Hay un momento preciso en que un gobierno deja de gobernar. No es cuando concluye su mandato ni cuando el presidente entrega la banda ni cuando algún gobernador o presidente municipal cede la silla. Es mucho antes: ocurre cuando la lógica de la campaña anticipada comienza a imponerse sobre la lógica de la administración. Ese instante, difuso e imperceptible al principio, marca el momento en que la fiebre de la sucesión se instala en el aparato del Estado y en los propios políticos. En México ese virus mutó. Ya no es una enfermedad de fin de sexenio: es endémica. Se reproduce desde el primer año, se alimenta de la agenda pública y termina por devorar la capacidad de gestión del gobierno en turno. El resultado es conocido y padecido: planes de gobierno sin continuidad, instituciones convertidas en tribunas personales y servidores públicos más atentos al siguiente cargo que al encargo que el pueblo les ordenó cumplir.
De esa enfermedad endémica, Andrés Manuel López Obrador fue el gran maestro del tiempo político comprimido. Desde el primer día de su gobierno, el primero de diciembre de 2018, gobernó como si hubiera una elección al día siguiente. Las mañaneras no eran ruedas de prensa técnicas; eran mítines cotidianos, y lo son hasta la fecha en un formato progresivamente desgastado por desarticulado. El lenguaje de campaña, la confrontación permanente, el nosotros contra ellos, el pueblo bueno frente a la élite rapaz: nada de eso se interrumpió jamás, en populismo en sí.
Esa decisión trajo consigo una consecuencia estructural que se subestimó sistemáticamente: la formación de cuadros y la construcción de proyectos institucionales quedaron supeditadas a la lealtad política y a la narrativa electoral, no al resultado. Antes de hablar de la presidenta Claudia Sheinbaum y del 2027, sin embargo, conviene detenerse en un fenómeno que llamo: la patología del expectante del poder. Así, en el sistema político mexicano, quien aspira a la candidatura presidencial o de cualquier encargo político no simplemente compite; se transforma. El aspirante comienza a verse a sí mismo como el destinatario natural del cargo, como quien ya lo ocupa en potencia, como el único capaz de conducir al país. Esa convicción, alimentada por los círculos de aduladores que rodean inevitablemente a cualquier figura con posibilidades reales, produce una disociación progresiva entre la percepción propia y la realidad del encargo que se ejerce en ese momento.
El expectante deja de escuchar diagnósticos técnicos que contradigan su narrativa. Empieza a leer cada dato como confirmación inevitable de su posible victoria, e interpreta cada crítica como persecución y cada obstáculo como conspiración. El cargo que ocupa se convierte en estorbo o en trampolín, nunca en responsabilidad. Y el entorno, que también aspira a acomodarse en el gobierno que viene, le refuerza esa visión sin cuestionarla.
Esto no es una descripción abstracta. Es lo que ocurrió con cada uno de los aspirantes morenistas en el ciclo previo a 2024. Marcelo Ebrard llegó al punto de impugnar el proceso interno de su propio partido, convencido de que los resultados eran una imposibilidad matemática. Adán Augusto López operó la Secretaría de Gobernación como si fuera una coordinadora de campaña territorial. Ricardo Monreal negoció su posición legislativa como moneda de cambio para mantener vigencia en la disputa. La ahora presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, administró la Ciudad de México con la disciplina de quien sabe que cada decisión será juzgada no por su impacto en los capitalinos sino por su efecto en la percepción nacional. Cuatro altos funcionarios en campaña permanente. Cuatro cargos públicos administrados con el objetivo secundario de la candidatura. México tuvo eso durante años como segundo, tercer y cuarto nivel del poder ejecutivo federal y del gobierno capitalino. Nadie lo consideró anormal. Eso es lo verdaderamente preocupante.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta ahora la misma disyuntiva que su antecesor, y hay señales de que la está resolviendo de la misma manera. La figura de la revocación de mandato, mecanismo que López Obrador utilizó en 2022 no como instrumento de rendición de cuentas sino como ejercicio de ratificación popular y plataforma de movilización, reaparece en el horizonte político como un posible escenario para el 2027. Si la presidenta activa formalmente ese mecanismo, o simplemente comienza a comportarse como si lo fuera a activar, la lógica de campaña se instala en el centro mismo del Ejecutivo federal.
