En una columna reciente sostuve que hay una guerra que se pelea antes de los balazos, con las ideas y las palabras, y que el Estado mexicano lleva décadas perdiéndola sin saberlo. Mi argumento central era que nombrar es construir: cada vez que una institución, un fiscal o un comunicado oficial escribe “Cártel Jalisco Nueva Generación”, le regala al crimen organizado algo que ningún dinero puede comprar: identidad, territorio y marca. Durante la última semana, a partir del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes y como parte de un ejercicio de análisis del discurso en materia de comunicación política, me dediqué a revisar el material publicado en diversos medios de comunicación.
Usualmente leo a columnistas de distintas casas editoriales, a quienes tomo como referencia tanto por su estilo como por su experiencia, siempre en aras de aprender. Releyendo materiales, el pasado dos de marzo encontré un texto titulado “Las relaciones peligrosas del gobernador”, que abordaba el posible riesgo de que el Mundial de Futbol de la FIFA no se celebre en Jalisco. Aunque el tema que trata es legítimo y urgente, el modo en que se articula produce, quizás sin proponérselo, exactamente el mismo efecto que yo denunciaba en el lenguaje oficial. Convierte una crisis en una identidad permanente, fusiona un territorio con su organización criminal y le entrega al lector un Jalisco sin salida antes de que los hechos hayan terminado de ocurrir.
Vale la pena leer con cuidado ese texto publicado en El Financiero, no para desacreditarlo, sino para entender cómo funciona. Porque cuando el periodismo modifica la percepción de la realidad, aunque sea involuntariamente, el daño lo pagan quienes viven en ella. La muerte de Oseguera Cervantes abrió un vacío informativo que el ciclo noticioso no tolera bien. Cuando cae la cabeza visible de una organización criminal de esa escala, los reacomodos internos son opacos, las consecuencias reales tardan semanas o meses en volverse legibles y hay, simultáneamente, mucho que decir y muy poco que se pueda verificar. Es el terreno más fértil para un discurso que avanza más rápido que la evidencia: donde los hechos son escasos, las hipótesis proliferan con apariencia de información.
Uno de los recursos que opera con mayor eficacia en el texto es colocar dos elementos en el mismo párrafo de modo que el lector construya entre ellos una relación que el autor no afirma explícitamente. Las fotografías del gobernador Pablo Lemus con el sacerdote José Dolores Aguayo, el “padre Lolo”, aparecen en el mismo espacio en que se describe el papel de esa parroquia en la turbulencia posterior a la muerte de Oseguera Cervantes. No se afirma ningún vínculo criminal entre Lemus y el crimen organizado a través del sacerdote. No hace falta. La proximidad hace el trabajo y el lector llega solo a una conclusión que el texto puede negar haber sugerido. Lo más revelador es que el propio texto lo admite, casi de paso: “las relaciones peligrosas del gobernador, hasta el momento, forman parte de investigaciones activas en Estados Unidos, mientras que en México apenas se esbozan con las fotografías”. En México no hay nada concreto. Solo fotografías. La frase está ahí, pero el texto avanza sobre ella sin detenerse.
Lo que sigue merece mayor cuidado. La columna afirma que el FinCen y la OFAC, agencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tienen investigaciones abiertas sobre el gobernador de Guadalajara; que los montos de un presunto desvío no son 13 millones de pesos, sino 150 millones; y que ese dinero habría sido destinado al pago de protección al CJNG cuando el gobernador era alcalde de Guadalajara y la diputada Mónica Magaña aspiraba por primera vez a una curul en Zapopan. Si eso fuera cierto, estaríamos ante uno de los escándalos políticos más graves de la historia reciente de México. Una acusación así exige evidencia proporcional a su peso.
Lo que el texto ofrece es “según ha trascendido” y “funcionarios estadounidenses revelaron algunos detalles generales”. La cifra de 150 millones aparece sin documento, sin expediente, sin fuente identificable. Y, sin embargo, funciona: la precisión numérica genera en el lector una sensación de rigor que los datos, solos, no sostienen. Invoca además la autoridad de agencias extranjeras que el lector no puede consultar ni refutar. El resultado es una acusación que flota con apariencia de solidez institucional, pero sin ningún anclaje verificable.
La paradoja es que el texto no la resuelve ni intenta resolverla. Si las investigaciones del FinCen y la OFAC sobre Lemus son activas y secretas, solo hay dos formas de que sus detalles lleguen a un columnista: o existe una acción judicial formal que los hace públicos, en cuyo caso habría documentos citables que el texto no menciona, o alguien con interés político decidió filtrarlos de forma selectiva. Ninguna de las dos posibilidades es inocente. El texto no distingue entre ellas.
