Hace un par de semanas, una imagen saturó las redes sociales y provocó una mezcla de indignación y conmoción. En ella aparece Liam Conejo Ramos, un niño de apenas 5 años, con un gorro azul de conejo y una mochila de Spiderman. Está de pie, en medio de la calle frente a su casa en Minneapolis, junto a una camioneta negra. Detrás de él, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sostiene su mochila. Liam fue detenido junto con su padre y ambos fueron enviados a Texas.
La familia huyó de Ecuador y llegó a Estados Unidos en 2024 de manera legal, solicitando asilo y siguiendo los procedimientos que establecen las leyes estadounidenses.
Este fin de semana, sin embargo, un juez federal ordenó la liberación de Liam y de su padre, reconociendo las graves irregularidades del operativo. La decisión judicial llegó después de una intensa presión pública, mediática y legal, y permitió que ambos regresaran con su familia, al menos de manera temporal.
Historias como esta ayudan a explicar por qué, en los últimos días, miles de personas han salido a las calles para protestar contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump y, en particular, contra las redadas violentas de ICE. Durante una de estas movilizaciones, un hombre fue asesinado por un agente migratorio. Se trataba de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense, enfermero de profesión y la segunda persona con ciudadanía estadounidense que muere a manos de estos agentes.
Leídas de manera aislada, estas noticias podrían parecer excesos puntuales o errores lamentables, pero si las analizamos en conjunto revelan una política sistemática de deshumanización, acompañada de un uso cada vez más agresivo de la fuerza del Estado, que ha empujado a amplios sectores de la sociedad a movilizarse.
Las respuestas ciudadanas han sido tan diversas como creativas. En ciudades como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, vecinos han creado grupos de chat para monitorear las calles y alertar sobre posibles redadas. Organizaciones reparten silbatos para ser usados como señal de alarma ante la presencia de agentes de ICE. Otras personas se acercan a grabar detenciones, informan a los migrantes que tienen derechos, ofrecen llamar a familiares o incluso se congregan frente a los hoteles donde se hospedan los agentes para protestar y no dejarlos dormir. En el caso de Liam, estas redes de apoyo fueron clave para visibilizar su detención y acelerar la respuesta judicial.
Esta reacción social conecta directamente con una idea central que subrayó el abogado Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, en una entrevista reciente con nosotros: el verdadero desafío hoy no es solo ganar casos en los tribunales, sino contar historias humanas. Como él mismo lo dijo, “lo que intenta hacer la administración Trump es deshumanizar a las personas, hablar de ellas como si todas fueran miembros de pandillas, como abstracciones”. Frente a ello, insistió, es indispensable mostrar qué significan estas políticas en la práctica: madres y padres sin antecedentes penales, que trabajan, pagan impuestos y tienen hijos pequeños, algunos ciudadanos estadounidenses, enfrentando la separación o la deportación.
No es casual que imágenes como la de Liam o la muerte de Alex Pretti hayan generado tanta reacción. La liberación de Liam y su padre muestra que esa humanización no es solo simbólica: puede traducirse en decisiones concretas que salvan familias de la separación. Gelernt reconoce que dedica tanto tiempo a pensar estrategias legales como a reflexionar sobre “cómo humanizar a nuestros clientes ante el público”. El litigio, explica, sigue siendo una herramienta fundamental, pero tiene límites claros. “Los tribunales son una parte importante del cambio social, pero no lo son todo, y quizá ni siquiera la parte más importante. El cambio duradero tiene que venir del proceso político”.
Esta afirmación no minimiza el papel del derecho; lo coloca en una dimensión realista. Los tribunales pueden frenar políticas particularmente atroces y, sobre todo, servir como un vehículo para sacar a la luz hechos que el poder preferiría mantener ocultos. Pero cuando el propio Estado busca vaciar de contenido derechos básicos como el debido proceso, al utilizar leyes inéditas como la Alien Enemies Act o recurriendo a la militarización del control migratorio, el derecho, por sí solo, no basta.
Es ahí donde la movilización social se vuelve una herramienta para salvaguardar la democracia. Sin protesta, sin presión pública, sin personas dispuestas a documentar abusos y a interrumpir la normalización de la violencia, incluso las victorias jurídicas se vuelven frágiles. Como advierte Gelernt, abandonar los tribunales no es una opción, pero tampoco lo es confiar exclusivamente en ellos. Sin libertad de expresión, sin capacidad de organización, sin voces migrantes que puedan hacerse escuchar, el propio proceso democrático se vacía.
Quizás la reflexión más poderosa de este momento y de las palabras de Gelernt es que la justicia no avanza solo en sentencias. Avanza cuando las historias logran romper la indiferencia, cuando la indignación se organiza y cuando la ciudadanía se niega a aceptar que la deshumanización forme parte de su realidad. La liberación de Liam y su padre no cierra el caso ni desmantela el sistema que los puso en riesgo, pero sí recuerda algo fundamental: la movilización social y el derecho pueden trabajar de la mano para combatir injusticias y transformar la realidad en la que viven las personas.