La célebre frase que Napoleón Bonaparte pronuncia en su retorno triunfal de la isla de Elba —”el que salva una nación no viola ninguna ley”— representa uno de los ejercicios más sofisticados de legitimación del poder a través del discurso. En la película Waterloo de 1970, dirigida por Sergei Bondarchuk, esa declaración aparece como un acto de fe política, una suspensión momentánea del orden jurídico en nombre de la salvación nacional. Sin embargo, si Jean Baudrillard estuviera presente para analizar este momento histórico desde nuestra modernidad, probablemente argumentaría que ya no se trata de que el salvador viole o no viole leyes, sino de que, en el régimen de la hiperrealidad política, las leyes mismas se han convertido en simulación, en representaciones sin referente real.
Lo que llamo el “hiperidealismo” —ese proceso mediante el cual las ideas políticas fundacionales se desprenden de su historia para convertirse en construcciones semióticas manipulables— constituye un aparato conceptual por el que apuesto para comprender la política contemporánea tanto en México como en el mundo occidental. No se trata simplemente de vivir en una era de posverdad o fake news, términos insuficientes e ingenuos para capturar la magnitud del fenómeno. Lo que enfrentamos es una transformación ontológica de lo político: la democracia, la representación, la soberanía popular y la rendición de cuentas han dejado de ser prácticas materiales con consecuencias verificables para convertirse en construcciones discursivas que circulan en el espacio digital como mercancías, despojadas de su sustancia, amplificadas en su apariencia, distorsionadas en su significado, propagando la ignorancia.
El proceso de hiperidealización opera en tres fases. Primero, las ideas políticas esenciales —democracia, justicia, libertad— nunca son comprendidas en su complejidad por la mayoría de los ciudadanos. Esta incomprensión es estructural: los conceptos políticos modernos surgen de tradiciones filosóficas, jurídicas e históricas que requieren años de estudio. El ciudadano promedio opera con versiones simplificadas, con nociones intuitivas que apenas rozan la superficie conceptual. Esta brecha epistémica es un problema democrático de primer orden, pero en la era predigital existían instituciones mediadoras —partidos políticos, sindicatos, medios tradicionales de comunicación, intelectuales— que funcionaban como traductores, en muchos casos no muy fiables, entre la teoría política y la práctica ciudadana.
La segunda fase llega con la digitalización masiva. Las redes sociales, los algoritmos de amplificación, la economía de la atención y los ecosistemas de información fragmentada no solo transmiten estas nociones simplificadas; las transforman radicalmente. Cada concepto político pasa por filtros de viralización, por lógicas de interacción, por economías de clicks y likes que privilegian la intensidad emocional sobre la precisión conceptual, la polarización sobre el matiz, el escándalo sobre el análisis. Aquí la democracia deja de ser un conjunto de instituciones y prácticas deliberativas para convertirse en una “hiperidea”: una construcción discursiva hipertrofiada, sobrecargada de significados contradictorios, despojada de su referente material, amplificada hasta la caricatura.
La tercera fase cierra el círculo perverso y marca la transición del hiperidealismo al hiperrealismo: estas hiperideas intentan reimplantarse en el mundo real, colonizar el espacio de la política material. Pero lo que regresa no es la democracia como práctica institucional sino su fantasma digital, su versión hiperrealista. Los ciudadanos ahora “entienden” la democracia no a través de la experiencia de participación efectiva, sino a través de memes, trending topics, narrativas virales, campañas de manipulación orquestadas por granjas de bots desde el mundo digital. La gente ya no comprende la democracia como un sistema complejo de controles y contrapesos, como una arquitectura que equilibra mayorías y minorías, como un régimen que protege derechos fundamentales incluso contra la voluntad mayoritaria. En cambio, la “entiende” como un combate tribal entre buenos y malos, como un Reality Show populista donde se aplauden o abuchean personajes según su capacidad de generar identificación afectiva… heredada a la realidad desde el estadio de los intangible.