A partir de ese momento la agenda pública se orienta a la construcción de consenso electoral y no a la coherente puesta en marcha de la política pública tan necesaria en México. Los tiempos de la comunicación gubernamental se subordinan a los tiempos de la confrontación política. Los adversarios, reales o construidos, se convierten en el combustible necesario para mantener encendida la maquinaria de movilización. Hay que decirlo con claridad: Sheinbaum no es completamente libre de elegir. Responde a compromisos, a acuerdos de coalición, a la inercia de un movimiento que se construyó sobre la figura carismática de López Obrador y que ahora debe encontrar su propia razón de ser en un universo de actores políticos sin carisma.
Las bases que llevaron al poder a la presidenta tienen expectativas, demandan protagonismo, exigen visibilidad. Y la titular del Poder Ejecutivo, como cualquier actor político, responde a quienes la apoyaron. Pero la política realista, no la ideal sino la que efectivamente genera cambio en las condiciones de vida de la gente, también tiene sus reglas aunque románticas. Una de ellas es que los actores que ya obtuvieron su parte del reparto político deben saber cuándo retirarse al margen y dejar gobernar. El problema es que en el sistema político mexicano (ni en el mundo) nadie se retira voluntariamente. Y solamente la presidenta tiene la autoridad para mandarlos a descansar.
Así pues, si la presidenta Sheinbaum no toma esa decisión, si permite que la dinámica sucesoria y la lógica de campaña colonicen su gobierno desde ahora, habrá desperdiciado algo que raramente se tiene en política: un mandato con mayoría legislativa sólida, un capital político de arranque alto y una oportunidad histórica de transformación institucional que no se repetirá en décadas.
Y esa oportunidad que toca a las puertas de la presidenta tiene un nombre concreto: “la continuidad transexenal de las políticas públicas”. Me explico: una generación, entendida como el periodo en que una cohorte poblacional pasa de la infancia a la edad adulta, entre quince y veinticinco años, es el tiempo mínimo necesario para que una política pública de transformación estructural produzca resultados evaluables. Los sistemas educativos que hoy son referencia mundial, como los de Finlandia y Singapur, tardaron entre veinte y treinta años en consolidar sus reformas. Los sistemas de salud universal que funcionan no se construyeron en un sexenio. Las transformaciones urbanas que cambian la vida de las ciudades se planifican en horizontes de veinticinco a cuarenta años. Ningún modelo de desarrollo económico exitoso se diseñó para durar seis años con objetivos a tres años.
En México, en cambio, la discontinuidad es la norma. Cada cambio de gobierno trae un cambio de prioridades, una reasignación presupuestal, un nuevo conjunto de programas emblemáticos diseñados para diferenciarse del antecesor. El resultado es que el país acumula capas de reformas inconclusas, programas sin evaluación, instituciones sin memoria y ciudadanos sin referentes estables de política pública, lo que es peor: políticos mediocres bien oxigenados. Frente a eso, la idea de que todo plan o iniciativa puesta en marcha sea obligatoriamente transexenal, discutible y ajustable pero no revocable por simple decisión política, no es descabellada.
Existen mecanismos para blindar las políticas públicas de la volatilidad electoral: marcos legales que establecen continuidad presupuestal mínima, consejos técnicos independientes con poder de supervisión, evaluaciones de impacto vinculantes. Son instrumentos que existen en otros sistemas y que en México se han propuesto sin nunca llevarlos a la práctica seriamente. La presidenta podría avanzar en esa dirección por decreto ejecutivo en los ámbitos de su competencia, y por iniciativa legislativa en el resto. Tiene la mayoría para hacerlo. La pregunta es si tiene la voluntad política de construir algo que trascienda su propio gobierno, o si prefiere construir su propia historia para el siguiente ciclo electoral.
Subyace aquí una distinción fundamental que la aceleración electoral tiende a borrar: la distinción entre el aparato de gobierno y los intereses de los gobernantes. El primero, la burocracia, las instituciones, los programas y la infraestructura administrativa, puede funcionar con relativa autonomía e incluso producir resultados, por un tiempo limitado hay que decirlo. Los segundos, los intereses de los políticos en ejercicio, responden a una lógica completamente diferente: la supervivencia política, el posicionamiento, la acumulación de poder. Cuando ambas lógicas se superponen sin reglas claras, cuando el funcionario usa los recursos del aparato de gobierno para financiar sus ambiciones políticas, cuando la política de comunicación gubernamental se convierte en propaganda electoral y cuando las transferencias sociales se orientan a construir lealtades electorales en lugar de reducir desigualdades, el resultado es una contaminación del espacio público que degrada simultáneamente a la democracia y a la gestión pública.