La cadena causal completa funciona bajo la misma lógica. La diputada Magaña denunció a su cuñado Diego Martínez Ornelas por un fraude de 13 millones de pesos. Esa denuncia, según el texto, activó investigaciones estadounidenses sobre el gobernador, quien habría participado en el no pago de protección al CJNG. Con la muerte de Oseguera Cervantes, esa falta de pago desestabilizó los acuerdos de seguridad en el estado, lo cual amenaza la sede mundialista. Cada eslabón requeriría una investigación propia con documentos y fuentes identificables. Encadenados en tres párrafos producen un discurso que suena coherente, pero que resulta imposible de refutar en el corto plazo, precisamente porque descansa en procesos “en curso” que nadie puede confirmar.
Lo que se pierde en esa cadena es lo más importante: la paz de los jaliscienses. La violencia en Jalisco tiene raíces estructurales que anteceden cualquier pleito entre la diputada Magaña y su cuñado en Zapopan. Convertir ese conflicto familiar en el detonador de la inseguridad estatal es un discurso que distrae de las causas reales y que, sobre todo, instala en el lector la sensación de que no hay solución posible, de que el caos es el destino natural de Jalisco. Esa sensación tiene consecuencias concretas sobre la vida cotidiana de millones de personas que necesitan, urgentemente, que el debate público se enfoque en lo que sí puede construirse: tejido social y confianza ciudadana.
La afirmación de que Guadalajara, “objetivamente hablando, está en serio riesgo de ser cancelada” como sede mundialista condensa todo lo anterior en una sola frase. La palabra “objetivamente” introduce como hecho lo que es una hipótesis. Los criterios de la FIFA para cancelar una sede son complejos, contractuales y diplomáticos, y no se activan por un vehículo baleado en una avenida ni por un retraso en la entrega de inhibidores de drones. Al final del texto, casi de pasada, aparece el matiz: “por supuesto, nada está decidido aún”. Es una frase honesta que invalida el tono de la apertura, pero que llega tarde. La imagen de la sede cancelada ya circuló, ya fue compartida, ya quedó instalada en la conversación pública. Y mientras esa imagen circula, los tres millones y medio de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara siguen esperando que alguien hable de su seguridad con la misma urgencia con la que se habla del Mundial, pero con más rigor y con menos catástrofe.
Parafraseando al propio maestro Raymundo Riva Palacio, quien tituló con elocuencia su texto “Momento de definiciones”, resulta imperativo frenar de inmediato la confrontación política que hoy se amplifica en medios y redes sociales,
y sustituirla por un esfuerzo genuino de cohesión que fortalezca al Estado mexicano. En esta coyuntura particularmente delicada, la unidad nacional no puede reducirse a un eslogan: constituye una condición indispensable para sostener al Estado cuando enfrenta desafíos directos. Ese es el espíritu que hoy demanda el país. Todo acto que propicie inestabilidad a partir de la desinformación se vuelve sospechoso en cualquier ámbito de la vida pública. Y como escritores y narradores de la realidad, tampoco podemos permitir que la duda, ni mucho menos la ética, se diluyan bajo el peso de la polarización. En lo personal, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fui acusado en distintas publicaciones de mis columnas de actuar como un agente desestabilizador. De forma similar, sobre el maestro Riva Palacio han recaído señalamientos y supuestas investigaciones desde el gobierno federal y sus instituciones que cuestionan su ética periodística al debatir sus publicaciones por alterar la realidad. Por ello, lo que debe prevalecer es el compromiso con los hechos, y la convicción de que el debate público exige altura para eliminar.
Aquí es donde mi argumento anterior y este análisis se encuentran. El problema, a mi parecer, es la construcción de una realidad colectiva con consecuencias materiales. Cuando el discurso mediático fusiona sistemáticamente a Jalisco con su organización criminal más notoria, replica el mismo mecanismo que yo denunciaba en el lenguaje institucional, con una diferencia importante: la prensa tiene la legitimidad del escrutinio democrático, lo que hace que su efecto sobre la percepción sea más profundo y duradero. Jalisco deja de ser el estado que organiza uno de los mundiales más importantes de su historia y pasa a ser, en el imaginario del lector, la extensión territorial de un cártel que ya ni siquiera tiene a su fundador.
Por supuesto, ningún periodista tiene la obligación de proteger la imagen de ningún gobierno. Sí tiene, en cambio, la de distinguir con la mayor honestidad posible lo que sabe de lo que sospecha, lo que está documentado de lo que ha trascendido, lo que es evidencia de lo que es una fotografía. La guerra de las palabras no la gana solo el Estado recuperando su lenguaje, la gana también el periodismo cuando se niega a ser el departamento de marketing del caos.
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