Este 2025, analicé de cerca el regreso de Donald Trump al poder bajo una premisa: Trump no vino a provocar una crisis constitucional, sino a culminar una transformación en la manera en la que operan los poderes del Estado norteamericano.
Desde febrero, Trump ha gobernado a base de órdenes ejecutivas, implementando políticas agresivas contra la inmigración, desmantelando agencias gubernamentales, despidiendo a miles de servidores públicos y utilizando al Departamento de Estado como un medio para vengarse de sus detractores y beneficiar a sus amigos.
Antes de que la tinta de la primera orden ejecutiva pudiera siquiera secarse, Trump ya estaba firmando otra y conduciendo la política exterior estadounidense a base de amenazas disfrazadas de aranceles contra países que no hacían lo que el mandatario republicano quería. México fue testigo, en reiteradas ocasiones, de dichas tácticas.
Mientras tanto, los otros dos poderes de la Unión no pudieron hacer mucho. Con un Congreso sumamente ineficiente y una Corte Suprema secuestrada por una mayoría que favorece a Trump, parecería que el presidente ha desmantelado cualquier intento por ejercer un contrapeso a su mandato.
Vale la pena recordar que Trump intentó atar de manos a las universidades, a las firmas de abogacía y a las organizaciones que pudieron haber alzado la voz en su contra. Sin olvidar que intentó silenciar a los medios de comunicación y a los periodistas que alzaron la voz en su contra.
Además, el Partido Demócrata, el mismo que debió haber actuado como oposición al gobierno, sufre una profunda crisis de identidad. A la fecha, no existe una figura política capaz de liderar los esfuerzos para combatir al movimiento Make America Great Again.
¿Qué se puede hacer al respecto? ¿La democracia constitucional estadounidense ha muerto? ¿Es momento de aceptar que nuestro vecino del norte se ha convertido en un Estado fascista?
Aunque el contexto parece desolador y frustrante, aún es posible vislumbrar un poco de luz. Una democracia constitucional como Estados Unidos opera bajo el principio de pesos y contrapesos: un mecanismo mediante el cual los tres poderes pueden supervisarse y limitarse para evitar la concentración absoluta del poder. Aunque los contrapesos en Estados Unidos claramente están fallando, el sistema aún conserva dos que son críticos para su supervivencia.
El primero son las elecciones democráticas. En 2026, la ciudadanía estadounidense saldrá a las urnas para elegir a los integrantes de ambas cámaras del Congreso. Mientras el porcentaje de aprobación de Trump y de los republicanos disminuye, en 2025 los demócratas lograron asegurar gubernaturas y alcaldías clave. Si el partido consigue conectar con las necesidades de la ciudadanía y con el descontento frente a la administración actual, podrá recuperar la mayoría legislativa, impulsar leyes y exigir que el gobierno de Trump rinda cuentas. En este sentido, habrá que seguir de cerca los descubrimientos de los expedientes Epstein y la posibilidad de un juicio político a Trump.
El segundo contrapeso son los tribunales, en particular los tribunales federales inferiores, que desde la primera orden ejecutiva han detenido los intentos del presidente por limitar la ciudadanía estadounidense por nacimiento, deportar a millones de personas sin debido proceso o utilizar a la Guardia Nacional para contener protestas contra el gobierno republicano. Aunque estas contenciones son temporales y han enfrentado barreras importantes —como la eliminación de las suspensiones universales y el shadow docket, mediante el cual la Corte Suprema ha suprimido precedentes relevantes, generado incertidumbre jurídica—, las juezas y los jueces federales de todo el país han ejercido su labor conforme a los principios de independencia judicial y apego a la Constitución.
Considero que, para que estos dos contrapesos puedan ser exitosos en su tarea de contener a Trump, la abogacía y las organizaciones juegan un papel fundamental al transmitir a la ciudadanía la importancia de salir a votar y de contar con tribunales independientes. Se trata de la interminable tarea de insistir en que, aunque una democracia constitucional no es perfecta, esta sigue siendo la mejor manera para combatir el autoritarismo.