Por Salvador Guerrero Navarro
Hoy 27 de marzo de 2026 se cumplen 3 años del incendio en la estancia provisional de Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 migrantes. Este hecho, que dejó, además a 27 hombres lesionados y 15 mujeres migrantes con secuelas de por vida, marcó el sexenio pasado y se constituyó como una de las violaciones de derechos humanos más graves en la historia reciente del país.
Este hecho no fue aislado. El incendio puso en evidencia la maquinaria estatal de maltrato hacia las personas migrantes. Desde hace varios años, el Estado mexicano despliega a cientos de agentes migratorios junto con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, que conforman el llamado “muro vertical”, que restringe la movilidad de sur a norte, con la misión de impedir que las personas lleguen hacia los Estados Unidos. Además, con el incendio de la estancia provisional, se confirmó el fracaso de la política migratoria basada en la persecución y la contención. Ya que se ha privilegiado la restricción de la movilidad, en lugar de tener políticas integrales, de carácter regional, que se centren en las personas.
Desde que se conoció sobre la situación en la estancia provisional de Ciudad Juárez, la reacción del Estado fue fragmentada y sin responder a las necesidades de justicia que requería la magnitud del caso. Por ejemplo, la narrativa siempre ha sido la de culpar a las personas migrantes, sin considerar el contexto de hacinamiento, las condiciones de detención, o la persecución de las personas migrantes en condición irregular. Luego, pese a que se inició una investigación penal en contra del titular del Instituto Nacional de Migración, pasó mucho tiempo en el ejercicio de su cargo.
Se requiere una agenda para la justicia, que incluya un cambio profundo en la comprensión de la política migratoria y las necesidades de protección internacional de las personas. Algunas ideas para este cambio incluyen: modificaciones legislativas, políticas públicas amplias, así como medidas de no repetición.
En el ámbito normativo, por ejemplo, no se han modificado los lineamientos sobre el funcionamiento de las estaciones migratorias. Esto hace que a la fecha las condiciones de detención sean establecidas unilateralmente por la autoridad migratoria; además de que las visitas están sujetas a horarios estrictos y existe en la legislación un régimen de castigos, como lo es con situaciones carcelarias. Tampoco existe un registro público de detención migratoria, y en la legislación la detención sigue siendo la regla y no la excepción.
Sobre las políticas públicas, el gobierno tiene una enorme deuda para permitir la regularización migratoria de miles de personas que están en tránsito por el país, o que se encuentran en México como destino forzado. Incluso, desde el año 2023, el Instituto Nacional de Migración se ha negado a emitir Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias de manera ilegal, por lo que miles de personas que tienen derecho a regularizarse, hoy permanecen sin documentación, y con el riesgo de ser detenidas.
Unas medidas de no repetición, que aseguren que nunca habrá una tragedia como la de Ciudad Juárez, vendrían con la reingeniería de las instituciones estatales. Eliminar a las estaciones migratorias, fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y abrir las vías de regularización migratoria. La solución a la detención migratoria no es quitar candados o hacer pinturas en las estaciones migratorias. Es dejar de usar la fuerza del Estado para la contención migratoria.
Junto con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Instituto para las Mujeres en la Migración, y Derechos Humanos Integrales en Acción, desde la Clínica Jurídica “Alaíde Foppa” para Personas Refugiadas del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana hemos acompañado la defensa de este caso en varias instancias judiciales. A tres años de este hecho, seguimos reclamando justicia para las víctimas y un profundo cambio en el trato que se le brinda a las personas migrantes en México.
Coordinador de la Clínica Jurídica “Alaíde Foppa” para Personas Refugiadas. Departamento de Derecho. Universidad Iberoamericana