Este fenómeno tiene manifestaciones concretas en la política contemporánea. Cuando un gobierno se presenta como encarnación de la voluntad popular y cualquier crítica institucional se interpreta como traición, estamos ante un ejercicio perfecto de hiperidealismo que produce hiperrealidad política. La democracia se reduce a su versión más primitiva —la mayoría electoral— despojándola de sus componentes liberales: división de poderes, autonomía institucional, protección de minorías, libertad de prensa, estado de derecho. Esta reducción no se presenta como déficit democrático sino, paradójicamente, como su realización plena, como la “verdadera democracia” liberada de ataduras oligárquicas, neoliberales, conservadoras a partir de los estadios digitales que, dicho sea de paso, son estructuras de la iniciativa privada disfrazada como canal de comunicación-dispersión.
El hiperidealismo no solo transforma el contenido de las ideas políticas; transforma las prioridades de la discusión pública. Esta es su función más perversa. El ecosistema digital determina qué temas se discuten y cuáles se silencian. La economía de la atención, impulsada por algoritmos diseñados para maximizar el tiempo de pantalla, favorece sistemáticamente el escándalo sobre la sustancia, la polémica personal sobre el debate programático, la indignación moral sobre el análisis técnico.
En México, mientras el espacio digital se incendia con cada declaración provocadora de la presidenta, con insultos entre figuras políticas, con teorías conspirativas, con la proliferación de imágenes del crimen organizado, los temas estructurales que determinan el futuro del país —la reforma educativa real, la sostenibilidad fiscal, la transición energética, la seguridad como problema de diseño institucional, la estrategia de inserción en las cadenas globales de valor— permanecen en un segundo plano, discutidos solo en círculos especializados, ausentes del debate público masivo.
El espectáculo digital y ahora podemos sumar a la Inteligencia Artificial cumple una función ideológica crucial: oculta la continuidad de las estructuras de poder bajo la apariencia de permanente conflicto. Mientras los ciudadanos consumen el drama político diario, las decisiones fundamentales sobre distribución de recursos, configuración de políticas públicas y reproducción de desigualdades se toman en espacios opacos, inmunes a la presión ciudadana porque esa presión está canalizada hacia los simulacros del espectáculo digital. La mejor política pública es el anuncio de la política que no se llevará a cabo. El anuncio es suficiente para enmascarar de efectividad burocrática la política del gobernante. Hoy, los gobiernos ya no comunican lo que hacen; hacen lo que comunican, o más precisamente, reemplazan el hacer con el comunicar. La política se convierte en gestión de percepciones, en administración de narrativas, en producción industrial de simulacros.
Volvamos a Napoleón en Waterloo. Su declaración —“el que salva una nación no viola ninguna ley”— era al menos un acto de honestidad autoritaria: reconocía implícitamente que suspendía el orden legal apelando a una legitimidad superior. Era un acto de fuerza que se nombraba a sí mismo, que asumía la responsabilidad de su excepción. El autoritarismo hiperreal opera invirtiendo esta lógica: viola sistemáticamente las normas democráticas —el decoro institucional, la ética pública, las convenciones republicanas, los equilibrios de poder— mientras proclama que está salvando la democracia, defendiendo al pueblo, restaurando la justicia.
Esta inversión es estrategia. El líder autoritario no se presenta como el salvador que viola leyes; se presenta como el único demócrata auténtico en un sistema corrupto, como defensor del pueblo contra las élites, como restaurador de una legitimidad popular secuestrada por las instituciones. Cada violación de normas se justifica como acto de democratización, cada ataque a instituciones autónomas como liberación popular, cada concentración de poder como empoderamiento ciudadano.
En México, este fenómeno alcanza expresiones paradigmáticas. La demolición de instituciones autónomas —desde órganos reguladores hasta institutos electorales— se ejecuta en nombre de la “verdadera democracia”. La intimidación a periodistas críticos se presenta como defensa del pueblo contra las “fake news” de los medios corporativos. La militarización de la seguridad pública se vende como estrategia de pacificación.
