de los padres y hermanos que viven años enteros en la frontera insoportable entre la esperanza y la náusea. Un solo desaparecido bastaría para quebrar la autosatisfacción de cualquier gobierno con un poco de conciencia. Un solo desaparecido tendría que detener la retórica, y suspender la propaganda, para imponer una actitud política de emergencia moral.
En México no hablamos de un caso. Hablamos de un registro que rebasa las 130 mil personas desaparecidas en un país en el que la ausencia se vuelve paisaje natural de miles de familias sujetas a una crueldad singular que el lenguaje administrativo no alcanza a tocar.
La muerte termina siempre con una vida y abre un duelo. La desaparición mutila incluso esa posibilidad pues la pena que emana de la desaparición es tan atroz, que hace que la muerte se perciba como un alivio.
La desaparición produce incertidumbre, angustia; es ontológicamente infinita, no caduca porque no hay una certeza que le ponga fin a nada, es una herida abierta que no empezará a cicatrizar hasta no obtener una respuesta definitiva.
Ante la muerte, el hombre inicia un proceso de duelo que sana el alma, pero en la desaparición el duelo nunca comienza y nunca termina; es un duelo perpetuo que carcome el espíritu y deja a las familias atrapadas en un tiempo podrido, sin tumba, sin cuerpo, sin verdad, sin descanso. Cada mañana puede traer el milagro o el horror, cada llamada puede ser una pista o una nueva mentira, cada hallazgo en una fosa puede devolver un nombre o multiplicar el espanto; por eso la búsqueda se vuelve incansable, porque no hay descanso en la memoria de quien ignora el paradero del ser amado.
Por eso resulta tan ofensivo que desde el poder se responda con susceptibilidad institucional, como si el problema central fuera la reputación del gobierno y no el calvario interminable de quienes buscan.
La Presidenta dijo estar del lado de las víctimas. Ojalá así sea. Estar del lado de las víctimas exige algo más que pronunciar la frase correcta en la mañanera; exige aceptar que la desaparición forzada no se agota en la caricatura de un gobierno que secuestra directamente a sus opositores, el derecho internacional incluye también la aquiescencia, la tolerancia, la complicidad, la omisión estructural, la colusión de autoridades con redes criminales, la renuncia sostenida a investigar y a proteger. Precisamente ahí se vuelve incómodo el informe del Comité porque rompe la coartada favorita del poder mexicano: fingir que mientras el crimen organizado ejecuta y entierra, el Estado conserva una inocencia abstracta.
Esa ficción ya no resiste la realidad de fosas clandestinas, registros deficientes, cuerpos sin identificar y familias que hacen el trabajo que tendrían que hacer las instituciones.
Cada vez que el poder responde con orgullo herido en lugar de responder con duelo, búsqueda y verdad, vuelve a desaparecer a los desaparecidos. Si la Presidenta quiere estar del lado de las víctimas, tiene una oportunidad nítida y severa: Debe ser menos susceptible frente a la crítica internacional y crear más acciones que puedan tocarse con las manos, más presupuesto verificable para búsqueda e identificación, más protección real para colectivos y madres buscadoras, más fiscalías que investiguen en serio la colusión local, más verdad pública y menos administración del descrédito. Porque frente a una nación sembrada de ausencias, la primera obligación de un gobierno decente es reconocer que ningún cálculo político vale más que la suerte de una sola persona arrancada del mundo y de una sola familia condenada a vivir sin cuerpo, sin justicia y sin paz.
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