En 2018, cuando ganó las elecciones con aprobación que rebasó el 80 por ciento y Morena se hizo de la mayoría legislativa de la cámara de diputados y senadores, muchos pensamos que su legitimidad sería la base para unir y reconstruir un país harto de corrupción, de desigualdades y pactos ocultos.

Confiamos que su experiencia como opositor durante casi dos décadas, daría lugar a una clara tenacidad para diseñar el entramado de nuevos y grandes acuerdos políticos. Supusimos que, ya en la victoria, se había vuelto sensible y más abierto al diálogo y encabezaría el esfuerzo para sanar las heridas de un país lastimado y harto de corrupción y de simulaciones y que esa legitimidad la utilizaría para hacer alianzas nobles y productivas con todos los sectores del país.

No ha sido así. Desde que tomó posesión, avisó al más puro estilo “chavista” que su tarea era cambiar el régimen y crear su 4T. Aunque su popularidad ha ido decayendo al ritmo de notorias y evidentes insuficiencias en salud, economía y seguridad él sigue distribuyendo agresiones desde el púlpito mañanero, ahondando divisiones empecinado en decisiones absurdas e ilegales.

De entrada, y no es poca cosa, quien pide respeto para sí y su investidura no está dispuesto a darlo. La Constitución que protestó cumplir y el juicio de amparo que garantiza libertades fundamentales fueron el primer blanco de sus ataques. A la Constitución se le podía “saltar” con un simple memorándum, y el amparo fue calificado de obstáculo legal. Con el presidente colocado por encima de la Constitución y de sus leyes, nadie sabe ahora cuál es el rumbo que dicta, pone e impone siempre a su modito.

Tenemos en la cúspide del sistema presidencial no al mandatario, sino a un ente multimodal, al juez supremo, policía de alto nivel, economista, técnico en aeropuertos, estratega petrolero, constructor inmobiliario. ¿No le gusta un proyecto cualquiera? Despáchese consulta o referéndum patito, reunión a mano alzada o cualquier remedo de democracia directa y lo que siga, así sea al costo de la crítica nacional e internacional, del mayor deterioro de la economía, del ambiente y del sentido común.

Con desprecio a la ciencia y la técnica como formas de conocimiento ha desmantelado de hecho los organismos autónomos que llevó décadas construir y a los que apalancaban —ante cualquier uso individual de la voluntad presidencial— el desarrollo económico, energético, de derechos humanos y a la propia democracia electoral como el INE.

Sus constantes ataques al empresariado (con excepciones bien conocidas), el escarnio y la humillación a que los somete; las agresiones a los médicos (acusados de corruptos), el debilitamiento de la infraestructura de salud nacional y con la quiebra financiera de las finanzas públicas en el horizonte. Nada lo arredra.

A la burocracia le ha descontado sueldos en dos ocasiones y eliminado de plumazo los aguinaldos. (el propio líder al senado por segunda ocasión ha expresado la ilegalidad del decreto y la medida).

Recientemente, en una de las conferencias anunció que las viviendas deberían construirse, como parte del desarrollo de ese programa oficial, directamente por los acreditados, sin la participación de empresas, ingenieros o arquitectos. ¿Sabrá que en el sismo de 2017, las viviendas más afectadas fueron precisamente las de autoconstrucción que tanto pondera? En esa y otras materias, surgen y se acumulan quejas por casos de corrupción y denuncias por manejos turbios desde su gobierno.

Sus ataques tienen un claro propósito demoledor de la democracia. Sigue incansable de fondo y forma los dictados populistas para deslegitimar a sus adversarios y a sus críticos. Los medios de comunicación han sido el blanco de su frustración por no someterse a su agenda y por ejercer la libertad de expresión. Esa descalificación evita el debate de ideas. Desdeña de entrada a quien no piense o coincida con él.

La acumulación de poder unipersonal crece y carece de límites. Las dos últimas tentativas se orientaron en dos sentidos, dos reformas constitucionales —una al artículo 39— para darle libertad de manejo presupuestal y de ejecución de los proyectos que decida ante cualquier emergencia económica, como las que asoman ante un pronóstico de decrecimiento del PIB de hasta -10 puntos este año. La otra le permitirá suspender o reconocer libertades y derechos humanos, como él decida.

Su afán de control y centralización ha provocado que cinco gobernadores de diferentes partidos hablen incluso de abandonar el pacto fiscal federal. La oposición seguramente tendrá que caminar unida, superando divisiones internas, para enfrentar las elecciones de 2021 con el apoyo de liderazgos emergentes que día a día surgen en todo el país y modificar el desequilibrio en la representación legislativa que no corresponde a la real composición política del país, con un respaldo actual que ronda en 48 puntos 30 debajo de los registrados en diciembre 2018. Si en definitiva está negado a buscar y encontrar brechas de entendimiento, acuerdo y concordia entre los mexicanos quizá —en un momento tan difícil como este este— podría aplicarse el consejo reciente que les brindó a los narcos: “Ya bájele”.

Notario y exprocurador General de la República

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