La mano dura que ejercen las tiendas de autoservicio contra los pequeños robos y también hacia clientes que cometieron errores a la hora de usar nuevas modalidades como el auto escaneo, ya es tema de discusión en diversos ámbitos por los excesos cometidos, la nula negociación y las claras violaciones a los derechos humanos.
Robos premeditados existen diariamente en estas cadenas, pero también existe la otra cara de la moneda, los errores humanos, para los cuales estas tiendas no tiene un protocolo claro y básicamente “jalan parejo” con la acción legal total hasta por montos menores a 100 pesos, saturando los ministerios públicos con las consabidas 48 horas de detención y los cerros de papeleo y recursos involucrados, es decir básicamente usted y yo pagamos anualmente millones de pesos de nuestros impuestos para que estas tiendas puedan mantener una imagen de “cero tolerancia” hacia casos que podrían ser negociados en los mismos establecimientos.
Estos excesos podrán parecer muy atractivos en los informes de estas empresas hacia sus accionistas, pero cuando, por ejemplo, en la ciudad de México, se lleva a los separos a un hombre de 70 años que omitió registrar una lata de Ensure con valor de 40 pesos, uno se pregunta ¿dónde está la presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para velar por esta clase de casos?
En días recientes, un caso sacó a relucir los excesos de estos monstruos corporativos en nuestro país. La economista a la que por petición propia llamaremos Gabriela N, quien conduce un automovil Mercedes, tiene a su hijo en escuela privada y ha trabajado en proyectos internacionales para el Banco Interamericano de Desarrollo y la ONU, fue llevada esposada de una de estas tiendas tras no registrar por error una lata de anchoas de 30 pesos y otro artículo de bajo costo.
Después de pagar y obtener su ticket, fue abordada por el guardia de la puerta quien revisó su bolsa y le dijo que unos artículos no se habían registrado. A continuación llegó el jefe de prevención, quien no habló con ella para aclarar la situación o verificar qué había pasado, mientras el guardia le dijo que esperara.
Ella con toda calma se ofreció a pagar por los artículos que no habían sido registrados, pero cual no sería su sorpresa cuando llegaron dos patrulleros, le preguntaron al jefe de prevención y de inmediato la esposaron, sacándola hacia la calle entre las miradas de los clientes.
Gabriela N no podía creer que la subieran a una patrulla junto con su bolsa de compras y la llevaran al Ministerio Público en la delegación cercana. Subió junto con ella una encargada de la tienda, quien se negó a cruzar palabra en todo momento. Muy humanos los procedimientos de estas empresas.
Por más de dos horas la economista estuvo sin poder hacer una llamada. En el MP un guardia, sin desinfectarse las manos, le retiró el cubrebocas para que le tomaran una foto, luego la hicieron pasar con una médico legista y le hicieron firmar una declaración de derechos en la que se específicaba que había tenido derecho a una llamada, a ver a un abogado, y a hacer su declaración, cosas que en ningún momento habían ocurrido.
Después de realizar la acusación, la empleada de la tienda “humanamente” se desapareció sin posibilidad de dar el perdón como representante de su corporativo y los patrulleros le dijeron a la detenida que la llevarían hacia otra sede para tomarle las huellas digitales, a lo que ella se negó. Después de eso, tras 120 minutos, se le permitió hacer una llamada. Gabriela N, desesperada al enterarse que debía permanecer 48 horas en custodia, puso al tanto a sus incrédulos familiares y luego fue llevada a una celda en los separos, donde fue encerrada con otras tres personas en un espacio de tres por tres metros, sin otra medida de prevención contra el Covid-9 que el cubrebocas que ella llevaba.
En los separos se enteró del mencionado caso del hombre de 70 años que por error no había registrado una lata de Ensure, el de una joven de 19 años que no había pagado un par de caguamas, el de una mujer que había tratado de robar dos latas de comida para alimentar a sus hijos, después de perder su trabajo por la pandemia y el de una muchacha que escondió una crema de belleza de bajo costo para regalarle a su madre por su cumpleaños.
Su abogado particular llegó al Ministerio Público y fue imposible lograr su libertad apelando al artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que en los casos de delitos que no merezcan proceso preventivo oficioso y el MP determine que no se solicitará prisión como medida cautelar, podrá disponer de la libertad del imputado.
Esto se debe a que el Ministerio público tiene un plazo forzoso de 48 horas para presentar a la persona ante el juez y pueda realizarse la audiencia o bien poner a la persona en libertad.
Irónicamente, en un país como México en el que algunos expertos calculan que hay más de 90 por ciento de impunidad en los delitos, la sospecha de robo en tienda puede llevar a las personas a ser procesadas de forma más rapida que delitos mucho más graves, todo ello promovido por las grandes tiendas como una forma de disuación que satura nuestro sistema judicial y cuesta anualmente millones de pesos de nuestros impuestos.
Numerosos especialistas en materia legal han levantado la voz sobre la manera en que se están saturando los MP con estas prácticas y otras más recientes, como la de arrestar a personas que entregan mercancía derivadas de ventas por internet en las líneas del Metro, que hoy con la pademia son el medio de subsistencia de muchos. Por este motivo se ha creado un movimiento bajo el hashtag #NoEsVentaEsEntrega.
Después de cumplir el plazo de 48 horas, en el que no se le permitió cambiarse de ropa, acceder a algún libro de entretenimiento o incluso ingresar una botella de agua a la celda, Gabriela N fue puesta en libertad tras las gestiones de su abogado, pues había el riesgo de que fuera trasladada al penal de Santa Martha Acatitla para ponerla a disposición de un juez y realizar una audiencia.
Pero además, dentro de esta mano dura financiada con nuestros impuestos, el hecho de que fuera puesta en libertad no significa que se agote la posibilidad de perseguirla penalmente o citarla a audiencia, todo por el error al registrar una lata de anchoas.
Un gran reto está por delante para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigida por Rosario Piedra Ibarra para este tipo de casos. También, en el caso de la ciudad de México para Claudia Sheinbaum, quien si bien desde 2018 anunció como parte de la Estrategia de Seguridad, Paz y Justicia en la CDMX retirar del código penal robos sin violencia menores a 500 pesos, aún falta mucho por hacer, porque mañana usted… sí usted… puede terminar en los separos si omite por error escanear una lata, un yogurth, un refresco… si ya le ha pasado, compártanos su caso.
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