En la madrugada del sábado 3 de enero, el presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos había llevado a cabo un operativo especial en Venezuela. En ese contexto, el presidente Nicolás Maduro y su esposa habrían sido detenidos y expulsados del país. Horas más tarde, la fiscal general Pam Bondi informó que ambos habían sido imputados en Nueva York por diversos cargos, entre ellos conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento contra Estados Unidos.
La respuesta desde Caracas no tardó en llegar. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez exigió al gobierno estadounidense una prueba de vida del presidente Maduro y su esposa. En el plano internacional, las reacciones fueron inmediatas y profundamente divididas. Gobiernos como los de México, Rusia, Colombia, Irán y Cuba expresaron su desaprobación frente a los ataques y la detención, mientras que la Unión Europea, Ecuador y Argentina celebraron los hechos y manifestaron su respaldo a una eventual transición pacífica y al respeto irrestricto de la democracia.
En un mundo cada vez más polarizado, donde las posturas absolutas tienden a dominar la opinión pública, conviene detenerse un momento y reconocer que el ataque de Estados Unidos y la caída de Maduro encarnan una serie de verdades que, aunque son contradictorias, coexisten. Es cierto que Maduro era un líder opresor, impopular e ilegítimo. No hay duda de que causó un daño profundo a la democracia venezolana y afectó gravemente a toda la región latinoamericana.
Pero también es cierto que las acciones emprendidas por Estados Unidos carecen de legitimidad y vulneran principios básicos del derecho internacional público. Ningún país puede violar la soberanía de otro y organizar una operación militar en su territorio sin consecuencias jurídicas y políticas. Además, la Constitución estadounidense establece de manera expresa que corresponde al Congreso declarar la guerra, autorizar el uso prolongado de la fuerza y financiar a las fuerzas armadas. El presidente únicamente puede dirigir esas operaciones bajo dicha autorización. A ello se suma que la War Powers Resolution solo permite la actuación unilateral del Ejecutivo cuando existe una amenaza inminente contra Estados Unidos, supuesto que resulta, cuando menos, cuestionable en este caso.
A lo largo de la historia, Estados Unidos ha justificado sus intervenciones en otros países bajo el discurso de la defensa de la democracia y las instituciones. Sin embargo, en esta ocasión, el propio presidente estadounidense ni siquiera se esforzó por construir ese relato. En una conferencia de prensa, Donald Trump centró su discurso en los millones de dólares que Estados Unidos invertiría en el petróleo venezolano y en la forma en que el país norteamericano se apropiaría de esa industria. Respecto a la transición política, afirmó que la vicepresidenta no podía asumir el poder por haber sido elegida por Maduro, pero también sostuvo que Edmundo González y María Corina Machado, ganadores de la elección pasada, tampoco debían gobernar. En su lugar, aseguró que Estados Unidos se haría cargo de manera indefinida hasta que existieran condiciones para una transición pacífica.
No hay duda de que la caída de Maduro era un primer paso necesario para enfrentar la crisis democrática y económica que atravesaba Venezuela. Pero también era el paso más evidente y el más sencillo. La historia demuestra que las intervenciones estadounidenses en otros países no suelen desembocar en democracias constitucionales sólidas. Por el contrario, Libia, Irak y Somalia son ejemplos claros del caos, la violencia, la desorganización institucional y las graves violaciones a derechos humanos que suelen acompañar este tipo de acciones.
Lo ocurrido hoy carece de legitimidad internacional y de sustento jurídico. Más aún, abre una puerta peligrosa para que otros países, como China o Rusia, decidan justificar ataques e invasiones en territorios ajenos. Sin ir más lejos, en una entrevista sobre el ataque a Venezuela, Trump aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum es una buena persona, pero los cárteles de la droga son los que en verdad gobiernan México y hay que hacer algo al respecto.
Las consecuencias de los actos de Trump podrían traducirse en un mayor sufrimiento para el pueblo venezolano, provocar inestabilidad regional e incluso afectar los intereses de Estados Unidos a nivel global. Una vez más, el presidente estadounidense no actúa guiado por la defensa de la democracia o de las instituciones, sino por intereses económicos y políticos que lo benefician a él y a sus aliados. Habría que hacer un recuento de los costos que ya están pagando el Estado de Derecho, las instituciones y el mundo.
dft