El ciudadano percibe esa contaminación, aunque no siempre la nombre. Sabe, o intuye, que el funcionario que lo visita antes de la elección no volverá después. Sabe que la obra que se inaugura en campaña lleva meses paralizada. Sabe que el programa social que le llega tiene su correlato en el padrón de votantes. Esa percepción acumulada produce desencanto, y el desencanto, cuando se generaliza, produce algo más peligroso: la indiferencia ante la política misma, en este sentido, los programas del bienestar que hoy se entregan tiene fecha de caducidad en su efecto paliativo. La fatiga democrática no es una metáfora. Es el estado de ánimo de millones de personas que han concluido, racionalmente, que participar no cambia nada, que votar es un ritual sin consecuencias, que los gobiernos cambian, pero los problemas permanecen. Esa conclusión, cuando se vuelve mayoritaria, es el principio del fin de cualquier proyecto democrático.
De ahí viene el argumento más poderoso, no el moral sino el pragmático, para desacelerar el ritmo electoral: la democracia se desgasta como cualquier bien de uso. Si se utiliza como instrumento de campaña, pierde su valor como mecanismo de representación. Y cuando la democracia pierde su valor funcional, el espacio queda libre para quien ofrezca orden a cambio de control. La historia latinoamericana tiene suficientes ejemplos de esa secuencia para tomarla en serio.
Por ejemplo, en Venezuela, Hugo Chávez convirtió cada proceso electoral en una ratificación plebiscitaria de su figura hasta que la democracia dejó de ser un mecanismo de representación y se volvió un ritual de legitimación del poder; cuando murió, el sistema ya no podía corregirse desde adentro, y Nicolás Maduro heredó la maquinaria sin el carisma: lo que quedó fue el control sin la legitimidad. Por otra parte, en Nicaragua la secuencia fue idéntica: campaña permanente, adversarios convertidos en enemigos del pueblo, instituciones vaciadas de autonomía, hasta que en 2021 Daniel Ortega encarceló a sus rivales antes de la elección y ganó con el setenta y cinco por ciento de los votos, cuando la democracia había perdido ya todo valor funcional mucho antes de ese momento.
Así pues, el caso de El Salvador es más reciente y por eso más instructivo: Nayib Bukele llegó con un mandato genuinamente popular, gobernó con resultados medibles en seguridad y utilizó ese capital para concentrar poder, reelegirse de forma constitucionalmente cuestionada y reducir progresivamente los contrapesos institucionales. El orden que ofrece es real. El control que cobra por él, también. Tres países, tres rutas distintas, una misma secuencia de fondo. México no está en ese camino, pero el camino existe y tiene dirección.
La pregunta que queda al final no tiene una respuesta fácil, porque toca el núcleo del problema político real: ¿puede un gobierno en México darse el lujo de desacelerar la lógica electoral sin perder la correlación de fuerzas que lo sostiene? La respuesta honesta es que no puede hacerlo completamente. Ningún actor político puede ignorar las reglas del juego dentro del que opera. Si los adversarios están en campaña permanente, retirarse equivale a desarmarse. Si los aliados exigen visibilidad y posicionamiento, negarles ese espacio equivale a fracturar la coalición. La política realista tiene sus límites, y esos límites los imponen los incentivos del sistema, no la voluntad de los individuos.
Hay margen, no obstante. Siempre hay margen entre la rendición total a la lógica electoral y la construcción de una agenda de gobierno que trascienda el ciclo político inmediato. Ese margen es pequeño y requiere capital político para ejercerlo. Claudia Sheinbaum tiene hoy ese capital en mayor medida que en cualquier otro momento de su gobierno. La pregunta es si ella misma ayudará a desacelerar las contiendas electorales que hacen tanto daño no solo al país sino al sentimiento ciudadano. El 2027 ya está a la vuelta de la esquina y nos confirma que no se desacelerará el ánimo electoral, pero queda el 2030.
Desacelerar no significa retirarse de la disputa política. Significa priorizar la gestión sobre la exhibición, construir resultados medibles que hablen por sí mismos en lugar de titulares diseñados para el ciclo de noticias, dejar de tratar a la ciudadanía como audiencia y empezar a tratarla como destinataria de políticas públicas verdaderas no paliativas. Significa, en suma, gobernar, con toda la complejidad, la frustración y la ingratitud que eso implica, sabiendo que los resultados de gobernar bien rara vez se ven en el sexenio en que se producen. Lo he dicho en otras ocasiones y lo sostengo, quizá lo más valioso hoy sería no votar… Diría Fiódor Dostoievski que el secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive. ¿para qué votar? Hay que calmar, pues, la locura de los expectantes…