En un nuevo capítulo de la constante persecución de la administración de Donald Trump contra la inmigración, la Corte Suprema de Estados Unidos ha bloqueado temporalmente los esfuerzos por poner fin al Temporary Protected Status (TPS), una figura creada por el Congreso en 1990 para otorgar permiso de residencia y trabajo a personas extranjeras que han huido de sus países de origen debido a conflictos armados o desastres naturales.
Esta protección es una de las expresiones humanitarias más relevantes del sistema migratorio estadounidense y ha sido concedida por presidentes tanto demócratas como republicanos. Aunque el permiso tiene una duración de entre 6 y 18 meses, puede renovarse de manera continua. Sin embargo, durante la administración de Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la interrupción de las extensiones del TPS para personas provenientes de Haití, Venezuela y Siria, al considerar que ya no existen las condiciones que justificaban su permanencia en el país.
El caso ha pasado por diversos tribunales, que inicialmente dieron la razón a las personas migrantes. Posteriormente, el fiscal John Sauer lo escaló a la Corte Suprema mediante una solicitud de emergencia. En respuesta, la Corte decidió atraer el caso, fijar una audiencia para el 21 de abril y permitir que las personas beneficiarias del TPS permanezcan en Estados Unidos y continúen trabajando hasta que se emita una resolución. Esta medida, además de brindarles mayor certeza temporal, también les permite solicitar asilo para intentar permanecer en el país, independientemente del sentido de la decisión que la Corte adopte en junio.
Este caso, además de abordar un fenómeno de gran relevancia para Estados Unidos, refleja los desafíos centrales que enfrenta el Poder Judicial en la era de Trump. En particular, ejemplifica la tensión entre los jueces federales que han intentado frenar políticas y órdenes presidenciales potencialmente contrarias a la Constitución y la ley y los ataques sistemáticos del propio presidente hacia el poder judicial. Asimismo, pone de relieve el uso creciente de solicitudes de emergencia, cuyo empleo ha sido criticado por permitir decisiones sin un análisis de fondo ni una deliberación adecuada por parte de la Corte Suprema.
Por último, el caso se inscribe en un contexto más amplio de fricciones entre el tribunal supremo, su legitimidad ante la ciudadanía y su relación con el Ejecutivo, en un periodo de sesiones que incluirá decisiones fundamentales para definir los límites del poder presidencial, particularmente en lo relativo al nombramiento de autoridades de agencias gubernamentales y a la determinación de quiénes pueden ser considerados ciudadanos estadounidenses.