Soy enfático al decir que hay una guerra que se libra antes de los balazos. Se pelea con las ideas y las palabras. El Estado mexicano lleva décadas perdiéndola sin saberlo [o peor, sin entenderlo o aplicarlo]. Cada vez que un fiscal, un secretario de Seguridad o un comunicado oficial escribe “Cártel de Jalisco Nueva Generación”, le regala al crimen organizado algo que ningún dinero puede comprar: identidad, territorio, marca. Nombrar es poder. El filósofo JL Austin lo formuló con precisión: las palabras no son meros instrumentos de comunicación, sino herramientas que dan forma a nuestra realidad. En México, el Estado les ha cedido ese poder a los criminales. No es ingenuidad. Es mala comunicación política institucional, con consecuencias letales.
Empero, ningún notario levantó el acta constitutiva para Nemesio Oseguera Cervantes y su imperio criminal. Ninguna asamblea aprobó los estatutos para los criminales ni su identidad. Los llamados cárteles no nacen con nombre propio en ningún registro oficial. Surgen de la jerga interna, del apodo callejero, del corrido que los glorifica. Son los medios, las agencias de seguridad y las propias autoridades quienes toman esa etiqueta provisional y la convierten en categoría permanente. El término “cártel” ni siquiera es de origen criminal. Viene de la economía, la DEA lo trasplantó para describir a los grandes grupos colombianos de los ochenta: Medellín, de Pablo Escobar; Cali, de los hermanos Rodríguez Orejuela. Pero, cuando decimos “Cártel de Jalisco”, fusionamos a millones de jaliscienses con una organización criminal que opera en su territorio, pero no los representa. Lo mismo pasa con Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas.
El nombre geográfico convierte al criminal en hijo legítimo del lugar. Le otorga arraigo. Si el Estado renunciara a reproducir esos nombres, varias cosas ocurrirían simultáneamente. Se erosionaría la identidad corporativa del grupo. Sin nombre reconocible no hay marca. Sin marca no hay reclutamiento eficiente. Jalisco volvería a ser Jalisco, no el feudo criminal de nadie. La conversación pública se enfocaría en estructuras, redes y complicidades, no en entidades casi míticas con corrido dedicado. El verdadero escándalo: las instituciones de seguridad nacional operan como departamentos de marketing involuntarios del crimen organizado. Los criminales dictan los términos de su participación; el Estado los adopta; los medios de comunicación, tradicionales y digitales, los amplifican; y la población los naturaliza. El resultado ya lo conocemos. Jalisco ya no es solo mariachi y tequila. Es “la plaza del CJNG”. Sinaloa ya no es tierra de trabajadores. Es “la cuna del Chapo”, “el territorio del Mayo Zambada”: la identidad regional es secuestrada por una narrativa criminal que el propio Estado valida cada vez que usa esos nombres sin cuestionarlos.
México exporta la imagen de ingobernabilidad y de crimen organizado desde hace décadas. El “Cártel de Sinaloa” aparece en The New York Times y The Washington Post; en Netflix; en audiencias del Congreso estadounidense cuando interrogan a funcionarios de la DEA. Es una marca global. Y le pertenece al crimen, no al país. Los cárteles no imponen su nomenclatura mediante amenazas [aunque las haya]. La imponen mediante repetición, normalización y terrorismo; mediante la adopción irreflexiva por parte de quienes deberían combatirlos. Seducción semiótica, y funciona.
¿Cómo nombrarlos, entonces? La respuesta no es simple. Tampoco imposible. Las agencias de procuración de justicia deberían adoptar una nomenclatura técnica que describa sin glorificar, que identifique sin mitificar. Una nomenclatura operativa basada en estructura y actividad criminal que elimine la identidad épica de los criminales, y en la que la geografía sea un referente operativo, no una identidad como si habláramos de denominación de origen. Sinaloa o Jalisco dejan de ser el cártel; pasan a ser uno de varios territorios donde operan criminales.
Esta nomenclatura tiene ventajas inmediatas. Dificulta la repetición mediática. La marca importa. Quitársela es quitarle seducción. Obliga al debate a enfocarse en lo sustantivo. Si las conferencias de seguridad nacional dejan de mencionar “cárteles” y hablan de “redes de lavado en el sector inmobiliario de Puebla”, “tráfico de precursores químicos vía Manzanillo”, “complicidad de funcionarios estatales con el grupo de Oseguera Cervantes”, por ejemplo, el debate cambia. Ya no es “combate al CJNG” como guerra épica. Es desarticulación de redes, persecución de cómplices, decomiso de activos. Policía, no mitología. [Por supuesto, no digo aquí que la criminalidad entraría en descenso, sino que habría otra forma de combatirles, recordemos que la indiferencia también duele].
¿Es suficiente? No. Cambiar nombres no desaparece las rutas de fentanilo. No desmantela laboratorios. No detiene asesinatos. No obstante, mientras sigamos nombrándolos como ellos quieren, seguiremos construyéndolos en lugar de desmantelarlos. Seguiremos regalándoles identidad y territorio; los invito a escuchar qué cantan los niños mexicanos, sin distinción de clases sociales, están entre corridos tumbados y reggaeton, “corridos tumbados”. En México, las palabras oficiales desde el gobierno llevan décadas dándole forma a una realidad donde los criminales tienen nombre, territorio y narrativa. En el mundo, por desgracia, cuando se menciona el nombre de México se le liga al crimen organizado; no es una falacia. Es momento de recuperar el lenguaje para ir recuperando esa paz idílica y necesaria para el país. Hagamos el ejercicio…
Hace 20 años, recuerdo haber estado en Monterrey y, al preguntar sobre los “Zetas”, las personas pronto me pidieron guardar silencio y dijeron: les llamamos los de la “letra”. Sin más, me reí; me pidieron no hacerlo. No podía entender que el crimen organizado normara su propio nombre en boca de los demás, atemorizados. Hay que invertir la ecuación. Pero necesitamos del gobierno… de su ejemplo y no de su continua polarización electoral encarnizada por sus facciones que luchan por el Poder. De su comunicación política para encontrar la libertad que merecemos los mexicanos.