De niño yo también fui un maestro de los pretextos. Si no quería ir a la escuela o lavar los trastes, siempre había una excusa. Hacía frío, me dolía el estómago, iba a llover, ya era tarde o los zapatos misteriosamente habían desaparecido. Cuando no queremos hacer algo, la creatividad se dispara. En eso, de adultos, no hemos cambiado mucho.
El registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil en México, vigente desde el 9 de enero de 2026, activó ese talento nacional para inventar razones por las cuales algo no debe hacerse. Apenas entró en vigor, aparecieron especialistas, analistas y opinadores profesionales más preocupados por ofrecerle coartadas a las empresas para no cumplir, que por discutir cómo sí implementar una medida que ya es ley.
Desde la etapa de consultas, varias empresas de telefonía móvil acumularon argumentos para frenar el procedimiento. Algunos tenían lógica y otros parecían sacados del manual del clásico: “Y yo por qué”. Pero el registro ya es obligatorio y hay que cumplir. Para eso existe la autoridad reguladora, para establecer reglas que busquen proteger a la ciudadanía.
El objetivo del registro nunca fue un misterio. Se diseñó para reducir delitos cometidos mediante llamadas y mensajes, especialmente extorsión y fraude. Nadie prometió erradicar el crimen organizado ni convertir al país en Suiza digital. La meta es reducir el margen de anonimato que hoy facilita que los delincuentes operen con millones de líneas imposibles de rastrear.
Más allá del choteado recurso del robo de bases de datos e identidades, entre los pretextos que más me llamaron la atención fue decir que el registro podría convertirse en el “caldo de cultivo” perfecto para un mercado negro de SIMs activadas. Y sí, cuando alguien quiere darle la vuelta a un mandato, hace lo que sea para no cumplir. No sería raro ver anuncios de líneas ya registradas ofrecidas en marketplaces o redes sociales, ya sea por delincuentes o por espontáneos “emprendedores” que creen haber descubierto una oportunidad de negocio.
Pero pongamos las cosas en proporción. No es lo mismo un mercado secundario de 50, 100 o incluso 500 mil líneas registradas en reventa, que millones de líneas sin registro donde los criminales se pierden en el océano del anonimato. El problema hoy no es que exista un mercado gris o negro, sino que prácticamente todo el mercado opera en gris.
Otra falacia recurrente es la idea de que la gente no se registrará porque no tiene identificación oficial vigente o documentos completos. ¿En serio? ¿Esa persona sí puede comprar un smartphone, pagar recargas o planes mensuales, pero vive como paria administrativo? ¿Son indocumentados con iPhone? Claro que existen casos así, pero son la excepción, no la regla.
Lo que sí parece una auténtica jalada es el argumento de que un ciudadano cambiará su situación fiscal, como si fuera una contraseña de Facebook, para convertirse en persona física con actividades empresariales y contratar un volumen “ilimitado” de líneas móviles. Ya me imagino a esa horda de valientes lanzándose directo a la boca del león fiscal, felices de exponerse a auditorías y revisiones más exhaustivas, todo para revender SIMs. Bueno, y aunque eso si eso fuera tan común, al menos ya sabríamos que el coronel Ramírez, de la célula equis del cártel de la Tuna, registró miles de líneas. Pero miles, no millones.
Desde el 9 de enero, todas las nuevas líneas deben registrarse en un plazo máximo de 30 días o serán suspendidas. El trámite no exige biometría ni pruebas de ADN. Para personas físicas basta identificación oficial y CURP, que viene impresa en la credencial del INE. Para personas morales se solicita el RFC. Las líneas activas antes de esa fecha deberán quedar vinculadas a más tardar el 30 de junio de 2026. No es ciencia oculta.
Aun así, corre la versión de que las operadoras presionan para aplazar el registro. Hasta ayer no existía ni una solicitud formal de los grandes operadores de red. Solo dos Operadores Móviles Virtuales, que rentan infraestructura, pidieron prórroga por fallas técnicas, costos elevados y plazos que consideran inviables. Es decir, el problema no es generalizado, pero el ruido sí.
Entonces surge la pregunta incómoda: ¿por qué tanta oposición a registrar las líneas? ¿Qué quieren ocultar algunos usuarios? ¿Por qué ciertos operadores se resisten a cumplir algo que, en términos técnicos, ya es rutina en otros sectores? ¿Será que alguien se siente más cómodo operando desde la jungla del anonimato? ¿Será que los grandes negocios de granjas de bots en redes sociales se vendrían abajo?
Me sigo preguntando. ¿De veras te crees tan importante como para que el SAT vigile tu cuenta de 7 mil pesitos que no aguanta ni una quincena? ¿Por qué las operadoras buscan pretextos para no transparentar su verdadera base de usuarios activa? ¿Será que no quieren evidenciar que están vendiendo negocios inflados? ¿Será que han engañado a sus accionistas con una cartera de clientes fantasma?
Hasta hace poco, México ni siquiera tenía una regulación clara que obligara a dar de baja números que no se usan durante cierto tiempo. Como práctica de industria, muchas líneas se suspenden tras 90 días de inactividad. Pero ¿y si no es así? ¿Y si todavía se cuentan líneas que no se usan desde hace años para presumir participación de mercado?
Si crees que implementar un sistema de registro, ni siquiera biométrico, es una hazaña tecnológica imposible, conviene recordar la vida cotidiana. Casi todos los dispositivos modernos y muchas aplicaciones ya te identifican, y tú, feliz, sonriente y contento te entregas con clic en “acepto”. ¿Ya sabes cómo le hizo tu banco para darte esa tarjeta de débito? ¿Cómo crees que las Fintech (casi) te regalan las tarjetas de crédito? ¿Cómo le hace Facebook o TikTok para validar que tú eres el dueño de una cuenta robada?
Registrar tu línea móvil no es el inicio del apocalipsis digital. Es, en todo caso, el fin de una comodidad que solo beneficia al anonimato mal usado. Y como cuando éramos niños, quizá ya va siendo hora de dejar las excusas y hacer lo que toca. A todos nos conviene.
Columnista y comentarista