El miércoles pasado comenzaron a surgir rumores sobre la posible salida de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Todo empezó cuando un periodista de The New York Times obtuvo una declaración del presidente Donald Trump al respecto. El mensaje fue breve: “Pam Bondi está haciendo un buen trabajo”. Aunque parecía una frase sencilla, en el lenguaje de Trump decía algo mucho más interesante.
Para un presidente que suele ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS y recurre constantemente a adjetivos enfáticos para expresar aprobación o rechazo, calificar a alguien con un “buen trabajo” sonaba más a distancia que a respaldo. Era una señal sutil, pero suficiente para anticipar que los días de Bondi en el Departamento de Justicia podían estar contados. La pregunta entonces era evidente. ¿Por qué una de las personas más leales al presidente perdería su puesto? La respuesta se encuentra precisamente en esa lealtad.
El cargo de fiscal general en Estados Unidos ha estado marcado por una tradición de independencia frente al Poder Ejecutivo. A lo largo de la historia, distintos fiscales han evitado incluso encuentros sociales con el presidente para no comprometer la percepción de autonomía que exige el puesto. Esa distancia busca precisamente proteger la legitimidad de las decisiones del Departamento de Justicia.
Pam Bondi optó por romper con esa tradición. Desde el inicio de su gestión dejó claro que su trabajo estaba alineado con los intereses de Trump. En un primer momento, esto parecía conveniente para el presidente, quien buscaba a alguien dispuesto a impulsar investigaciones contra quienes consideraba sus adversarios políticos, incluyendo a miembros del Congreso, exdirectivos del FBI y fiscales locales.
Bondi intentó avanzar en esa dirección, pero los resultados fueron adversos. Los casos promovidos desde el Departamento de Justicia no prosperaron ante jueces y jurados, en gran parte por la falta de pruebas sólidas que sustentaran las acusaciones. Este fracaso debilitó la estrategia del presidente y expuso en gran medida los límites institucionales del sistema judicial estadounidense.
Sin embargo, el punto de quiebre llegó con la gestión del caso Jeffrey Epstein. Bondi generó una expectativa elevada en torno a posibles avances, pero terminó presentando información que resultó insuficiente. Incluso los republicanos se sumaron a las críticas y, junto con legisladores demócratas, impulsaron presiones en el Congreso para que el Departamento de Justicia hiciera públicos más expedientes del caso.
El asunto derivó en una audiencia pública en la que Bondi compareció ante legisladores de ambos partidos. Las respuestas ofrecidas no lograron disipar las dudas y dejaron la impresión de una gestión deficiente, particularmente frente a las demandas de justicia de las víctimas.
En este contexto, el presidente Trump anunció la semana pasada que Bondi dejaría el cargo. Señaló que se incorporaría al sector privado y designó como fiscal general interino a Todd Blanche, hasta ahora fiscal adjunto.
Aunque Blanche fue abogado personal de Trump y es considerado una figura cercana al presidente, su eventual desempeño enfrentará los mismos obstáculos. El objetivo político de investigar y encarcelar a adversarios choca con un sistema judicial que, pese a las presiones, mantiene espacios de independencia. Mientras existan jueces y jurados dispuestos a exigir pruebas y a sostener estándares mínimos de legalidad, esos intentos seguirán encontrando límites.
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