El hiperidealismo permite esta alquimia semántica porque ha desconectado los significantes de sus significados, las palabras de sus prácticas, los conceptos de sus materializaciones institucionales. “Democracia” ya no refiere a un conjunto específico de arreglos institucionales verificables; refiere a cualquier cosa que un líder popular designe como tal. Es un significante flotante que puede llenarse con contenidos arbitrarios, incluso contradictorios con su sentido histórico. Pero la democracia en sí no entró en crisis en el siglo XXI: siempre ha estado en crisis pues es de raíz humana y por tanto contradictora ad hoc.
Y aquí llegamos al núcleo: la hiperrealidad política no solo distorsiona conceptos; imposibilita la crítica. Toda crítica requiere un punto de referencia compartido, un suelo común desde el cual evaluar las prácticas políticas. Si la democracia es lo que el líder popular llame democracia, si la justicia es lo que produzca indignación en redes sociales, si la verdad es lo que circule con más fuerza en los algoritmos, entonces no existe lenguaje posible para articular una crítica fundamentada. La crítica misma se convierte en otro simulacro. Monetizar el debate público a través de las plataformas digitales es hacer de la democracia un instrumento económico para unos cuantos.
Los simulacros de democracia que produce el hiperidealismo son totalitarios no por prohibir la crítica sino por absorberla, por convertirla en combustible del sistema. Cada denuncia de autoritarismo se convierte en prueba de pluralismo; cada señalamiento de violaciones constitucionales se reinterpreta como defensa de privilegios amenazados; cada análisis técnico que evidencia inconsistencias se descarta como tecnócrata y elitista. El sistema es inmune a la crítica porque ha colonizado previamente todo el lenguaje posible de la crítica.
Esta situación es sintomática de una transformación global de la política en la era digital. De Donald Trump a Javier Milei, de Pedro Sánchez a Emmanuel Macron, vemos emerger una nueva forma de autoritarismo que opera a través de la producción de hiperrealidades políticas, de simulacros democráticos que desplazan a las democracias reales, de narrativas virales que sustituyen a las políticas públicas verificables. Todos estos líderes comparten una habilidad distintiva: la capacidad de producir realidades alternativas a mayor velocidad, de gestar populismos libertarios, de confundir a la Izquierda con la Derecha y viceversa… vaya, hasta el concepto fascismo es mal utilizado ya, pero no le digan a nadie.
La batalla por la realidad se ha perdido antes de comenzar porque las formas de verificación operan en una temporalidad incompatible con la producción industrial de falsedades. Para cuando una mentira ha sido desmentida, mil mentiras nuevas circulan. Para cuando un análisis riguroso ha documentado una violación institucional, cien violaciones nuevas han ocurrido y el foco de atención se ha desplazado. La crítica seria resulta estructuralmente inadecuada para intervenir en un ecosistema diseñado para la velocidad, la intensidad emocional y la volatilidad constante.
Lo que podemos afirmar con certeza es que continuar operando como si viviéramos en la era predigital, como si los mecanismos tradicionales de deliberación democrática pudieran trasladarse intactos al ecosistema digital, es condenarse a la irrelevancia política. El hiperidealismo ha transformado radicalmente las condiciones de producción, circulación y recepción del discurso político. Hoy no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de libertad de expresión porque inclusive el gobernante más serio publica en sus redes sociales como una obligación y reparo: ¿en qué momento esto se convirtió en una obligación? La libertad de expresión en sí misma no es una obligación ni un derecho que debemos ejercer plenamente… es nuestro para guardarlo, nuestro para usarlo, en todo caso nuestro para monetizarlo… y ahí la trampa. Hoy es tiempo de defender el silencio.
Retomo la idea: las plataformas digitales pertenecen a grandes compañías tecnológicas que se nutren de nuestros datos. ¿En qué momento un gobierno y sus miembros aceptaron formar parte de ese mundo y se dejaron regular y no al contrario? En ese mundo todos formamos parte de un manual que está hecho para lucrar con nosotros mismos… somos generadores de ideas, que generan realidades, que generan a su vez el crecimiento económico de alguien que se no responsabiliza por volver estúpidos a los pueblos. Las benditas redes sociales intangibles y necesarias, revolucionarias y alienantes.