Hay un laberinto tortuoso en la burocracia del gobierno de México que está pasando la cuenta por sus más de 30 años de atraso en derechos laborales. Durante las últimas tres décadas, el discurso político ha oscilado entre la modernización administrativa y la austeridad republicana. Sin embargo, detrás de los organigramas oficiales, las Secretarías de Estado han mantenido un esquema de contratación que, en la práctica, opera como una forma de informalidad institucionalizada.
Este fenómeno no es solo una falla administrativa, es una vulneración sistemática de los derechos humanos y laborales que ha generado hasta este 2026 un pasivo financiero y social sin precedentes.
Como ya lo hemos mencionado en columnas anteriores, una de las prácticas más arraigadas es la contratación por honorarios externos (Capítulo 3000). Bajo este esquema, miles de trabajadores desempeñan funciones sustantivas idénticas a las de un empleado de base, pero sin acceso a seguridad social, vacaciones pagadas, aguinaldo o prima vacacional. Esta subcontratación disfrazada permite al Estado evadir su responsabilidad como patrón, manteniendo a profesionales en un estado de incertidumbre jurídica donde su continuidad depende de la renovación trimestral o anual de un contrato civil, no laboral.
La falta de plazas con derechos esenciales ha creado una estructura piramidal donde una minoría goza de estabilidad, como los que se unen a Sindicatos o al Servicio Profesional de Carrera, mientras que la base operativa sobrevive en la vulnerabilidad. A esto se suma la omisión en el pago de horas extra, una cultura normalizada bajo el lema de ponerse la camiseta, pero que en realidad constituye una apropiación ilegal del tiempo del trabajador.
Aunado a todo esto, como ya lo hemos mencionado también en otras columnas, hay un arraigado vicio en los equipos de Asuntos Jurídicos de cada Secretaría para mantener la “herencia de deuda” a futuras administraciones, con la estrategia de defensa del Estado ante demandas laborales. Éste es indudablemente el punto más crítico de esta mala praxis. En lugar de conciliar o liquidar conforme a la ley, las áreas jurídicas de las Secretarías suelen extender los juicios por años, agotando todos los recursos procesales.
El objetivo es cínico: no pagar durante la administración en turno y heredar el laudo a la siguiente. Como lo hemos testimoniado también en otras columnas, hay ejemplos claros como el de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza y de su nuevo encargado de Asuntos Jurídicos, José Luis Javier Reyes Cabrera, quienes han heredado endeudamientos por laudos laborales, debido a las malas praxis de administraciones pasadas, como lo muestra un solo expediente que tenemos de ejemplo y seguimiento, el 2974/19 Sexta Sala.
Para muchos, ésta practica que ha mantenido por décadas el gobierno de México, es financieramente suicida, ya que los salarios caídos y las actualizaciones inflacionarias multiplican la deuda original, convirtiendo despidos de unos pocos miles de pesos en deudas millonarias que terminan pagándose con recursos públicos años después.
Para entender la magnitud del problema, actualmente existen 21 Secretarías dentro del gabinete legal, incluyendo las recientes creaciones como la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Se estima que la Administración Pública Federal emplea a cerca de 1.6 millones de personas. De éstas hay una gran mayoría que labora bajo esquemas eventuales o de honorarios.
Algunos especialistas que nos han contactado, calculan que existen más de 500 mil expedientes de juicios laborales acumulados y atorados en el sistema federal. Y con Informes de la última década, sugieren que el pasivo por laudos laborales en la APF podría ascender a más de 8 mil millones de pesos, una cifra que crece diariamente debido a los intereses y salarios caídos de juicios que datan de hace más de 10 años.
Obviamente para erradicar estos vicios, no basta con decretos de austeridad; se requiere una reingeniería del capital humano, con mecanismos de conciliación obligatoria, e implementar unidades de solución inmediata en cada Secretaría para evitar que cada despido se convierta en un juicio de 10 años. Es más barato liquidar justamente hoy que pagar un laudo de millones en 2036.
También es necesario sancionar a los titulares de las áreas jurídicas que prolonguen juicios de manera dolosa o negligente sin una estrategia de defensa sólida, solo por el afán de heredar la deuda.
Algunos lectores especialistas nos mencionan que el atraso laboral en el gobierno mexicano es un reflejo de una contradicción fundamental: un Estado que legisla para proteger al trabajador en el sector privado, pero que actúa como un patrón precarizador en su propia casa. La justicia laboral en las Secretarías no debería verse como un gasto, sino como una inversión en la estabilidad y profesionalización del servicio público.
Un ejemplo punzante de esta contradicción es la situación que atraviesa la Cineteca Nacional de la CDMX. En febrero de 2026, mientras la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, acompañaba a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la actriz Salma Hayek en Palacio Nacional para anunciar un ambicioso plan integral de apoyo al cine, los trabajadores que operan las sedes de la Cineteca mantenían un paro simbólico y amenazas de huelga.
La queja de los empleados agrupados revela una realidad descarnada que contrasta con el brillo del glamour. Con la apertura de la Cineteca de las Artes y la Cineteca Chapultepec, la carga de trabajo se triplicó sin que se contratara personal adicional suficiente. Los mismos trabajadores deben rotar entre sedes, pagando sus propios traslados, con salarios que algunas veces apenas rondan los 9,600 pesos mensuales.
También en redes denuncian contratos inexistentes e ilegales, bajo un esquema de Capítulo 3000 (honorarios) que los deja sin seguridad social, sin derecho a enfermarse y sin certeza sobre si cobrarán la siguiente quincena. Todo ello aunado a otros vicios ya comunes en la secretaría como la falsificación administrativa para simular procesos de licitación, concurso o contratación de proveedores.
Algunos testimonian también en redes que se les ha obligado a inventar nombres y falsificar firmas en documentos de cotización, una práctica de corrupción administrativa que recae sobre los hombros de los más vulnerables.
Un empleado que prefiere permanecer anónimo, por obvias razones, mencionó en la web que esta cultura de la simulación permite que las autoridades se tomen la foto con estrellas como Salma Hayek, mientras ignoran que la Cineteca, uno de los corazones del cine en México, funcione con alfileres y a costa de la incertidumbre y dignidad de su plantilla.
Mientras tanto, e independientemente de que se organice una rueda de prensa para dar a conocer las malas praxis heredadas por décadas, seguimos dando un puntual seguimiento periodístico al laudo 2974/19 Sexta Sala, que la Secretaría de Cultura, que encabeza Claudia Curiel de Icaza, aceptó en el tribunal el pasado 19 de junio de 2025.
El caso 2974/19 Sexta Sala sigue acumulando deuda día con día a siete años de su inicio y ocho meses de su aceptación. El adeudo se hace público diariamente a través de la cuenta de Instagram @terrornegarretrasardeponer y que sigue acumulando seguidores. Un experimento de visibilización necesario que también requerirá en su momento una rueda de prensa, por ser ejemplo feaciente de uno de los problemas más volátiles que dañan a nuestro erario.
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